La infraestructura es el sistema sobre el cual se apoya el crecimiento sustentable de una sociedad. Una mayor inversión y calidad de infraestructura implica un aumento en la productividad y competitividad del país, lo que se traduce en un mayor crecimiento económico, además de una mejor calidad de vida de las personas.

La Cámara Chilena de la Construcción en 2012 estimó que en Chile por cada 10% de aumento en la inversión en obras públicas, el PIB per cápita crece en promedio 1,7%. Otros estudios (López, 2003) indican que la inversión en infraestructura también aporta a una mejor distribución del ingreso y a la reducción de la pobreza.

Actualmente, en el país se invierte cerca del 2,5% del PIB en infraestructura pública -considerando recursos públicos y privados- porcentaje menor a lo recomendado para países en el estado de desarrollo de Chile. De acuerdo con el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), los requerimientos anuales de inversión debieran ser del orden del 3,5% del PIB. Respecto a la calidad de nuestras obras públicas, el Foro Económico Mundial (WEF) en su último reporte de Competitividad Global 2017-2018 ubicó a Chile en el lugar 41 de 137 países en el pilar de infraestructura, observándose una caída del país en esta área en la última década.

Para cerrar esta brecha y cambiar esta tendencia no solo se requiere de mayor inversión, sino que también de una eficiente gestión. Decidir estratégica y oportunamente dónde, cómo y cuándo asignar los recursos de manera que estos generen una mayor rentabilidad social es esencial; al igual que contar con un banco de proyectos definidos en base a un plan de largo plazo.

Un aspecto fundamental en la gestión de activos es el mantenimiento. El stock de infraestructura se deteriora con las distintas solicitaciones (cargas, clima, eventos naturales, etc.), lo que se traduce en un menor nivel de servicio para los usuarios, menor seguridad y mayores costos de reposición y operación. El inapropiado mantenimiento de las obras públicas puede generar dramáticas pérdidas, como las registradas la última semana tras el colapso de los puentes Cancura y Cautín.

Si no redoblamos los esfuerzos en realizar una adecuada y oportuna conservación, lo que se puede lograr mediante el correcto uso de las herramientas de gestión, el aporte de esta al desarrollo del país disminuye considerablemente.

En el contexto de déficit de inversión en infraestructura, el reciente anuncio del gobierno de una fuerte inyección de recursos en obras públicas parece un buen augurio. Una inversión de US$20.000 millones entre 2019 y 2022 es un paso importante hacia el desarrollo. Ahora bien, resulta crucial acompañar esta inversión con oportunos y eficaces planes de mantenimiento, de manera de prevenir tragedias como las ocurridas recientemente en el sur del país. La correcta gestión de nuestras obras públicas es un complemento necesario a la inversión para cerrar las brechas de infraestructura, avanzar hacia el desarrollo y con ello seguir mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes.