Los vaivenes de la economía mundial y el precio del cobre pueden explicar la desaceleración de nuestra economía, la que debería impulsarnos a buscar alternativas de crecimiento como parte de una estrategia nacional de desarrollo. La agroindustria y el sector forestal son rubros en los que Chile ha dado muestras de competencia, constituyéndose en un proveedor protagónico. Hoy, estas actividades representan cerca del 50% de lo exportado en minería. Proponerse doblar su aporte es factible y permitiría equilibrar las exportaciones y disminuir nuestra vulnerabilidad. La gran restricción es, esencialmente, la escasez de terrenos explotables por falta de agua.
Para enfrentar este problema, han surgido al menos dos alternativas de concesiones -una en superficie y otra submarina- a ser resueltas por el MOP y que buscan ampliar el área de producción, transportando agua desde zonas en las que supuestamente abunda hacia otra de mayor escasez.
Las externalidades de proyectos de esta naturaleza son grandes, dada la inminente sequía que afecta al país. Se pide al Estado que conceda al proponente la facultad de transportar un "bien nacional de uso público" -el agua- desde su origen, hacia destinos de alta demanda, para lo cual son necesarias una serie de obras públicas que deberán ser amortizadas a través del cobro por el uso del recurso.
La pregunta es quién debería pagar por el agua. Lo lógico es que sea quien se beneficia directamente de la seguridad de riego o de abastecimiento. Uno de los proyectos contempla un pago por conexión y otro por uso, además de un subsidio significativo. Una de las propuestas, además, considera que la mejor forma de refinanciar un servicio de esta naturaleza sería incorporar como beneficio del proyecto el mayor valor predial (o de servicios múltiples) al que este podría dar lugar, lo que se reflejaría en una mayor recaudación tributaria por: valor de la tierra, actividades económicas diversas, etc. Esto se podría expresar a través de un pago del Estado por prestar el servicio de transporte de agua.
De llevarse a cabo alguno de estos proyectos -u otro equivalente- quienes se benefician directamente y el país en su conjunto, serán más ricos. Y es que, una vez resuelto el abastecimiento para el consumo humano, aumentaría nuestra superficie plantada, la disponibilidad de bosques para la explotación forestal y una ganadería de calidad, sin riesgo de colapso por falta de agua.
