Las cifras de empleo de la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) salieron al pizarrón en las últimas semanas.
La polémica surgió a raíz de la advertencia de dos economistas que, de manera separada, señalaron que las diferencias entre los datos de creación de empleo asalariado de la encuesta versus los datos administrativos recogidos por la Superintendencia de Pensiones (variación de cotizantes) han sido persistentes y demasiado amplias.
Los cálculos del economista de la Universidad Católica, David Bravo, muestran que la encuesta del INE desde 2011 hasta la fecha, en un total de 68 meses el crecimiento de los cotizantes, según la Superintendencia de Pensiones, es mayor que en el crecimiento asalariado que muestra el INE, es decir, casi en el 80% del tiempo las tasas de crecimiento del empleo asalariado del INE han ido por debajo de la de los cotizantes. Este punto también lo levantaron el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, así como el también exsubsecretario de Economía, Tomás Flores.
Más allá de que técnicamente la medición a través de una encuesta no es lo mismo que el universo total como lo son los datos administrativos, el que las distancias sean demasiado altas es algo que debe preocupar, pues pueden llevar a políticas públicas erradas o ineficientes.
Por ello es una buena noticia que las autoridades hayan tomado el tema como un punto a mejorar, organizando una mesa de trabajo. Un buen avance es lo planteado por el ministro del Trabajo, en relación a generar un banco de datos unificado con los debidos tratamientos para que estas cifras puedan ser consideradas en los análisis y en las políticas públicas. Se debe tener en cuenta que de esta forma se enriquecerá la información disponible del mercado laboral, con lo que se podrá tener un pulso más real de lo que está pasando en materia de empleo.
