Menor liquidez de la economía impacta en solicitudes de quiebras de personas: registran su primera alza mensual desde enero de 2021

Cuando comenzó la crisis del Covid en 2020 se anticipaba que la liquidez de las empresas y de las personas podrían verse afectadas por caída de la actividad, sin embargo, las ayudas estatales sumado a los retiros de los fondos de pensiones hicieron que las solicitudes de insolvencia en lugar de subir, comenzaron a bajar. Esa racha se ha mantenido desde mediados de 2020.

Pero en diciembre se podría estar dado un cambio de tendencia mostrando los primeros impactos de menor liquidez y las cifras más negativas en la actividad económica.

Si bien, en 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) terminará creciendo entre 2,5% a 2,8% desde septiembre la economía comenzó a mostrar un menor ritmo de expansión durante los últimos meses del año pasado. La actividad medida en el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) inició su senda de contracciones en septiembre con una caída de 0,3% acentuándose en octubre con una contracción de 1,2% y ya en noviembre se amplió la merma con -2,5%.

Para este año, hay un consenso entre los especialistas de que habrá una caída en la actividad. Las proyecciones van entre -0,5% prevista por Hacienda, el rango entre -0,75% a -1,75% que prevé el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM) y el -1,5% que tiene el mercado reflejado en la Encuesta de Expectativas Económicas. Todo esto podría repercutir en las cifras de quiebras de empresas y personas.

De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en diciembre de 2022, los procedimientos de liquidación de activos de personas registraron un alza de 4,7%, siendo el primer aumento desde enero de 2021. En número, hubo 202 solicitudes para iniciar un proceso de quiebra. Esto podría marcar un cambio de tendencia, no obstante, en el acumulado anual se solicitaron 2.306 procesos, esto es un 34,7% menos que 2021.

Tomás Flores, exsubsecretario de Economía e impulsor de la primera ley de quiebras sostiene que “los retiros de fondos previsionales fueron usados en una porción al pago de deudas lo cual redujo la necesidad de acudir a la renegociación o liquidación de empresas”. Sin embargo, acota que “2023 será un año de recesión lo cual modificará la trayectoria descendente y veremos incremento en el uso del mecanismo permitido por la regulación”.

Para Flores, en el caso de las personas, “la trayectoria ya cambió y seguirán subiendo en los próximos meses debido a desequilibrio creciente del mercado del trabajo”.

Joaquín Cortés, abogado de PDD & Cía, sostiene que “el término de la liquidez y el panorama económico desalentador para el año 2023, permite anunciar un aumento en el número de personas que no podrán salir del estado de insolvencia que las aqueja y, por tanto, responder en forma oportuna con las obligaciones para con sus acreedores”.

En cuanto a la situación de las empresas, en diciembre estas cayeron 5,2% al totalizar 92 solicitudes. Esta es la menor caída desde enero de 2021. En el año, en tanto, los procesos retrocedieron 29,7% con 1.039 solicitudes.

Cortés subraya que “era predecible que la brecha entre 2021 y 2022 se fuera cerrando mientras pasaran los meses, considerando la flexibilización de las medidas sanitarias desde finales de 2021, que propiciaron la reactivación de la economía y el aumento de liquidez en el mercado por las medidas adoptadas en dicho periodo”. Por ello, añade que “en la actualidad, ya no se están reflejando, directamente las repercusiones de la pandemia, si no la crisis económica a la que nos enfrentamos actualmente”.

Para este año, las perspectivas de los expertos apuntan a un alza en las solicitudes de quiebras dado el escenario económico que se avecina. “La economía entrará en recesión en 2023, ello sumado a la alta inflación y, considerando que si bien el Banco Central comenzara a reducir la tasa de política monetaria en el segundo trimestre del año, los efectos se verían recién reflejados a partir del segundo semestre y por ello, las medidas hasta ahora adoptadas por dicha institución hacen pronosticar que para el primer semestre de 2023, habrá menor liquidez en el mercado, por lo que, no puede sino proyectarse un aumento en el número de liquidaciones (quiebras) para el próximo año”.

Ricardo Ibáñez abogado y socio fundador de defensadeudores.cl acota también que “en 2023 es probable que veamos más quiebras en el país tanto de empresas como de personas naturales”.

Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, sostiene que una vez que la nueva ley aprobada el lunes (ver nota relacionada) comience a regir permitirá la creación de procedimientos simplificados de Liquidación y Reorganización para Mipes y la eliminación del requisito que impedía a las personas que emiten boletas de honorarios acceder a la Renegociación. “Esto nos lleva a estimar que durante el primer semestre del año en curso habrá un aumento relevante en el número de solicitudes, principalmente, por las bondades y el paquete de medidas que propone la nueva legislación”, puntualiza la autoridad.

Sánchez destaca que “con esta nueva legislación tendremos nuevos procedimientos mucho más cortos en su tramitación. Las liquidaciones para empresas de menor tamaño duran en promedio 2 años y ahora, este plazo se reducirá a menos de la mitad, a unos ocho meses”.

Sánchez explica que “la reforma a la Ley 20.720 busca que con la reorganización simplificada aumente sustancialmente el número de empresas de menor tamaño que puedan solucionar sus complejidades financieras con un procedimiento simplificado de menor costo de acceso, que conlleva beneficios como que no se pierdan empleos y no se corten cadenas de suministros o la interacción con proveedores, para prevenir el arrastre de empresas proveedoras, mayormente de menor tamaño, a la insolvencia”.