El Banco Central (BC) delineó en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de esta semana un sombrío panorama económico para los próximos dos años. Para 2022 prevé un crecimiento entre 1% y 2%, mientras que para 2023 la situación es todavía más compleja, ya que ve como probable una contracción de la actividad, dejando un rango entre 0,75% y -0,25%, abriendo con ello un escenario de contracción.

En su análisis mencionó que los datos de fines de 2021 y comienzos de 2022 apuntan a que la economía ya estaría en una senda de reducción de los elevados niveles de gasto del año pasado, proceso que está ocurriendo a una velocidad algo más rápida que lo previsto. Así, el IPoM proyecta que el consumo privado y la Formación Bruta de Capital fijo (inversión) se contraerán en 2022-2023. En el caso del consumo, la previsión apunta a -0,2% y -0,8%, respectivamente, mientras que para la inversión la estimación es de -3,8% y -0,2%, en cada caso.

Esta segunda variable es la que más preocupa a las autoridades de gobierno y a los economistas en general. Incluso ese mismo día que se conoció el informe del BC, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó este punto: “Lo más preocupante son las proyecciones para la inversión”. Es que detrás de esta caída, el primer componente que aparece sobre la mesa de análisis es la incertidumbre política interna que se anticipa que se mantendrá alta durante el año, acentuándose incluso hacia la última parte del año. Esto, porque si se mantienen los plazos estipulados para la Convención Constitucional, el plebiscito de salida tiene que realizarse en septiembre, y por ende, ya para el último trimestre se conocerán la nueva Carta Magna que nos regirá. A lo que se suma el proceso de reformas que el gobierno quiere impulsar, específicamente la tributaria, la cual se estará tramitando también en ese periodo.

Así, los expertos suscriben la visión que entregó el Banco Central y ven plausible que la economía se contraiga el próximo año, incluso Alejandro Fernández, economista de Gemines, tiene un escenario más negativo, ya que su proyección base es de -0,9% para el crecimiento de 2023. “La economía se está desacelerando mucho más rápido de lo esperado y es probable que toquemos fondo este año antes de lo previsto, lo que perjudicará el impulso para 2023″, explica.

Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, apunta que “el escenario de proyecciones está muy abierto, no sólo por factores internos, con un grado de incertidumbre muy extremo, sino también por la situación externa, especialmente referido al control de la inflación en Estados Unidos. Es perfectamente viable en ese contexto que haya un resultado negativo en 2023″.

Mientras que, para Tomás Flores, investigador de Libertad y Desarrollo (LyD), “el escenario base para el 2023 es de una expansión de solo 0,3%, lo cual es sustancialmente frágil, puesto que basta que se activen algunos de los escenarios de riesgo, como la prolongación del alto precio del petróleo, para que la economía chilena deba enfrentar una nueva recesión”.

Los gatillantes

Los economistas consultados afirman que uno de los elementos que hoy es una de las principales fuentes de incertidumbre y que podría generar una caída de la actividad es el resultado de la Convención Constitucional, ya sea por su aprobación o rechazo, y por el contenido mismo. “Se advierte hoy un deterioro importante en la confianza y en las expectativas económicas. Si no hay una mejora en esa línea, la posibilidad de una caída en la actividad hacia el próximo año es alta”, comenta Sergio Lehmann, economista jefe de Bci.

Flores acota que, en el ámbito interno, “el mayor riesgo es la Convención Constituyente y la incertidumbre que ha generado al desear dinamitar los pilares de la economía chilena”. Dentro de su análisis también incluye el factor externo de riesgo, como un “alza acelerada de las tasas de interés para enfrentar la inflación, lo que ajustaría a la baja el crecimiento del mundo, lo cual afectará nuestro comercio exterior”.

Para Cifuentes, “hasta ahora, lo que ya forma parte de las disposiciones constitucionales parece muy negativo, especialmente porque parece inviable, lo que dejaría al país en un terreno de completa incerteza jurídica. Ese es el mayor riesgo, acompañado por un clima de violencia e inseguridad pública que también es tremendamente dañino para la actividad económica”.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, pone otro elemento que podría generar una contracción de la actividad en 2023: “El Banco Central quiere que la inflación llegue a 3% en un plazo de dos años, es decir, que baje desde el 10% al 3% en un período relativamente rápido de tiempo, y ese es un escenario bastante restrictivo”. En ese sentido, Rojas asevera que “Si el Banco Central quiere que la inflación llegue a 3% a fines de 2023, por supuesto que requerirá un cierre de brechas rápido, con tasas más altas, y ahí la posibilidad de que haya una contracción se tiende a incrementar”.

Los expertos enfatizan que el factor externo de la guerra entre Rusia y Ucrania, junto al proceso de alza de tasas de los países desarrollados, también podrían afectar el dinamismo de la economía local, toda vez que, si se afecta el crecimiento global, también habrá un impacto en Chile.

Las consecuencias

Si la economía se desacelera más allá de lo previsto y la probabilidad de recesión para 2023 pasa a ser el escenario base, el primer impacto que tendrá, a juicio de los expertos, es la implementación de la agenda de reformas del gobierno, ya que al crecer menos, habrá menos ingresos fiscales.

En este punto, la investigadora de Clapes -UC, Josefina Henríquez, afirma que “es de esperar que el gobierno en sus proyectos y reformas considere un menor crecimiento de aquí a futuro y más adelante proponga un Presupuesto para el próximo año en línea con el ciclo económico que se vive y también en línea con la política monetaria”.

Para Lehmann, en tanto, “las reformas deben ser diseñadas buscando el diálogo y los equilibrios económicos. De otra forma, podría profundizarse el deterioro en la actividad hacia el próximo año y, peor aún, la capacidad de crecimiento de largo plazo y bienestar social”. Misma visión entrega Cifuentes, quien comenta que “las reformas del programa deben buscar consensos técnicos lo más amplios posibles, y tener claro que la mantención del crecimiento es el único camino viable para satisfacer las demandas sociales en forma sostenible”. Y Flores subraya que “la postergación de algunos compromisos, como las 40 horas y el salario mínimo a $500 mil. Deberán ser implementados de manera más gradual”.