Su tercera sesión de trabajo sostuvo este jueves la mesa técnica asesora entre el Ejecutivo y parlamentarios, que busca nuevas fuentes de financiamiento para aumentar el monto del subsidio eléctrico. La instancia se reunió en dependencias del Ministerio de Energía y contó con la participación, tanto remota como directa, de diversos legisladores y asesores parlamentarios, además de funcionarios ministeriales de Energía, Hacienda y la Dirección de Presupuestos, y representantes de la industria y la sociedad civil.

Pese a que la instancia estaba citada para abordar en particular la cobertura del subsidio eléctrico a electrodependientes -expuso Cindy González, presidenta de la agrupación Luz para Ellos, y la senadora Fabiola Campillay presentó una idea para aplicar un descuento directo a dicho grupo de hogares, financiado con un pequeño aumento al tabaco-, lo cierto es que las presiones de los parlamentarios por extender el beneficio a la clase media capturó gran parte de la jornada.

Con constantes emplazamientos a los representantes de Hacienda, la única novedad de la jornada vino justamente de la intervención de uno de los técnicos de la cartera liderada por Mario Marcel. Diego Riquelme, uno de los coordinadores tributarios de Hacienda que estuvo presente, fue el encargado de cerrar la puerta a una de las propuestas sobre la mesa para aliviar el impacto del alza de tarifas: la exención transitoria del IVA en las cuentas de la luz. Y es que el efecto en la recaudación fiscal, pese a que no se ha calculado aún en detalle, es visto como algo no menor. Pero además, va en la línea contraria de incrementar las vías de financiamiento para asumir un mayor gasto fiscal.

Otras de las propuestas que parlamentarios aprovecharon de comentar en la reunión fue la utilización de recursos provenientes de presupuestos subejecutados en algunos ministerios, además de la posibilidad de eliminar la exención del impuesto específico a los combustibles para las grandes empresas mineras.

Sin embargo, conocedores del funcionamiento de la instancia remarcan que su metodología de trabajo no considera alcanzar acuerdos en cada sesión. Ello, pese a que en las tres reuniones extraordinarias citadas para el 1, 4 y 8 de julio, se analizarán puntos específicos como la revisión de contratos eléctricos, el estado de las finanzas públicas y la optimización del uso de recursos del Fondo de Estabilización de Tarifas (FET).

Esta última alternativa es vista con buenos ojos por Daniel Salazar, socio director de la consultora EnergiE, que forma parte de la mesa técnica como experto en el sector eléctrico. Para él, es posible “extraer del FET un monto superior a los US$120 millones por año. La propuesta que presentamos el lunes, nos hace estimar que manteniendo el aporte estatal de US$20 millones por año, se podría extraer hasta US$180 millones al año durante 2025 y 2026″.

De todas maneras, Salazar igualmente ve necesario “un mayor aporte estatal, lo cual lamentablemente no estaría disponible”. Para el experto, si bien el trabajo de la mesa técnica recién comienza, “aún es temprano para evaluar el avance y funcionamiento” de la instancia. Eso sí, reconoció que, hasta el momento, “no han sido muchas las propuestas concretas, el diálogo aún no es convergente y carece de contenido técnico”.

Una visión similar plantea el coordinador del Congreso Nacional del Instituto Libertad y Desarrollo, Juan Ignacio Gómez, y que participa como asesor de la senadora UDI Luz Ebensperger y del diputado RN José Miguel Castro. “La mesa técnica está recién comenzando y es una instancia valiosa, para poder generar una visión compartida del problema y a partir de ello, soluciones de consenso. (...) Precisamente porque está comenzando, creo que es importante que no pierda su carácter técnico, para así poder orientar las discusiones hacia el análisis de las propuestas y la formulación de consensos”, indicó.

Javier Piedra, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, asesor de las diputadas de la bancada del Frente Amplio, Marcela Riquelme y Marisela Santibáñez, concuerda con que el debate ha sido más político que técnico.

“Veo que es una mesa que tiene un funcionamiento un poco desordenado. Hemos tenido tres sesiones de discusión, y en la primera se puso sobre la mesa la única propuesta que plantea el gobierno para ampliar el subsidio, que es a través del impuesto verde, una política que ya es parte del pacto fiscal, por lo tanto es una política del gobierno”, indicó, y aunque se muestra a favor de la idea, reconoce que no es una propuesta que cuente con consenso político.

Con todo, para Piedra la discusión debe considerar una revisión a los contratos eléctricos para rebajar los precios de la energía, los segundos más altos de Sudamérica, y sostiene que la Ley PEC 1 “fue per se una renegociación”.

El encuentro contó con la participación presencial y a distancia de las senadoras Loreto Carvajal y Fabiola Campillay, y el senador Juan Luis Castro; las diputadas Camila Musante y Yovana Ahumada, y los diputados Jaime Mulet, Patricio Rosas, Cristián Tapia y Benjamín Moreno.

Tapia, representante de la Región de Atacama, alertó por el mayor impacto para la zona del norte del país, donde se produce energía eólica y solar. También demandó la participación de los ministros Marcel y Pardow para la sesión del próximo lunes, donde “vamos a proponer, con números y con datos fuertes, que mediante el IVA rebajado también se pueda ayudar a aminorar el gasto en la energía”.

Otros fueron más duros. Camila Musante (ind) dijo que “llama la atención la ausencia de los ministros” y planteó que “es necesario una voluntad del Ministerio de Hacienda en torno a la exención del IVA, por ejemplo, como una propuesta para alcanzar un rango mayor de la población que se va a ver afectada por el alza de las tarifas eléctricas”.

El diputado RN José Miguel Castro, integrante de la comisión Minería y Energía, reclamó que “sigue sin estar presente el más importante, el ministro Marcel. Y sus asesores siguen mirando hacia el techo diciendo que plata no hay, para meter por debajo la acción ideológica de subir los impuestos”.

El senador Rafael Prohens, también integrante de la instancia sectorial en la Cámara Alta, cuestionó la falta de voluntad del Ejecutivo para reasignar gasto desde otras partidas. “Hay recursos: van a recibir cerca de US$1.200 millones por concepto de IVA, de los US$6.000 millones que se le deben a las generadoras. Se podría destinar parte de esos recursos para aumentar los subsidios y ayudar a la clase media y a las pymes de este país”, señaló.