Michel Jorratt: “Cuando se fijan cifras de recaudación por menor evasión es más un compromiso (…) no hay un modelo matemático que permita estimarlo”

Fue parte de la última gran reforma tributaria que se realizó bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y estuvo al mando del Servicio de Impuestos Internos (SII) durante 2014 y 2015. Fue el último que ha realizado cálculo sobre el impacto de la evasión y elusión que sería del orden de 7,5% del PIB, cifra que es citada por el propio gobierno y los parlamentarios del oficialismo.

Michel Jorratt analizó durante la semana los ejes del pacto fiscal que presentó el martes el gobierno. Y si bien no ha todavía detalles en profundidad, considera que la nueva estrategia que realiza Hacienda para tratar de destrabar la discusión es positiva, ya que abrió la cancha hacia temas que históricamente han sido demandados por los sectores políticos de derecha y del empresariado. A lo que se refiere el ex SII es a los temas de crecimiento y mejor gasto público, aunque dice que el impacto en recaudación que puede generar este último punto es marginal.

Si bien era partidario de avanzar en el impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas, considera que era necesario eliminarlas de la propuesta por una “realidad política” y de esa manera poder avanzar sin renunciar a aumentar en la progresividad del sistema a la renta.

El gobierno reestructuró la reforma tributaria dividiendo en dos el “corazón” del primer proyecto y ampliando a temas de crecimiento y mejor gasto público. ¿Qué le parece esa fórmula?

-Es una forma inteligente porque se hace cargo de las principales críticas que reciben las propuestas tributarias, que tiene que ver con los temas de crecimiento, eficiencia del gasto y el destino de los recursos. Es una buena manera de poner el tema nuevamente y lograr avanzar en esta discusión que necesita el país para lograr mayores recursos.

¿Y separar el proyecto hace más viable aprobar alguno de ellos?

-El hecho de separar el proyecto tiene la ventaja de que hay consenso de que se debe avanzar en reducirla la evasión y la elusión más allá de que en las medidas concretas puede haber discusión. Es factible que se apruebe un proyecto de ley de esas características. Los temas de incentivos a la inversión tienen alta aprobación y por ello, podría también generar buena recepción. Las medidas de reducir la informalidad también son positivas, y lo mismo sucede con mejorar el gasto público.

Entre las propuestas que ha entregado Hacienda para el proyecto que busca reducir la evasión y elusión está cambiar desde sede judicial a administrativa la aplicación de la norma general antielusión. ¿Ve que se necesita cambiarla o es mejor esperar su implementación por un mayor plazo de tiempo?

-La principal crítica que se hace a la norma antielusión actual es justamente que su aplicación depende de los tribunales, y eso no es así en ningún país que tenga norma antielusiva. Siempre la facultad de aplicarlo está en la administración tributaria, lo cual no significa ser juez y parte, porque el contribuyente tiene en todos los casos la posibilidad de apelar a los tribunales tributarios, y luego a la Corte de Apelaciones y todo el procedimiento judicial. Soy partidario de este cambio, y ahora se pone este comité que se hace cargo de las críticas, pero es fundamental que sea así, que lo decida el Servicios de Impuestos Internos. El SII durante este tiempo ha demostrado que tiene un actuar bastante criterioso de la norma. Hay un catálogo de figuras elusivas que nadie a cuestionado que vaya más allá de la legalidad, entonces no tendría ese temor.

¿Ve necesario, entonces, cambiar esa norma pese a los pocos años de vigencia?

-Se necesita cambiar la norma, es una norma incompleta, y recién el año pasado hubo el primer caso presentado en tribunales y eso da cuenta que es una norma difícil de aplicar. Esto lo haría más ágil. La norma de todas maneras ha servido como elemento disuasivo.

La creación de un consejo asesor consultivo que deberá emitir una opinión de los casos que se presenten a su conocimiento, ¿da mayor certeza?

-Depende de cómo sea la gestión en la práctica. Puede ser una buena herramienta que tranquilice un poco a los que piensan distinto, de que no será la decisión de una sola persona, es una salida intermedia que puede facilitar el acuerdo.

El gobierno mantiene la idea de la figura del denunciante anónimo, pero fortalece las sanciones a quienes entreguen información falsa, ¿se perfecciona esa medida?

-Esta figura ha funcionado en otros países donde ha tenido éxito, pero efectivamente se puede prestar para abusos. Muchas veces quienes denuncian buscan vengarse de alguien, eso se da bastante, según mi experiencia. Ahora, si existen sanciones para denuncias falsas, limitará esa posibilidad y lo bueno es que se aumenta la visibilidad del delito para el SII. Sería bueno probar esta herramienta y evaluar qué tan efectiva es.

Con todas estas propuestas para mejorar el control del cumplimiento tributario, más medidas para combatir la informalidad, se busca recaudar el 1,5% del PIB. ¿Es una meta viable?

-Es una cifra relevante. La evasión y elusión total en Chile es del orden de 6 a 7 puntos del PIB. Si bien el 1,5% del PIB es una cifra alcanzable, efectivamente es muy difícil estimar cuánto puede recaudar por cada una de estas medidas. En general cuando uno proyecta cifras de recaudación asociada a la disminución de la evasión y elusión es casi más un compromiso de administración tributaria, porque no hay un modelo matemático que permita estimar cuánto puede recaudar si pongo la norma antielusiva, si está el denunciante anónimo. No es algo que se pueda proyectar. Es una meta ambiciosa, pero hay espacio para reducir la evasión. Dependerá de las medidas, de la gestión del Servicio de Impuestos Internos y de medidas anteriores que están recién empezando a aplicarse como la que permite más información de las cuentas corrientes.

¿Pero cómo se llega a ese 1,5% del PIB de recaudación?

-Desconozco cómo llegan a ese cálculo, pero está dentro de lo que uno puede esperar usando todas las herramientas actuales y nuevas para reducir la evasión y elusión.

Para el proyecto del sistema a la renta, el gobierno descartó insistir con la aplicación de impuestos al patrimonio y a las utilidades retenidas, ¿se retrocede en progresividad?

-Esa es una medida de realismo. Si se mantenía se hacía improbable aprobar el proyecto. Lo importante, a mi juicio, es que se mantuviera este criterio general de que la recaudación será progresiva, de las personas de mayores ingresos, y eso está en el espíritu del pacto tributario.

¿Pero qué espacio hay para que sea progresivo el sistema considerando que se eliminaron esas dos medidas que apuntan en esa dirección?

-El ministro ha dicho que mantendrá el alza de impuesto a las personas, tanto en los tramos y agregando una escala adicional del 43%. Eso es progresivo, más que ampliar la base, como lo plantean algunos. Me parece bien apuntar a los tramos mayores. Si bien hay espacios para tener tasas más altas, pero mientras más arriba se fija la tasa, el impacto en recaudación es menos relevante y no es porque no haya rentas altas, sino que se debe a que hay pocas rentas percibidas (renta que se ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona). Las personas más ricas tienen pocos ingresos percibidos que son los que pagan impuestos, y esto es porque los ingresos lo tienen en las sociedades. Y cuando sacan esa plata de las sociedades esas ya pagaron impuestos por sus sociedades.

¿Qué otros cambios pueden hacer en el sistema a la renta para que la recaudación provenga de los sectores de mayores ingresos?

-El sistema dual es un esquema progresivo. Se está aumentando la carga a los empresarios más grandes como norma general. De hecho, el desintegrar implica aumentar en 1 punto del PIB la recaudación del impuesto personal, sin la necesidad de aumentar la base hacia abajo. Las personas tributaran por el 100% de sus ingresos sin derecho al crédito por el impuesto que pagan por sus empresas. Ahí se grava a las personas de mayores ingresos mayoritariamente.

El gobierno también incluyó la eficiencia del gasto público, ¿qué espacio ve para aumentar la recaudación?

-Yo siempre he pensado que es poco. La gente siempre asocia los casos de corrupción que se conocen y entonces dicen que cómo se gastan esa plata, pero si se mide cuánto es ese caso de corrupción en relación al presupuesto de la nación, es marginal, por mucha plata que le parezca a uno, pero a nivel comparativo con el presupuesto en educación o para lo que se necesita en pensiones no es nada.

¿La meta del 2,7% es factible de lograr?

-Eso es un dato más. El gobierno dice quiero hacer cambios en salud, pensiones, seguridad pública y política de cuidados. Y eso cuesta un 2,7%. Eso es lo que necesitamos. Si logramos menos recaudación se podrán hacer menos cosas.