El millonario ingreso de los municipios por multas a las apps

Seis de marzo de 2019, 12.26 p.m., salida del Hotel W, Isidora Goyenechea 3000, Las Condes. Un grupo de fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) detiene el vehículo que conducía Andrea Sciolla; auto que transporta a personas que utilizan aplicaciones de movilidad como Uber o Cabify.

"Era la primera vez que me detenían por esto. El fiscalizador me preguntó si yo 'era Uber'. Me dijo que si no le decía la verdad, iba a interrogar al pasajero. Le dije la verdad", relata la conductora.

De esta forma, el MTT tiene desplegado a 465 inspectores en todo Chile dedicados a pasar estas infracciones, que en 2017 fueron 8.360 y saltaron a 9.066 el año pasado, donde más del 60% recayó en la Región Metropolitana. En enero y febrero de 2019 totalizaban 2.081 multas, según datos de la Subsecretaría de Transportes a través de solicitud de transparencia. Carabineros también fiscaliza a estos conductores.

"Hay un tremendo negocio detrás de estas multas. En el momento que me estaban pasando el parte por casi $ 500 mil, vi que éramos unos seis conductores en la misma situación", comenta Andrea. Y agrega: "Luego de pasarme el parte, me quitaron el auto. Al otro día fui a pagar la multa y éramos alrededor de 20 conductores de aplicaciones que estábamos en la misma. El municipio no accedió a rebaja".

A ello se le debe sumar -señalan otros conductores consultados- el costo del aparcadero municipal. "Mientras más se demore en pagar, más se tiene que cancelar", señala un chofer. Una boleta por este tipo de trámite de la empresa Aparcaderos Custodias Nacionales Limitada (ACN), ubicado en San Bernardo, muestra que la tarifa por el traslado del auto es de $ 98 mil, más $ 35 mil por día que el vehículo esté en el lugar. Es por eso que el costo, de ser sorprendido por efectuar servicio de transporte público sin estar inscrito en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Público de Pasajeros, es de casi $ 700 mil.

Si bien ni el MTT ni la mayoría de los 52 municipios de la Región Metropolitana manejan los datos de los montos recaudados por este tipo de multas, ya que son los Juzgados de Policía Local (JPL) de las comunas los que consolidan esa información, vía transparencia, Pulso Domingo logró que 12 de los municipios de la capital entregaran estos datos.

Providencia obtuvo el liderazgo en recaudación por este tipo de multas. En 2014 se le dio el puntapié inicial al uso de estas aplicaciones. Ese año, el municipio que hoy es administrado por Evelyn Matthei, cursó 26 multas y recaudó casi $ 8 millones. Esa cifra comenzó a crecer. Solo en 2018 logró $ 769 millones por este concepto. A nivel consolidado, entre 2014 y junio de este año, Providencia -a través de sus tres JPL- recolectó $ 1.418 millones.

Las Condes le siguió. Pasaron de registrar 42 partes y un monto de $ 3 millones en 2014, a 278 infracciones a cambio de casi $ 105 millones el año pasado. En los seis primeros meses de este año el número de partes igualó al de todo 2018 y la recaudación sumó $ 116 millones. En total, los JPL de la comuna liderada por Joaquín Lavín han recolectado $ 436 millones desde 2014 a junio de este año.

Santiago, en tanto, informa que desde 2014 han cursado 1.990 multas y han exigido el pago total de $ 266 millones, mientras que Lo Espejo reporta 128 multas y una recaudación que supera los $ 28 millones para el mismo periodo.

Cierra el top 5 Vitacura, que informa que solo registra partes de este tipo a partir de 2017 y que hasta este año alcanzan los 74, con un importe de $ 21 millones.

Las otras comunas que entregaron información fueron Pirque (14 infracciones y recaudación de $ 890.868 entre 2014 y este primer semestre), Quinta Normal (13 multas por un total de $ 706.146), Paine (diez por $ 666.321), Macul (cinco por un total de $ 306.197), Renca (dos multas que totalizan unos $ 220 mil), Alhué (tres multas sin monto informado) y Cerro Navia (donde aseguran no registrar infracciones de este tipo). En total, las comunas antes mencionadas han recaudado $ 2.173,5 millones por multas a las apps desde 2014 a la fecha.

"Estas aplicaciones están para quedarse. Han sido beneficiosas y han bajado los costos por traslado. Pero deberían ser regularizadas, porque sus conductores no tienen licencia profesional", explica el director de tránsito y transporte público de Independencia -comuna que no logró consolidar información para esta nota-, Germán Muñoz.

Verónica Jadue, gerenta de comunicaciones de Uber Chile, en tanto, sostiene que "el retiro de un vehículo por parte de la autoridad hace incurrir en un gasto elevado a los socios conductores, personas que se conectan a la aplicación para generar ganancias adicionales y que se ven afectadas por la falta de regulación. Es por esto que Uber reembolsa estos gastos como una medida comercial excepcional".

Desde la aplicación de Beat en Chile, su gerente general, Christopher Banfield, indica que la empresa "puede indemnizar todos los gastos relacionados a multas que sean directamente por prestar servicios intermediados por el uso del aplicativo". Eso sí, puntualiza que "la colaboración que Beat brinda a los usuarios conductores que utilizan la aplicación depende del resultado de análisis y validación que hacemos del caso, ya que procedemos a un riguroso proceso de prevención de fraude. En la mayoría de los casos, la respuesta se entrega dentro del plazo de una semana".

Al interior del sector, de todas formas subrayan que la ausencia de regulación y la consiguiente infracción que está detrás deriva en que los conductores pierdan días de trabajo en todo el proceso de regularización y pago de la multa.

Cabify no quiso participar en este artículo y DiDi no respondió las preguntas.

Jaime Belmar, secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, detalla que el 32,5% de este tipo de partes queda en la municipalidad donde se originó, y el 67,5% se destina al Fondo Común Municipal (FCM) -la principal fuente de financiamiento de varios municipios-, administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Belmar puntualiza que "todas las multas de tránsito pesan un poco más del 1% de este fondo, es decir, entre $ 1.400 y $ 1.600 millones anuales". Los principales ítems que contribuyen al FCM son las contribuciones, las patentes comerciales, los permisos de circulación y, luego, las multas. Comunas como Las Condes, Santiago, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea son aportantes netos a este fondo; mientras que Puente Alto, Maipú, La Florida y La Pintana son receptoras, destaca.

Hoy, son varios los países donde los taxistas están en pie de guerra contras estas aplicaciones, por el hecho de ser apps que no están reguladas, por lo que las exigencias que tienen para operar son menores.

Chile lleva cinco años sin regularización. "En la actualidad, miles de conductores se sienten intimidados por la autoridad y las fiscalizaciones. Además, usuarios sienten que están cometiendo una infracción cada vez que usan la aplicación (…) Es por ello que regularizar esto otorgará mayor certeza jurídica", asevera el gerente general de Beat Chile, quien reconoce que como empresa se han acercado a diferentes ministerios y entidades públicas con el fin de aportar información acerca de su operación, con el objetivo de avanzar en la normativa.

La legislación ya fue aprobada en general en ambas cámaras y hoy se está discutiendo en particular en el Senado. Distintas fuentes ligadas a la discusión prevén que la denominada "Ley Uber" pueda ser aprobada en el último trimestre de este año.

"La irrupción de estas nuevas tecnologías es un fenómeno global que, sin duda, requiere una regulación", subraya el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. Detalla que el proyecto de ley enviado apunta a mejorar la calidad y seguridad de los viajes, establecer igualdad de condiciones para todos los actores, incorporar las nuevas tecnologías y profesionalizar el sector implementando mayores exigencias. El proyecto incluye la obligación para las empresas de constituirse legalmente en Chile, la existencia de un registro, la exigencia de licencia profesional para los conductores, entre otras.

"Una vez aprobadas estas medidas se mejorará la calidad, seguridad y experiencia de viaje de los usuarios", enfatiza Domínguez.

Desde Uber la mirada es diferente. Destacan que si bien el proyecto actual va a terminar con la situación de las multas, "de ser aprobado como está, dejará sin una alternativa de movilidad al 80% de nuestros usuarios (2,2 millones de personas)", subrayan. En la compañía iniciaron una campaña comunicacional donde indican a sus usuarios que la baja de oferta que prevén se dará porque de los casi 85 mil conductores socios, 70 mil no tienen licencia profesional, por lo que no podrían circular. Si quisieran sacar la licencia, advierten que las escuelas que imparten este tipo de documentos colapsarían, dado que son pocas y no están en todo Chile. Por lo anterior, Uber sugirió que se incorporen cursos online y, además, propuso establecer una exigencia de experiencia con licencia a sus conductores de cinco años.

De no existir estos cambios, en Uber indican que ante la escasez de oferta, las tarifas podrían triplicarse.

La creación de un registro de conductores también genera alarma. Este se abrirá por tres meses una vez aprobada la ley, pero luego se cerrará por un año. "Esto es como poner candado cerrado. Se igualaría a cómo funcionan los taxis hoy con las apps. Se acabaría la flexibilidad que ofrece este servicio a los conductores", sostiene un ejecutivo de una de estas plataformas.