En abril, la ministra recorrió todas las regiones del país, haciendo mesas de trabajo con más de 2.200 personas que van desde el sector privado, público, sociedad civil y la academia. Luego esa información se sistematizó, se ordenó y se incluyó en la hoja de trabajo.

¿Siente que ha disminuido la conflictivad que había en el sector hace 5 o 10 años?

-Hace algunos años teníamos una expansión de la matriz energética que se veía muy trabada, porque eran todos proyectos convencionales que tenían una fuerte oposición ciudadana y judicialización, como también problemas para obtener sus permisos ambientales. Pero en los últimos años hemos visto una caída significativa de los costos de energía renovable, que en ese momento no eran competitivas y hoy son los proyectos que están liderando.

La conflictividad siempre está cuando llega un proyecto, porque ese tiene que estar bien diseñado desde sus inicios y eso significa no sólo en lo técnico, sino que en la relación con las comunidades. Ante esto, estamos proponiendo un trabajo de acompañamiento para que los proyectos de energía sean realmente sostenibles con sus fundamentos económicos, sociales y ambientales bien estructurados.

Respecto a los compromisos de la Ruta Energética. ¿Cuál es el plan para disminuir el consumo de leña?

-Estamos desarrollando en ese eje de regular el mercado, lo que tiene que ver con la condición que vemos en la zona centro-sur y la preocupación que levantó la propia ciudadanía en cuanto a que esa contaminación genera problemas de salud. Si bien existe una política de leña, faltó lo más importante; que era regularizar el mercado de leña y nosotros estamos comprometidos con eso. También estamos proponiendo hacer planes pilotos de calefacción distrital y lo que queremos es desarrollar algunos planes con el mundo privado. En el largo plazo el ideal es ir sustituyendo paulatinamente el uso de leña por otras fuentes menos contaminantes.

¿Cómo va a ser el cambio de descarbonización a energías menos contaminantes?

-Como país, tenemos un compromiso en reducir nuestras emisiones, donde el sector de energía es muy gravitante, porque representa 70% de las emisiones del país.

La descarbonización tiene varios pilares. Uno de ellos es la descarbonizacón de la matriz, donde nosotros tomamos un acuerdo voluntario entre las empresas generadoras y el gobierno para establecer un cronograma de retiro y reconversión de las centrales de carbón. Por otro lado, descarbonizar significa electromovilidad, porque al ir reemplazando vehículos eléctricos o híbridos, también vamos contribuyendo a que haya menos emisiones.

Como tercer pilar, está toda la promoción de energías limpias y nosotros nos comprometimos a generar condiciones regulatorias.

Se quiere reducir 25% el tiempo de tramitación de los proyectos, ¿cuáles serán los plazos?

-Buscamos hacer un acompañamiento de los proyectos que permita que todo su proceso de aprobación de permisos de relacionamiento comunitario sea mejor y más rápido. Cualquier proyecto del Plan+Energía cuenta con nuestros buenos oficios para que en las etapas previas de ingresar al SEA pueda tener un acercamiento temprano con las comunidades y llegar a acuerdos voluntarios.

La vulnerabilidad energética, ¿fue un tema que le sorprendió en los diálogos ciudadanos?

-La realidad es que en Chile existen hogares que no tienen acceso a energía eléctrica o su acceso es muy parcial. El compromiso nuestro es hacer un catastro, de cuantas de esas personas no tienen luz y paulatinamente ir cerrando esa brecha. Lo que hemos hablado es darle soluciones a 2.500 familias que no acceden a suministro o hay que mejorarle las condiciones de este.

Los 11 compromisos del gobierno en la Ruta Energética 2018-2022

  • Levantar un mapa de vulnerabilidad energética del país.
  • Modernizar la institucionalidad energética para aumentar la eficiencia gubernamental.
  • Reducir en 25% el tiempo de tramitación ambiental.
  • Alcanzar cuatro veces la capacidad actual de generación distribuida renovable de pequeña escala.
  • Aumentar en al menos 10 veces el número de vehículos eléctricos que circulan en el país.
  • Modernizar la regulación de la distribución eléctrica mediante un proceso participativo.
  • Regular los biocombustibles sólidos como la leña y sus derivados.
  • Establecer un marco regulatorio para la eficiencia energética que genere los incentivos necesarios para promover el uso eficiente de la energía en los sectores
  • de mayor consumo y crear una verdadera cultura energética en el país.
  • Inicar el proceso de descarbonización de la matriz energética a través de la elaboración de un cronograma y la introducción de medidas concretas en
  • electromovilidad.
  • Capacitar a 6.000 operarios, técnicos y profesionales, certificando al menos a 3.000.
  • Integración energética a nivel regional, partiendo por nuestros países vecinos.