Ministro de Agricultura y eventual gravamen al sector forestal: es un “clamor de los territorios”
En su rol de enlace por los incendios forestales que han azotado la zona centro sur, Esteban Valenzuela no rehúye a la idea de establecer un royalty ya que, asegura, ha sido una demanda levantada por alcaldes desde hace al menos una década.
Los voraces incendios forestales que han azotado la zona centro sur de Chile avivaron un debate que, hasta antes de esto, no estaba sobre la mesa: el modificar la regulación del sector forestal en el país.
Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien abrió dicha puerta el pasado viernes. Lo hizo desde Quillón, en la región de Ñuble, cuando el mandatario adelantó lo que será la etapa posterior a la emergencia, donde habló de “una mejor regulación” y también de “una regulación distinta”.
Si bien las palabras del Mandatario no cayeron nada bien en el sector forestal, ni en los gremios que agrupan a la industria como la Corma, la Sofofa y la CPC, desde el Ejecutivo no han rehuido volver a abordar el tema. De hecho, el tema se tocó en el Comité Político del lunes, en La Moneda. Allí, Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, planteó la necesidad de “pensar a futuro cómo podemos prevenir incendios, a partir de establecer zonas periurbanas en los planos reguladores comunales”, comentó el mandamás de la tienda radical. Cubillos sostuvo que la propuesta, elaborada por Álvaro Alegría, presidente de la Comisión de Agricultura del PR, será enviada en formato minuta al Ejecutivo para su análisis posterior.
Y desde el propio gabinete han dado luces sobre la materia. El ministro más activo al respecto ha sido Esteban Valenzuela, titular de Agricultura. El secretario de Estado habló este lunes de un nuevo “pacto” con la industria forestal.
Valenzuela está en Ñuble como parte de los ministros que han asumido como “enlaces” para hacer frente a la emergencia.
En ese rol, este martes volvió a referirse al tema. Tras participar en la entrega de las primeras nueve de 25 viviendas transitorias para familias damnificadas, en Ninhue, el secretario de Estado fue un poco más allá y, remitiéndose al programa de Gobierno, apuntó a la derogación del DFL 701 y a la creación de gravámenes por sectores económicos, que permitan financiar las necesidades de los gobiernos regionales.
En diálogo desde Quirihue, Valenzuela explicó a Pulso los focos que tiene en mente para la nueva regulación, y abordó la molestia que ha generado en los gremios.
“Está claro que el fondo es los incendios, pero distintos gobiernos regionales y municipios han levantado su indignación y su petición de que existan (otras medidas). La alcaldesa de Santa Juana es quien ha relevado el tema del royalty forestal. Nosotros le hemos explicado que hay distintas alternativas. La Comisión Presidencial para la Regionalización propuso una tasa por tala. Eso fue unánime en la comisión de Estado que presidí en 2014. Hay tres alternativas también de incentivos tributarios a la agroforestería. Pero todo eso es un debate que vamos a tomar yo creo que a mediados de marzo”.
¿Entonces no descarta que el royalty forestal esté dentro de las alternativas?
-Cuando uno conversa, no puede descartar nada. El programa de gobierno expresamente ha señalado la derogación del DFL 701 y una nueva ley de fomento. Y segundo, una ley de rentas territoriales que el propio ministro Marcel ha dicho que va a ser parte de un acápite posterior al actual proceso de reforma tributaria, de fortalecimiento de la descentralización. Ahora, el instrumento específico es algo que tiene que determinar el Presidente de la República y, por cierto, Hacienda, pero eso está puesto por las comunidades y por varios alcaldes que llevan peleando hace una década”.
Al sector empresarial no le ha gustado que este debate empiece cuando la emergencia sigue en desarrollo…
-Yo respeto la opinión de parte del sector empresarial, pero no pueden en medio de una emergencia acallar el clamor de los territorios, que es insoslayable”.
Cortafuegos obligatorios
Valenzuela detalla, además, que hay medidas que buscan obligar a empresarios forestales, de todos los tamaños, a realizar cortafuegos.
“Vengo saliendo de la comuna de Coelemu, en que una parte importante de la comunidad nos exige, porque no han podido persuadir a un propietario, que es pequeño-mediano, que no hay caso que quiera tener aunque sea un metro de cortafuego entre la zona más poblada de Coelemu y su bosque de pino maduro. Eso está con un vacío legal enorme”, explica.
El titular de Agricultura agrega que hay “directivos de la industria forestal que coinciden en que esto de las cuadrículas de defensa tienen que ser sólidas, y eso también tiene que abrir toda una cooperación público-privada en que los caminos forestales se convierten en cortafuegos mayores”.
Otro punto que resalta es la agroforestería, práctica productiva que integra árboles, ganado y pasto en una misma unidad, orientada mejorar la productividad de las tierras y hacerlas sustentables. “Eso hay que aterrizarlo, hay que diseñarlo, hay todo un tema de la masa ganadera y del pasto que está por todas partes, y en eso hay que lograr un acuerdo”, indica.
Concluye apuntando a la “interfaz urbano rural”, donde la presencia de plantaciones forestales cercanas a localidades pobladas se ha convertido en una amenaza a la vida y la propiedad de las familias, dice. “Tenemos que ver cómo obligamos y buscamos responsabilidades en la mantención, limpieza y corte de pasto seco, que han sido claves (en algunos incendios)”, remarca.
Grau: “equilibrar” vocaciones productivas
Si bien el ministro de Economía, Nicolás Grau, fue tajante este lunes al plantear que “este no es el momento” para discutir cambios a la regulación, ya que el foco está puesto en el combate en los incendios, sí reconoció -en el mismo punto de prensa que ofreció junto al delegado presidencial de La Araucanía- que a juicio del Ejecutivo “es importante que exista un buen equilibrio entre las distintas vocaciones productivas”, donde enfatizó la posibilidad de una “relación armónica” entre actividades agrícolas y turísticas, con la industria forestal, y además se logre acordar “un diseño territorial” que permita reducir la ocurrencia de incendios.
Sin embargo, este martes, al ser consultado en Traiguén por la nueva regulación, Grau remarcó que no es algo “que podamos hacer en el corto plazo, es una cuestión que nos va a tomar más tiempo”, y afirmó que “lo he conversado incluso con parte de la industria forestal y veo buena disposición para esa conversación”.
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