Como ha ocurrido en otras crisis, la inversión pública, especialmente obras de infraestructura, entra a escena para apoyar la recuperación económica. Pero esta vez el entorno es altamente desafiante: con niveles de empleo cayendo dramáticamente y la actividad retrocediendo en una magnitud que no se veía hace casi 40 años.

En esa línea, el viernes, en su Cuenta Pública, el Presidente Piñera anunció un plan de inversión extra por US$4.500 millones en iniciativas de infraestructura entre los años 2020 y 2022 -que se suma a lo ya existente, totalizando US$34 mil millones-, que se espera genere unos 250 mil empleos.

El encargado de llevar adelante esa tarea será el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien en esta entrevista hace la bajada del programa presentado. Explica que se van a priorizar proyectos de rápida ejecución, para no perder tiempo en tramitaciones o licitaciones largas. La idea, detalla, es distribuir las obras de manera equitativa en las regiones, para evitar concentrarlas en los grandes polos urbanos.

Pero, para que esto avance, hace un llamado a apoyar el plan y evitar enfrascarse en largas discusiones.

¿Cuál es el detalle del plan de inversión anunciado, especialmente los US$4.500 millones extra?

-Hay que aclarar que estos US$34 mil millones corresponden a la suma de los recursos nuevos y la inversión normal que hará el sector público en los años 2020-2022. Para dar una idea de la magnitud de lo que involucra, esto significa que para 2021 la inversión pública va a ser 30% más grande de lo que ha sido en los últimos tiempos. De hecho, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, va a ser 50% más grande.

En lo que respecta a los US$4.500 millones adicionales en inversión pública, lo que se busca es que sean proyectos que se puedan ejecutar rápidamente, porque muchas veces se habla de hacer inversión pública, pero para que sea verdadera hay que tener proyectos con ingeniería, diseño, aprobaciones medioambientales y de evaluación social, porque si no es así, solo serían palabras que no se pueden concretar. Estos son proyectos que involucran a varios ministerios y que ya tienen pasos realizados o están muy cerca a estarlo, y que se pueden realizar entre los años 2020 y 2022.

Para dar un ejemplo, tenemos el subsidio a la vivienda, donde la parte que ponen las personas obviamente no está dentro de ese valor, por lo que la inversión efectiva al final es más grande que los US$4.500 millones.

Además del tema de los subsidios, ¿cuáles serían las obras más importantes que se van a gestionar?

-Hay de varios tipos. En el caso de vivienda, están los subsidios al arriendo y de mejoramiento a las edificaciones. En el caso de Obras Públicas, y aunque hay muchas cosas, los dos grandes aspectos se concentran en la pavimentación de 7.500 kilómetros de caminos adicionales, incluidos 150 puentes, y la conservación de caminos básicos (unos US$ 1.600 millones), además de importantes inversiones en infraestructura hídrica (casi US$ 1.000 millones si se incluyen la inversión de agricultura en riego tecnificado). Y también se incluyen obras de borde costero y aeroportuarias (casi US$ 150 millones cada una).

Un punto muy importante es que el acuerdo entre el gobierno y la oposición establece que hay que privilegiar las inversiones que apunten a superar las deficiencias hídricas. Por eso, este plan destina recursos en más de 40 nuevos sistemas adicionales de agua potable rural (APR) y ampliación y mejoramiento de varios ya existentes. Además, hay perfeccionamientos en obras hidráulicas, de cauces, embalses y revestimiento de canales.

Además de la exigencia de que sean proyectos de rápida ejecución, ¿cuáles van a ser los otros criterios para llevarlos a cabo?

-Un segundo criterio que se va a privilegiar son los volúmenes de creación de empleo directo e indirecto de esos proyectos. El tercero, va relacionado con su impacto en la actividad económica, y vuelvo a poner el ejemplo de subsidio a la vivienda, que al involucrar a tantos actores, al final termina por generar un efecto multiplicador de inversión, actividad y empleo. Lo mismo pasa con la pavimentación de caminos, que facilita la actividad económica en esas actividades. Otro elemento que se va a privilegiar es la amplia cobertura que estos proyectos tengan en el país, y, por otro lado, el énfasis medioambiental.

¿Esta inversión involucra solo proyectos que se adelantan o también nuevos?

-Esto involucra proyectos que se tenían preparados y que no se podían hacer porque no se tenía suficiente financiamiento, pero ahora, al haber esta posibilidad y la necesidad de ejecutar más proyectos, decidimos echar mano de los que ya están casi listos.

¿Qué mecanismo se va a utilizar para agilizar estos proyectos?

-Además de los criterios de selección, este Plan Paso a Paso Chile se Recupera involucra la reducción de la burocracia. Por eso, vamos a hacer el mejor intento de que los procesos de licitación sean lo más rápido posible. En todo caso, hay que aclarar que estos procesos no son inmediatos, si no que requieren algunos meses. De allí el imperativo de incluir obras de ejecución más rápida.

Entonces, ¿cuándo partiría la ejecución de estos proyectos y de qué forma se invertiría en ese periodo?

-Hay una parte que se comienza a invertir en el último trimestre de 2020, pero la mayor parte se concentra entre 2021 y 2022. En el caso de Obras Públicas, de los US$ 3.000 millones que le corresponde al ministerio, hay US$ 460 millones que se invertirán este año. En 2021 hay poco más de US$ 1.300 millones y en el 2022, más de US$1.100 millones.

En todo caso, para que se pueda concretar lo de los años 2021 y 2022, es importante iniciar las licitaciones ahora. Por tanto, es importante que el Fondo Covid-19 por US$ 12 mil millones que se está discutiendo en el Congreso y que es el que financia estas obras, se apruebe.

En materia de empleo, la estimación dice que se generarán 250 mil. ¿A partir de cuándo y por cuánto tiempo? ¿Cómo se repartirán esos empleos a lo largo del país?

-Parto por lo último. Lo que se busca es que haya equilibrio en todas las regiones y, por lo tanto, estamos pensando en que sea equitativo y que vaya de la mano además con el programa de subsidio al empleo que se va a enviar la próxima semana al Congreso y que en lo concreto apunta a otorgar un aporte sustantivo a las compañías a que contraten personas adicionales, lo que se traduce en una herramienta potente para lo que es la creación de empleos.

La creación de estos empleos, en tanto, está condicionada al inicio de la actividad de los proyectos, así que en lo que se inicien las obras, a finales de 2020, se empezarían a ver.

¿Serán estas iniciativas suficientes para empujar la reactivación? ¿Están dispuestos a analizar medidas adicionales?

-Nosotros estamos haciendo todo lo que está dentro del marco de lo posible y del financiamiento que existe, pero, sin duda que la experiencia de los últimos meses nos ha enseñado a tener la flexibilidad de estar abiertos a hacer cambios, modificaciones y mejoramientos, así como también estar al pendiente de las dificultades que tenemos al frente.

Y en ese sentido, ¿cómo ve el clima político para impulsar este plan?

-Ese es un punto muy importante, porque si gastamos la energía en la discusión y no en la ejecución de acciones para ayudar a las personas, no lo vamos a lograr. Creo que se ha demostrado que la colaboración es la clave. A modo de ejemplo, desde el MOP hemos creado un comité asesor donde están los alcaldes, académicos y dirigentes gremiales para crear planes concretos y, a su vez, discutirlos con las respectivas comisiones del Senado y la Cámara, todo enfocado en generar soluciones. Este plan no es un proyecto personal del gobierno, tiene que convertirse en un plan nacional.

¿Ve disposición transversal a avanzar?

-Yo sé que han existido momentos difíciles en varias materias, pero yo diría que en esta, en particular, hay una muy buena disposición tanto política como de los dirigentes para trabajar en conjunto.

Pasando al tema de las concesiones: ¿cuándo va a iniciar esto y cuáles serían las obras que se privilegiarán?

En este caso hay que tener presente que desde el pasado Chile ha estado haciendo licitaciones por más o menos US$1000 millones anuales y el objetivo es llevarlo a US$3000 millones, lo que ha significado un gran trabajo para tener los proyectos en carreteras, hospitales y aeropuertos listos y poder licitarlos. En las actuales circunstancias esto ha sido un gran desafío, pero estamos en eso, la semana que viene vamos a iniciar la recepción de ofertas de los hospitales del Maule, vamos a iniciar también muy pronto la licitación del Hospital de Buín-Paine y así vamos a continuar para concretar más de 10 hospitales. Aunque esto viene de antes, también va a representar un apoyo a esta mayor actividad.

Pero en lo que refiere a inversiones que se concretarán en el periodo 2020-2022 hay fondos privados que también aumentan y van dirigidos a realizar obras públicas, parte de ellos corresponden a obras de empresas concesionarias actuales que aumentarían sus obras en US$500 millones aproximadamente, la mayoría de ellas vinculadas a obras en autopistas que son sujetas a nuevas obras, particularmente el túnel Lo Ruiz-,terceras pistas y mejoramientos. También hay una inversión en agua realizada por las empresas sanitarias para el periodo 2020 y 2022 que es del orden de US$200 millones y que van a mejorar la infraestructura hídrica de las ciudades.

Pero ¿cómo se van a agilizar estos procesos? ¿Tienen pensado algún mecanismo? Las voluntades siempre han estado, pero ha habido harta crítica del sector privado por la lentitud del MOP en llamar a licitación de concesiones

Estamos haciendo cambios en los modelos de concesión, de manera tal de hacerlo más adecuados a las circunstancias actuales. Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos que hoy tenemos en licitación, estamos eliminando la fecha fija de inversión en los contratos y también estamos cambiando a un sistema de valor presente de los ingresos. De esa manera, los riesgos para los postulantes son menores. Esto se aplicará, por ejemplo, a la licitación de la red aeroportuaria actual que ya se encuentra en licitación.