Ministro de Economía, José Ramón Valente: "Tenemos la meta de al menos subir un punto el crecimiento potencial antes de irnos"

En Australia se encuentra desde hoy el ministro de Economía, José Ramón Valente. ¿Su objetivo? Establecer acuerdos de cooperación con dicha administración en materia de gestión de inversiones, país desde donde recogió las ideas de Open (Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional) para reducir la burocracia, y GPS (Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables) con catastros de iniciativas de inversión, ya instalados en Chile.

El desafío que se ha autoimpuesto es considerable: generar una institucionalidad microeconómica en materia de inversiones que trascienda a este gobierno a través de proyectos de ley que formalicen a ambas oficinas y que, tal como en 2006 fue la Ley de Responsabilidad Fiscal, marque un antes y un después en la materia.

Usted ha anunciado una "revolución microeconómica" con la capacidad de impactar el crecimiento de largo plazo de la economía. ¿Cómo espera lograrlo?

-Necesitamos sentar las bases de una economía capaz de crecer al 4% en los próximos 20 o 30 años. Cuando hablamos de revolución microeconómica lo hacemos conscientes de que eso va a permitir el salto del crecimiento potencial de Chile. Es difícil "vender" una revolución microeconómica, pues son cientos de medidas que en su conjunto logran mover el crecimiento potencial.

¿Cuáles son los ejes?

-Generar condiciones atractivas para la inversión a través de la oficina GPS, mientras que a través de Open nos hicimos cargo de cosas no tradicionales, pero imprescindibles: una buena relación entre empresas grandes y chicas, entre consumidores y proveedores, un buen balance entre empleados y empleadores. Creemos en el concepto de "capitalismo ciudadano".

¿Cómo se generará ese cambio en la inversión, dada la lentitud en la aprobación de permisos?

-La crítica es válida, nos hemos transformado en un país burocrático en la aprobación de proyectos de inversión. ¿Qué estamos haciendo? Primero, tener información. A través de GPS hicimos el catastro y sabemos que para los próximos cinco años existen cerca de 220 proyectos que representan US$ 70 mil millones en inversión, con el potencial de 30 mil nuevos empleos de calidad. Segundo, para saber qué tan mal lo estamos haciendo, pedimos al BID un estudio de cuánto nos estamos demorando, que será publicado muy pronto. Y nos vamos a poner metas igual que cuando hablamos de la meta de balance estructural: si tenemos tres, cuatro o cinco años de demora, nuestra meta es reducir en al menos 12 meses la tramitación de los proyectos de inversión.

¿Cómo hará eso? Hay regulaciones que van más allá de lo que puede hacer Economía...

-El Estado de Chile funciona con la lógica de compartimientos estancos, donde no hay cooperación interministerial. Una de las tareas del GPS es lograr eso. Hoy se reúne semanalmente con más de una decena de instituciones que otorgan permisos de inversión. Estas reuniones de coordinación permiten hacer seguimiento a los permisos y se va viendo que no se vayan atrasando por la fuerza de la burocracia.

Pero a veces el retraso de los proyectos es porque tienen falencias. ¿Habrá un "fast track"?

-Quiero dejarlo claro: esta es una oficina de gestión de proyectos sustentables, no está para empujar proyectos que no cumplan con la legislación o como "fast track" para saltarse las normativas. Muchas veces las instituciones del Estado no cumplen con el mandato de la ley y los permisos que tienen que salir en dos meses salen en seis. GPS está para que se cumpla la ley y que haya una mejor coordinación dentro del Estado.

¿Cómo se resuelve eso con la Contraloría? Algunas de sus resoluciones tienen impacto en las inversiones, por plazos o interpretación de la normativa.

-La Contraloría es muy importante para hacer que se cumpla la ley. Pero es importante que se dé cuenta de que también es un engranaje del todo. Entonces, nos reunimos con ellos, les contamos qué queremos hacer y las razones, para que analicen las cosas en perspectiva. Por ejemplo, en las aprobaciones de permisos en el área inmobiliaria si hay una ley ambigua, obviamente eso va a generar problemas de interpretación.

¿Han evaluado acotar las atribuciones de la Contraloría?

-Para nada. La Contraloría es muy relevante para que el país tenga una baja corrupción. Tenemos que hacer que las leyes sean más claras para que no haya problemas de interpretación y, mientras tanto, tener un buen diálogo, sin que signifique presión.

Usted dijo revisar leyes, ¿cuáles?

-A Open se le encargó revisar los cambios regulatorios de los últimos 10 años en Chile. Tenemos un catastro de 670 propuestas de cambio y, de esas, 100 ya están en proceso de implementación legal y administrativa, como que los permisos de edificación de las municipalidades sean digitales o que los directores de obra no sean vitalicios, sino por Alta Dirección Pública. Igual en términos administrativos. Por ejemplo, una empresa con menos de 10 trabajadores, si tiene hombres y mujeres, debe tener dos baños. Hay 300 mil empresas con menos de 10 trabajadores que son solo hombres y 60 mil que son solo mujeres: contratar un hombre significa tener que construir un baño y eso sale muy caro. Otro caso: la aprobación de un nuevo medicamento se demora aproximadamente dos años e independiente de si ha sido aprobado por la FDA (Food and Drug Administration de EE.UU.) y agencias europeas, en Chile se revisa desde cero. Queremos definir las agencias en las que confiamos, el estándar que al menos dos lo aprueben y, si ocurre eso, el medicamento podrá entrar con un procedimiento abreviado de 60 días. Es decir, pasar de dos años a 60 días con impacto en la disponibilidad de remedios, más competencia y mejores precios.

¿Cómo se evita que haya superposición de leyes o normativas?

-Esto parte con un instructivo presidencial para que cada repartición del Estado revise si su normativa está vigente y cumple el objetivo para lo que fue creada. Encontramos que un 15% de la normativa vigente puede ser modificada o derogada y ese ejercicio se va a ampliar a todo el sector público. En abril mandaremos un proyecto que derogará más de 100 cuerpos legales obsoletos.

¿Como cuáles?

-Hay algunas que son fáciles de cambiar, pero hay otras que se prestan para interpretaciones. Está, por ejemplo, el impuesto a la importación de marfil para teclas de piano; la ley que establece un impuesto adicional por litro de bencina que se expende en el país, y un impuesto adicional sobre el avalúo de la propiedad raíz, de 1954. También está la ley que reorganiza la caja de colonización agrícola del año 1960, o la regulación de fletes de mercaderías de cooperativas agrícolas de 1950.

¿Cuánto espera mover el crecimiento potencial?

-Voy a ser agresivo: como gobierno tenemos la meta de al menos subir un punto el crecimiento potencial antes de irnos. Si uno no se pone metas, es difícil gestionar si se está cumpliendo o no. Queremos dejar la economía con un motor capaz de crecer 4%.

Para 2019 se prevé un 6% de creimiento en la inversión, pero el contexto externo está más complejo. ¿Se la juega por el 6%?

-Me la juego totalmente a que vamos a llegar al 6% por varias razones. Hemos generado un ambiente proinversión que no existía hace 12 meses. Además, tenemos el catastro de US$ 17 mil millones en inversión para este año, con fecha, identificación de proyectos y comienzos de obra. Un tercer factor tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas: la inversión pública en Chile en 2018 estuvo rezagada y este año el programa de concesiones del MOP es muy ambicioso: es 50% más grande que el más alto de la historia.

¿Incluso con un entorno externo menos favorable?

-Siempre está la controversia de cuánto de nuestro futuro depende de nuestras decisiones y cuánto de afuera. Puede ser que en un trimestre en particular la guerra comercial nos afecte, pero sigo convencido de que la mayor parte de nuestro futuro depende de nosotros.

En ese contexto, ¿qué tan relevante es la aprobación de la reforma tributaria?

-Lo vemos así: el proyecto de pronto pago les devolvió capital de trabajo a las pymes y la Modernización Tributaria les devuelve tiempo, menos burocracia, menos abogados, menos tiempo para cumplir con la regulación. Además, la reintegración del sistema genera más incentivos para invertir y hay un incentivo específico a la inversión que es la depreciación instantánea. Desde el punto de vista político, se ha dicho que hay que zanjar ahora las diferencias. Pero esa argumentación se cae muy rápido: tienen mayoría en las dos cámaras, entonces, pueden votar que no, artículo por artículo. Votar que no la idea de legislar es negarse al diálogo.

Usted ha dicho que los impuestos digitales buscan emparejar la cancha. Pero es un impuesto al consumo que finalmente se traspasará a usuario. ¿Cómo evalúa eso?

-En principio, la modernización decía impuesto específico de 10% para equilibrar la cancha y para no subir el costo a los consumidores. Eso ha ido mutando: porque para qué inventamos un nuevo impuesto si tenemos el IVA. ¿Eso lo van a pagar los consumidores? No necesariamente, porque si esa plataforma pretende traspasar el 19% a los consumidores, estos pueden decidir no seguir ocupándola. En un mercado competitivo no eres dueño de hacer lo que quieras con los precios. Me he juntado con todas estas plataformas, y entienden que tendrán que ser sujetos de impuesto y también que tendrán que hacer un esfuerzo de no traspasar una parte muy significativamente de ese impuesto a los consumidores.

Desde el año pasado se han producido una serie de cuestionamientos a las estadísticas del INE, particularmente a las cifras del mercado laboral. Se han dado explicaciones por el anclaje en el Censo 2002, pero las críticas son muy duras, incluso desde el propio gobierno. ¿Está dañado el INE como institución?

-La mejor forma de evitar el daño institucional al INE es hablar abiertamente de cuál es el problema. Y el problema con las cifras del INE es que hicimos un precenso en 2016 y un censo en 2017 y esa información todavía no ha sido completamente incorporada en la encuesta. Por lo tanto, está basada todavía en cifras del censo de 2002. Mucho ha pasado entre 2002 y 2017-2018, por lo tanto, necesitamos poder incorporar las cifras de 2017 para tener una encuesta robusta que dé cuenta de qué está pasando en el mercado laboral.

¿Aunque las críticas vengan del propio Ministerio del Trabajo?

-La crítica del Ministerio del Trabajo fue más la ansiedad de decir que la cifra que está entregando el INE no corresponde a la realidad. Fue una crítica a la cifra y, además, el mismo INE estaba reconociendo que su cifra no estaba dando cuenta de la realidad. El INE cuenta con todo el respaldo del gobierno para seguir haciendo su trabajo de la forma lo más autónoma posible.

¿Cuánta urgencia hay en esto?

-Eso es algo que no se puede forzar, hay un procedimiento estadístico para hacerlo y nosotros como gobierno no queremos forzar la máquina y que se nos vea como que estamos interviniendo en la independencia que tiene que tener el INE. Hemos hecho dos cosas: le hemos preguntado al INE cuánto es lo más rápido que se pueden incorporar estas cifras manteniendo completa independencia y la prolijidad estadística. Segundo, hemos anunciado que enviaremos indicaciones para generar un INE autónomo de tal manera de darle toda esa credibilidad a la institucionalidad estadística en nuestro país. No queremos sufrir lo mismo que vieron otros países de la región a los que se les dejó de creer en las cifras.

¿No se le puede creer a las cifras del INE?

-Lamentablemente, producto de la gran inmigración que hubo en 2016-2017, bastante descontrolada, en conjunto con cifras censales atrasadas, hacen que hoy la Encuesta Nacional de Empleo del INE no esté dando una buena lectura de la creación de empleo en Chile. Esa es la realidad y tenemos que decirlo. Y hay que solucionarlo lo antes posible, sin forzar la máquina, porque mañana no queremos que nos critiquen que forzamos las cifras para que fuesen a favor del gobierno. Mientras eso no suceda vamos a tener que basarnos en los registros administrativos que nos dicen que el empleo asalariado privado creció en 170 mil puestos de trabajo, lo que es un muy buen dato, pero obviamente necesitamos el dato completo. No conocemos la cuenta propia, por ejemplo.

¿Sirve dar autonomía al INE?

-Nosotros decidimos presentar indicaciones al proyecto del INE para darle plena autonomía. El proyecto que está tiene cosas muy rescatables y las indicaciones se enviarán en el corto plazo. Sobre cómo será esa autonomía, hay varios modelos, pero estamos mirando, por ejemplo, a la Comisión de Mercado Financiero, el Banco Central o el Servel, pero no quiero adelantar más. Se conocerán cuando ingresen a trámite.