Gobierno estudiará derogación del artículo que permitió a Metrogas evitar la fijación de sus tarifas

Pasadas las 15.30 horas se reunió en sesión especial la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para abordar el mercado del gas licuado y natural y la polémica por Metrogas, que en 2016 creó una empresa espejo para importar gas a Chile, lo que según la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le permitió disminuir artificialmente su rentabilidad y eludir la fijación de precios.

En la instancia estuvieron presentes el ministro de Energía, Claudio Huepe; la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen; el fiscal nacional Económico, Ricardo Riesco; el presidente de Odecu, Stefan Larenas; y el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, junto al abogado de esta última organización, Mauricio Tapia.

El ministro Huepe señaló que desde el Ejecutivo esperan “a la brevedad” enviar dos proyectos en relación al mercado del gas: uno sobre el gas licuado y otro sobre el natural. Respecto a este último, tiene dos grandes objetivos. Uno de ellos, dijo, es la “tarificación de los sistemas del gas natural. Y lo segundo, es que eso incluye algunas sanciones y también compensaciones para los casos en que no se cumpla con la regulación”. La medida fue anunciada la semana pasada en su cuenta pública por el Presidente Boric.

El ministro agregó que “deberíamos estar presentando la de gas licuado de petróleo en las próximas par de semanas y luego, una semana después, deberíamos estar presentando el de gas natural (...) En particular, el de gas natural -que es el que más preocupa en este momento- se basa en el informe de la Fiscalía Nacional Económica”.

Luego intervino el fiscal nacional Económico, Ricardo Riesco, quien explicó que la Fiscalía comenzó el estudio de este mercado el 25 de noviembre de 2020 y lo finalizó el 29 de diciembre de 2021.

Al respecto, el abogado dijo que “vimos como primera falla que en Chile hay una regulación defectuosa relativa al gas natural y vimos también, en términos generales, como segunda falla que en Chile no hay una regulación adecuada del gas licuado de petróleo desde una perspectiva competitiva”.

Riesco además aseveró que el principal problema que detectó el organismo se refiere a la rentabilidad máxima de Metrogas. Esto ya que la empresa “está amparada en una norma legal actualmente vigente que le permite traspasar rentabilidad desde una empresa regulada como es la propia Metrogas a otra empresa que está integrada a Metrogas pero que no está regulada, como es Agesa”. Dicha norma legal es el artículo 12 transitorio de la Ley de servicios de gas.

“Para los clientes de Metrogas este problema ciertamente no es nada menor, porque este aumento de los costos se ha traducido en que desde febrero del año 2017 a la fecha ha existido una mayor tarifa que equivale a un entre un 12,7% y un 20,2% en el precio del gas natural residencial pagado por el cliente de Metrogas anualmente”, señaló Riesco, añadiendo que dicho sobreprecio asciende a entre US$ 78 millones y US$ 87 millones.

Con todo, el fiscal nacional económico recomendó como solución para los consumidores que se derogue el artículo 12 transitorio y se dicte un nuevo artículo en la Ley de servicios de gas en el que establezca “que la rentabilidad máxima se calculará tomando en cuenta no sólo la rentabilidad de la empresa distribuidora de gas natural, sino que la rentabilidad de todas las empresas del grupo empresarial que participan en el negocio del gas natural. Con este cambio legal, como fiscalía creemos que el precio de cada una de las cuentas que mensualmente pagan los clientes de Metrogas debe bajar a la brevedad hasta un 20%”, concluyó. La eliminación de esa norma había sido propuesta en diciembre por la FNE y Huepe fue preguntado por su eventual derogación por los diputados.

“Efectivamente una de  las posibilidades es la modificación de ese artículo transitorio. Ese artículo era aplicable a un momento bien particular y por lo tanto de ahí en adelante se permitió, por así decirlo, eludir un chequeo conjunto de las rentabilidades. Por lo tanto ese artículo ya no tendría sentido en un nuevo contexto donde uno quiere tarificar y donde uno quiere considerar rentas integradas”, dijo. Al final de su intervención, insistió: “Una de las posibilidades es derogarlo o modificarlo”.

La regulación de la integración vertical para efectos de la determinación de la rentabilidad máxima de una empresa de gas había sido propuesta, además, en un proyecto de ley que el gobierno de Sebastián Piñera envió al Congreso a comienzos de año, antes del término de su segundo mandato. El actual gobierno, sin embargo, retiró ese proyecto para el envío de su propio proyecto.

Metrogas ha defendido la creación de Agesa, firma que tiene los mismos accionistas -la española Naturgy y Empresas Copec- y que firmó un contrato de abastecimiento con Metrogas hasta 2030. “Agesa se convirtió en la comercializadora mayorista retribuida con los menores márgenes unitarios de venta en el país, según la FNE”, se defendió Antonio Gallart, presidente de Metrogas, en la memoria de la firma del ejercicio 2021. “La separación de la actividad de aprovisionamiento y distribución, no sólo se realizó actuando conforme el ordenamiento jurídico lo permite, sino que también buscando el mayor beneficio para nuestros clientes”, escribió Gallart.