El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este jueves a la reforma de pensiones y la propuesta de la DC para la división del porcentaje extra de cotización en un 3% para cuentas individuales y un 3% para el fondo solidario, señalando que es una “alternativa válida, que hemos estado mirando con interés”.
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Sin embargo, afirmó que el Gobierno todavía no está “en condiciones de adelantar una decisión”.
“Nos parece que índica un esfuerzo por ir encontrando un punto de convergencia”, dijo en radio ADN, agregando que el ejecutivo puede flexibilizar y ceder entorno a la última propuesta (fórmula 1, 2 y 3). “Hemos mostrado bastante disposición a flexibilizarnos buscando acuerdos. Es un tema que sigue abierto y esperamos que en lo que queda de la tramitación en la cámara de diputados pueda haber un acuerdo más amplio que sólo el apoyo de los parlamentarios de gobierno”, enfatizó.
Además, advirtió que “si el 6% va completo a cuentas de capitalización individual, probablemente las pensiones mejorarán en 10, 15, 20 o 40 años más”.
Pacto fiscal
El secretario de Estado confirmó que durante la semana del 22 de enero se presentará el segmento de evasión y elusión tributaria del pacto fiscal, denominado cumplimiento de obligaciones tributarias”, en su primer trámite legislativo.
“Ese va a ser un proyecto que va a combinar una mayor fiscalización, mayores sanciones, especialmente para la evasión de impuestos, con apoyo y facilidades para los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones, más un fortalecimiento de los organismos fiscalizadores”, explicó Marcel.
Por otro lado, en cuanto al reciente diálogo con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) con la insistencia del empresariado para bajar el nivel de impuestos de primera categoría, el ministro valoró que “mientras plantean una baja mayor de lo que estaba en el proyecto anterior, al mismo tiempo proponen un mecanismo de compensación fiscal”, manifestó.
En cuanto a la propuesta para gravar los dividendos de las empresas sugerida por el gremio, el ministro declaró que “cuando se distribuyen utilidades a las personas naturales, propietarias de una empresa, estas pagan impuesto (...) pero cuando se distribuyen entre sociedades, esas utilidades no pagan, esas utilidades distribuidas no pagan impuesto”.
Permisos sectoriales
Mario Marcel fue consultado por la recientemente presentada reforma a los permisos sectoriales, lo que valoró como una “estrategia bastante comprensiva para hacerse cargo de este tema”. Además afirmó que estos serán tramitados con urgencia legislativa.
De acuerdo al ministro, esta tiene dos objetivos: que se materialice la inversión y que sea compatible con los estándares que tiene el país en materia ambiental. Respecto al primero de estos recalcó que “por cada año adicional que se demore un proyecto de inversión significa que esa inversión no se materializa y se va postergando. Al mismo tiempo, los extensos plazos de evaluación reducen la rentabilidad de los proyectos (...) Esto lo evaluó el comité de expertos y estimaron que con las dos iniciativas en nivel de producto podría aumentar en 2,4% al cabo de 10 años”.
“Recordemos que esta es una iniciativa que están en el corazón del pacto fiscal en su capítulo de promoción del crecimiento económico”, enfatizó, pero también enfatizó en que “aquí no hay ninguna varita mágica, todo ayuda. Son muchas las medidas que hay que combinar para impulsar el crecimiento”.
Marcel agregó que esperan que durante el 2024 estén totalmente aprobadas.
Pensiones de gracia
Cuando el ministro fue consultado por las pensiones de gracia, explicó que estas “estuvieron reguladas por glosas de la ley de presupuestos del año 2021 y 2022, ambas se aprobaron en el gobierno anterior, y se estableció como único criterio para otorgar estas pensiones el haber sido víctima, haber tenido algún tipo de daño producto del estallido, y que esto sería un procedimiento que operaría a través del Instituto de Derechos Humanos”.
“No hay nuevas pensiones de gracia” aclaró.
Así, hizo énfasis en que no se establecieron otros requisitos o condiciones como los antecedentes delictuales, por lo que el Gobierno está planteando regular esto hacia adelante. “Nos ha tocado corregir muchas cosas que quedaron mal hechas de antes, no nos quejamos por hacerlo, es parte de nuestra obligación. Revela que existe una preocupación de que se gasten bien los recursos”, indicó.