Como un proyecto que viene a llenar un vacío existente, define el ministro de Economía, Nicolás Grau, la propuesta que presentó esta semana el gobierno para crear el Fondo de Garantías Especiales. La propuesta, que se votará este lunes en la comisión de Hacienda del Senado, tiene buen pronóstico.

“Esto está llenando un vacío que existía de tener un fondo de garantías para empresas de mayor tamaño, cuando la situación económica así lo amerite. Con eso protegemos el Fogape para las empresas de menor tamaño, que es una demanda bien importante de las mipymes, y al mismo tiempo somos capaces de responder a estas necesidades económicas”, dice el economista.

La iniciativa busca tener “un efecto importante en promover la inversión en el sector de la construcción”, remarca Grau, y para ello contempla dos programas: el primero, para garantizar financiamientos a empresas constructoras por hasta UF 250.000; el segundo, de apoyo a la vivienda, para garantizar el 10% de créditos hipotecarios por hasta UF 4.500 para primera vivienda.

- ¿Cómo va a operar este fondo para las constructoras y los bancos?

A pesar que es un fondo distinto, va a operar en forma muy similar al Fogape. Es una garantía, que depende del tamaño de la empresa, y lo que sucederá es que los bancos van a participar en licitaciones por estas garantías, y después harán los préstamos como a un cliente cualquiera. Los fondos de garantía no aseguran que un crédito se entregue, eso siempre depende de una decisión del banco.

- Una empresa que pida a un banco US$10 millones para un proyecto, ¿cómo accederá a la garantía?

Desde el punto de vista de la empresa que pide el crédito, no hay ninguna diferencia. Sin este fondo, los bancos miran su riesgo y hoy están siendo muy reticentes por hacerles préstamos. Lo distinto que genera este fondo es que, para efectos del banco, esta empresa será menos riesgosa.

- Y con las personas que soliciten créditos hipotecarios, ¿cómo operará el programa?

Este programa por un lado beneficia a la clase media, porque al garantizar el 10% de créditos por UF 4.500 para primera vivienda se reduce el riesgo de ese crédito. Eso se puede traducir en un menor pie que paguen las familias, también en menores tasas de interés, e incluso en que le presten a familias que no les estaban prestando. Al mismo tiempo, aumenta la demanda, lo que es un impacto positivo para la inversión.

- ¿Cuándo estiman que estará andando todo esto?

No me gusta comprometer cosas de ese tipo, pero creo que si logramos que se apruebe la ley en enero, debiéramos estar entre marzo y abril con esto funcionando.

- ¿Hay alguna estimación del impacto que podrían tener ambos programas?

Lo del pie hipotecario es más difícil de estimar, pero en el caso de las empresas, a partir del comportamiento que hubo con los Fogape de gobiernos anteriores, tenemos una idea de cuántas empresas del sector de la construcción solicitaron créditos. Basado en eso, uno podría pensar entre 500 y 1.000 créditos, lo que sería en torno a 500 empresas.

- Cómo conversan los plazos de las garantías, que para las empresas constructoras son de hasta 12 años y para quienes pidan créditos hipotecarios son 6 años. Son plazos que llaman la atención…

No significa que el crédito hipotecario vaya a durar eso, van a tener los mismos plazos que tienen regularmente. Lo que sucede con el plazo es que la garantía opera ese tiempo y el diseño lo que busca es reducir el riesgo. No es necesario para eso que opere la garantía en todos los años que se toma el crédito.

- Justo antes de esta entrevista estaban reunidos con la CChC, ¿cómo ha sido ese proceso?

Tuvimos una reunión muy positiva con su presidente. Ellos tienen una visión muy favorable de estos programas. De hecho, son parte de los planteamientos que ha hecho la CChC en el pasado. Hay algunas cosas del diseño que estamos conversando, y estamos construyendo en conjunto cuál es el mejor. Además, creo que es bastante claro que como gobierno nos hemos hecho cargo de las dificultades que ha enfrentado el sector de la construcción. Cuando llegamos, no tenían ninguna flexibilidad en los contratos, y el ministro (Juan Carlos) García (MOP) abordó eso para los contratos nuevos y también para los que ya estaban vigentes. Ambos, nosotros y ellos, entendemos que es necesario hacer estas políticas, porque la inversión en construcción es una parte muy relevante del total de la inversión, genera muchos puestos de trabajo, y tiene efectos también en el resto de la economía.

- Los senadores destacaron este proyecto por su trabajo prelegislativo, ¿qué nos puede contar de eso?

Este proyecto surgió de ellos, de una demanda transversal. Por un lado, el senador Núñez del Partido Comunista, y por otro el senador Coloma de la UDI. Es una agenda que hicimos propia, y hemos tenido conversaciones durante estos meses respecto al diseño.

- ¿Quiénes lideraron la confección de este proyecto?

En términos generales, ha sido trabajado desde el Ejecutivo, y han estado involucrados Hacienda, Vivienda y Economía. Esto ha sido muy rápido. El compromiso nuestro fue durante el último trimestre del año, y logramos armar el diseño grueso en diciembre. Yo he tenido conversaciones en ese proceso, tanto con el senador Núñez (PC) como con el senador Coloma (UDI).

- ¿Ha faltado comunicar mejor los avances que ha tenido el gobierno?

Los hemos comunicado, pero este ministerio aborda muchos y diversos temas. Hemos tenido dos o tres años en que la situación de las empresas de menor tamaño ha sido súper dura, han tenido un problema tras otro, y existe una demanda por solucionar la gran mayoría de los problemas rápidamente, y eso es entendible. Hacemos nuestro mayor esfuerzo por ir lo más rápido posible.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, participó junto al ministro Grau, en una reunión con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña. En la instancia, el exsenador dijo no estar “en condiciones de cuantificar el impacto” de la medida, “pero creemos que esto es un estímulo para que, en general la actitud de las personas compran su primera vivienda, recalculen sus posibilidades, porque muchas han quedado fuera al no tener posibilidad de pagar el pie completo”, dijo el secretario de Estado.

Por su parte, Vicuña sostuvo que el proyecto “va en la línea correcta de impulsar las inversiones y reactivar la economía”. Si bien dijo estar “en una primera etapa de conocer la iniciativa”, expresó su voluntad de que los senadores “puedan incorporar un mecanismo para implementar este fondo, que resulte claro, transparente y que, sobre todo, beneficie a un amplio sector de empresas para seguir operando y dando empleo, y de personas que quieren alcanzar el sueño de una vivienda propia”.

Según estimaciones preliminares del gremio, unos 24.400 futuros compradores de viviendas podrían beneficiarse del Fondo de Garantías Especiales.