Antes de que termine este mes, el gobierno ingresará la ya anunciada indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, actualmente en segundo trámite legislativo en el Senado.

En el Ejecutivo reconocen que lograr su aprobación en el Congreso no será tarea fácil, aunque la apuesta es que sea ley antes de que termine el mandato de la actual administración.

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, cuenta que el documento está en proceso de ser firmado por los demás ministerios. Para este año, el sacar adelante la cartera de proyectos concesionados por más de US$ 3.000 millones y las modificaciones al Código de Aguas serán los grandes desafíos del MOP.

Con esto último, asegura el ministro, buscan hacerse cargo del problema de escasez hídrica que se ha agudizado. "Muchos de estos desafíos pudieron haberse abordado para atrás. Había un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, tanto de aguas superficiales como subterráneas, y esa es una falla de las políticas públicas en materia hídrica. Y, en consecuencia, creemos que esta reforma está llegando tarde, una razón más para tramitarla con rapidez", comenta.

¿Qué es lo que cambia?

-El proyecto que está hoy en el Senado, que fue enviado por la Presidenta Bachelet, se centraba en modificar el régimen de derechos de agua, pero nosotros pensamos que para efectos de lograr estos objetivos de asegurar la disponibilidad de agua para consumo humano, que es prioritaria, y de crear mejores incentivos para la conservación, y dotar al Estado de mejores instrumentos para administrar la escasez de agua, hay mejores vías que limitarse a modificar el régimen de derechos de agua.

Por eso, estamos planteando en la indicación la obligación de la Dirección General de Aguas (DGA) de elaborar planes estratégicos de gestión de recursos hídricos. Hay 101 cuencas en Chile, es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero la idea es que en los próximos tres años al menos se hagan planes de las 30 cuencas más prioritarias.

Nuestra indicación sustitutiva también entra en el manejo de los acuíferos subterráneos. Si bien hay normativas que se han ido generando a nivel de reglamento, eso no está hoy en la ley, y esos son el tipo de instrumentos que se requieren para declarar agotamiento de fuentes, zonas extraordinarias de sequía, medidas de redistribución o reducción de las extracciones, tanto de los acuíferos subterráneos como de las captaciones de los ríos.

También estamos creando un panel de cinco expertos, independientes de la DGA, que sean quienes aprueben las medidas que tome la DGA en esta materia.

Además, tal como estaba en el proyecto del gobierno anterior, estamos priorizando el consumo humano, pero hay que tener en cuenta que es solamente el 12% de los usos del agua.

Los problemas que hemos detectado es que más que un tema de legislación, es de gestión, de invertir suficientemente en sistemas de agua potable rural, y por eso en el gobierno del Presidente Piñera tenemos un programa muy ambicioso de inversión y, en segundo lugar, de adoptar medidas para que tengan agua suficiente.

Eso exige que el Estado, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, compre derechos de agua cuando falten esos derechos, que es lo que estamos haciendo en Petorca, y que tenga la disposición aplicando la legislación actual, de expropiar derechos de agua si es que no se los venden, porque hay faltas.

Hay preocupación de que se pierda el foco respecto de que el consumo humano es prioridad, ¿cómo esta indicación la va a asegurar?

-Pienso que no, en absoluto. De hecho, estamos manteniendo ese mismo planteamiento que está en el proyecto del gobierno anterior, pero apoyándolo con los planes estratégicos, que tienen que definir la necesidad de consumo humano como prioritaria, y con toda la batería de instrumentos a disposición del Estado, concretamente de la DGA, y con la participación del panel de expertos para aplicar, en casos de escasez de agua, siempre el consumo humano primero.

Ahora, también estamos haciendo modificaciones destinadas a hacer la conservación del agua una prioridad. Eso, a través de la creación de la figura de los derechos de aprovechamiento de agua que son para conservación.

Que esté la posibilidad de que privados, ONG, e incluso el Estado, constituyan derechos de agua para la conservación, ya sea que les den ese carácter a nuevos derechos o a los derechos que hoy tienen, y también la posibilidad de que se puedan constituir reservas de agua de oficio.

Hoy, la DGA puede denegar un derecho de agua para mantener esa agua como reserva, pero no puede tomar ella la iniciativa.

La certeza jurídica de los derechos de agua ha sido un tema muy discutido, porque la anterior reforma le quitaba perpetuidad. ¿Qué harán en esa materia?

-Nosotros creemos que es un error quitarles certeza jurídica a los derechos de agua.

¿Qué repercusión puede tener?

-La certeza jurídica es lo que permite que los agentes económicos, personas o empresas, puedan beneficiarse si ahorran agua. Y precisamente para dar los incentivos adecuados para el buen uso del agua, es que tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos del agua va a seguir siendo dueño.

Mantenemos lo que existe hoy, que es la duración indefinida de los derechos de agua y la transferibilidad de ellos, pero hacemos una modificación en cuanto a que los nuevos derechos en el momento de otorgarse sean por licitación o remate, a diferencia de lo que ocurre hoy de que se otorgan gratuitamente, salvo que aparezca algún oponente, porque solo en ese caso hay remate.

Y estamos replicando lo que venía en el proyecto del gobierno anterior en cuanto a aumentar la tasa de la patente por no uso, de manera que va a multiplicarse por dos la patente cada cinco años en caso de no uso.

Eso crea un incentivo muy importante, que ya está operando en parte. Hoy son cinco años sin pago, eso se mantiene, y después comienza a aumentar, pero dependiendo del tipo de uso, aumenta por un factor bastante menor que dos.

Este es un buen instrumento para que no haya un acaparamiento de derechos de agua que no se van a utilizar y que se acapare simplemente por razones especulativas. Pero también estamos mejorando los mecanismos de cobranza de las patentes, porque hay bastante mora.

¿Cómo se va a asegurar eso?

-Hay modificaciones legales para asegurar que no suceda lo que ocurre hoy, que, por ejemplo, para el año 2017 estimamos hubo US$ 70 millones de patentes por no uso que debieron haberse cobrado y no fueron cobradas.

Y eso, ¿por qué no se fiscalizó ?

-No se fiscalizó bien. Pero independiente de eso, estamos reforzando los equipos fiscalizadores.

¿Por qué optan por seguir un camino distinto en esta materia en lo relativo a la perpetuidad de los derechos?

-Esta reforma mantiene y fortalece la prioridad en cuanto a conservación, mantiene el objetivo que planteaba la reforma anterior en cuanto a no afectar los derechos ya constituidos, que si bien en nuestra opinión los afectaba, creemos que esta reforma sirve mejor el objetivo planteado por el gobierno anterior de no afectarlos.

Respecto de los nuevos derechos, el gobierno anterior se iba por acotarlos en su plazo de duración, sistema que creemos es inconveniente, por cuanto el plazo, incluso si es relativamente largo, como de 30 años, a poco andar uno empieza a acercarse al año 30 y ya entonces es muy corto el tiempo que queda como para, por ejemplo, hacer una nueva plantación frutal.

Pero, además, tiene una enorme dificultad de fiscalización, porque se hace muy engorroso, es un mecanismo poco práctico.

-En torno a 18 mil empleos directos calcula el ministro de Obras Públicas que generarán las obras concesionadas que se llamarán a licitación este año. Una cartera ambiciosa, que incluye tres hospitales, aeropuertos y la primera relicitación de la Ruta 5 Sur. También pondrán prontamente en consulta pública cambios al reglamento de iniciativas privadas para agilizar su tramitación y mejorar los premios.

¿Cuáles serán las novedades este año en materia de proyectos de concesiones?

-Estamos con un plan de licitar más de US$ 3 mil millones este año, por lejos el monto más alto que se ha licitado en la historia de esta ley.

¿Cuál será el primer llamado a licitación de este año?

-El primer grupo de hospitales, Cauquenes, Constitución y Parral, que está pensado para marzo. El siguiente es para la segunda concesión del tramo Talca-Chillán, en mayo o junio, que es de crucial importancia, porque es la primera relicitación de la Ruta 5 Sur.

Para el tren a Valparaíso la empresa ingresará la iniciativa privada. ¿Qué prioridad se le dará a este proyecto?

-Una vez presentada esa iniciativa vamos a, con gran celeridad si es que viene con toda la información, proceder a la tramitación de manera de otorgar el carácter de interés público. Nos parece una iniciativa en principio interesante, tenemos que estudiarla en detalle, pero el objetivo de unir por ferrocarril Santiago con Valparaíso nos parece muy valioso.

Respecto del Félix Bulnes, ¿la gente tendrá hospital este año?

-Altamente probable, el hospital está muy cerca de ser terminado. El incentivo para terminarlo es muy alto, porque mientras no termine no hay por parte del Estado ningún pago al concesionario, a mí todo eso me hace pensar que es probable que concluya prontamente. Estamos monitoreando de cerca para asegurar que la concesionaria cumpla con sus obligaciones.

Una de ellas es la puesta en servicio provisorio antes de finalizar el mes, ¿cumplirán?

-No tengo antecedentes para anticipar eso, hay que esperar que lleguemos al 31 de enero para lo cual faltan unos pocos días. Si no llegaran serían aplicables las multas. No es inusual que obras de esta magnitud, que son siempre complejas, se atrasen, obviamente es lamentable.

- "Ninguna obra de esta magnitud, US$ 700 millones, y de tanta relevancia social, es fácil", es lo primero que dice el ministro en relación al Puente Chacao.

No ha sido fácil su construcción. ¿Cómo está la relación con la empresa?

-Que una obra de esta naturaleza tenga complicaciones no me sorprende en absoluto. Todo el proceso de diseño ha demorado, esta es una obra que se adjudicó al término del gobierno anterior del Presidente Piñera y durante todo el gobierno anterior estuvo básicamente en diseño, y por eso hemos acordado una extensión del plazo de 31 meses, que todavía tiene que ser sancionado por la Contraloría.

Se extendió el plazo de construcción, pero se descartó la entrega de recursos adicionales. ¿Eso no generará problemas a futuro?

-Ellos han hecho ese planteamiento y eso lo estamos analizando. Estamos en un proceso de conversación permanente con ellos para ver qué argumentos tienen.

¿Entonces no se descartan mayores recursos?

-El contrato es de suma alzada, así que solo si hay condiciones muy específicas de cambios de la naturaleza o de las especificaciones que están contenidas en el contrato sería aceptable una modificación de esa naturaleza.

Esto es muy habitual en todo tipo de contratos que son a suma alzada; es muy habitual que haya diferencias a lo largo del proceso de construcción, y después, entre el Ministerio de Obras Públicas y el contratista. Lo importante es que esas diferencias de opinión en absoluto inciden en la marcha de la obra.

¿Tienen alguna última estimación de cuál será el costo total de la obra? Se habla de que ya bordearía los US$ 1.000 millones.

-Nosotros estamos trabajando con los US$ 700 millones, que son los que corresponden al contrato original. Y como digo, estamos analizando los argumentos que nos han dado, porque ellos consideran que el proyecto tiene un aumento de inversión imputable a un cambio del proyecto.

Ahora, las otras variaciones que no son producto de un cambio en el proyecto, sino que variaciones en los costos de construcción u otras características, obviamente son parte de los riesgos de cualquier proyecto de esta naturaleza.