Termina el año, uno donde la economía tuvo un protagonismo relevante en la discusión pública, como pocas veces.

Es preciso celebrar que todos los sectores políticos, sin excepción, volvieron a preocuparse del crecimiento. Ese es un buen punto de partida para instalar una buena discusión, pero que necesariamente debe renovarse y basarse en datos reales, en las investigaciones. Esto aplica en el debate tributario, previsional y laboral, pero también en modernización del Estado, una conversación que está pendiente y que debe ser abordada en 2019.

En ese sentido, un estudio denominado "Gestión de Personas en el Estado", surgido gracias a una instancia conformada por un grupo transversal de centros de estudios, que tiene como foco mejorar la gestión de personas en el Estado y atraer y retener talentos, propone un cambio al sistema de los asesores de las autoridades políticas.

El informe, si bien no cuestiona el que las autoridades cuenten con un equipo de confianza, señala que es preocupante el aumento en el número de contrataciones, la discrecionalidad de sus funciones y responsabilidades, y las distorsiones que generan en un Estado que busca más profesionalismo en sus trabajadores.

La idea del Centro de Estudios Públicos, Chile 21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo es crear una categoría especial para los asesores, para distinguirlos de los funcionarios de carrera.

Así, estiman transparentar quiénes son asesores y quiénes no. Asimismo, indica que "se debe fijar un límite en el número de asesores", lo que es aplicable tanto a servicios como a ministerios. Este límite se establecería por vía presupuestaria.

Es una buena alternativa para analizar, pero también se requiere avanzar en modernizar el aparataje público. El nivel de trámites, la digitalización y ponerse al día con la regulación para enfrentar la nueva economía son fundamentales.