El gobierno pronto enviará al Congreso el proyecto de ley que implica dar una mayor institucionalidad al Consejo Fiscal Asesor.

El objetivo del CFA es colaborar, a solicitud expresa del ministro de Hacienda, en la discusión, análisis y emisión de recomendaciones en materias relacionadas con la determinación del balance cíclicamente ajustado.

Dentro de los cambios que pretende llevar a cabo el gobierno destacan que su designación recaiga en el Presidente de la República, para luego ser ratificado por el Senado. Los consejeros deberán dedicar 22 horas semanales a estas labores, mientras que contarán con financiamiento propio y staff técnico.

Se debe reconocer que esta figura, tanto la actual como la que se pretende instalar, resulta extraña. Primero, ¿por qué se requiere una contraparte?

Es cierto que existen en otros países entidades similares, pero ¿no son las autoridades suficientemente capaces o creíbles? ¿Por qué no se necesitan instancias similares para todos los ministerios?

Dicho lo anterior, si es que el país decide que es necesario contar con una contraparte a Hacienda en materia fiscal, debiera tener mayores atribuciones que las actuales, o derechamente entregarle esa labor a una entidad autónoma y con alta credibilidad como es el Banco Central de Chile. No tienen las facultades para inmiscuirse en el fondo de las problemáticas, que dice relación con el nivel de gasto del fisco, más que de una regla fiscal con una meta que ha demostrado estar sujeta a un constante cambio, dependiendo de los números con que se encuentre la autoridad entrante.

Esta instancia termina validando o haciendo alguna observación a una metodología presentada por el gobierno. De hecho, toda esta polémica por el Consejo Fiscal Asesor se produjo por una diferencia de 0,2 punto en el déficit estructural.