Al cierre de 2022, los indicadores del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) evidencian un declive en la actividad de tramitación de proyectos en el país. La plataforma, administrada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -entidad encargada de tramitar iniciativas que buscan una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable- detalló que durante el año pasado ingresaron 634 proyectos de inversión, los que sumaron US$41.200 millones. El monto es el monto más bajo de los últimos cuatro años. En 2019, se contabilizaron 791 proyectos por US$ 55.615 millones.

Al mismo tiempo, el registro consigna que en 2022 se aprobaron 361 iniciativas que sumaron en total US$15.047 millones, cifra que es corresponde a la inversión aprobada más baja en los últimos 14 años. Desde 2008 -en plena crisis subprime- que no se registraba un monto tan bajo de inversión aprobada ambientalmente. La crisis financiera internacional de 2008 tuvo su origen en el problema de las hipotecas subprime de EE. UU. y se extendió después a la economía global.

Los cinco proyectos de inversión aprobados más costosos bajo el SEIA en 2022 fueron el aumento de capacidad y optimización producción Planta de Litio Carmen (SQM Salar); la concesión Américo Vespucio Oriente II (AVO II); el Parque Fotovoltaico Pauna Solar (Pauna Solar SpA); la optimización de la Planta Solar Sol del Loa (Sol del Loa SpA) y la Extensión del botadero de ripios el área de la pila dinámica de lixiviación, de Minera Escondida. Todos ellos sumaron una inversión de US$3.147 millones y representaron el 21% del total de las iniciativas ingresadas el año pasado.

El ex director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Troncoso, dice haber seguido varios proyectos en el SEIA, pero no ha observado sesgos ideológicos en la tramitación ambiental de iniciativas de inversión.

“Lo que he visto con mucha frecuencia es carencia de rigurosidad técnica y jurídica en las revisiones y análisis que hacen de las DIAs y de los EIAs los diversos servicios públicos que participan de los procesos de evaluación ambiental. También se observa, en el ámbito de la instancia colegiada que resuelve la calificación ambiental de los proyectos, una ausencia muy evidente de motivación o argumentación de los votos que emiten a favor o en contra de la propuesta de aprobación o rechazo que realiza el SEA, en los Informes Consolidados de la Evaluación Ambiental de los proyectos de inversión, estando estas autoridades obligadas a motivar sus decisiones”, acotó.

Por su parte, el ex ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, también en la segunda administración de Bachelet, cree que “hay un razonamiento que confunde. Si bien se dice que es un gobierno de izquierda, desconfía de los pronunciamentos de los servicios públicos si estos no son coincidentes con los que dicen ‘las organizaciones del territorio’. Creo que hay una desconfianza infundada con algunas iniciativas privadas”.

“Creo que, más que cuestiones ideológicas, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) está tratando de fortalecer la evaluación ambiental, lo que se ha traducido en mayores exigencias para los proyectos. Esto genera incertidumbre en un primer momento, mas aún en un contexto de crisis económica, pero debiera ir decantando hasta lograr un equilibrio. En este sentido, se nota un esfuerzo de la actual administración para uniformar criterios y generar instancias de relacionamiento”, añadió Rodrigo Ropert, senior counsel de Aninat Abogados.

Jaime Solari, presidente ejecutivo de la consultora ambiental SGA se mostró mas crítico y sostuvo: “La cadena de WhatsApp para rechazar un proyecto inmobiliario (Eco Egaña de Fundamenta) demostró que hay autoridades políticas que actúan sin fundamento técnico, solo basadas en sus prejuicios políticos”.

“Tenemos también el caso del gobernador de Antofagasta, que se autorreconoce como antiminería y que obstaculiza la aprobación de los proyectos mineros en la región. En el ministerio de Medio Ambiente hay una oficina de Transición Ecológica Justa, o sea, una oficina ideológica al servicio de una causa que no es conocida de la población o de los inversionistas”, concluyó.

El académico de la Universidad Católica, Jorge Femenías, agregó que ”dado que en su mayoría son autoridades nuevas y con poca trayectoria previa en posiciones relevantes en el mundo ambiental, desconozco si existe una posición ideológica que genere el efecto que me comentas. Sin perjuicio de ello, por ejemplo, tengo plena certeza de que la Directora del SEA es una académica y una profesional del más alto nivel y por lo tanto no me cabe duda de que las decisiones que ella adopte están fundadas exclusivamente en criterios técnico rigurosos y no en consideraciones políticas o ideológicas”.