Ante el contundente triunfo de “Apruebo” y “Convención constitucional” en el plebiscito de ayer, las agencias de clasificación de riesgos Moody’s y Fitch plantea que la incertidumbre políticas asociadas al proceso no serán positivas, desde el punto de vista de los inversionistas.

“Los cambios materiales en el marco legal incorporado en la constitución podrían afectar negativamente tanto el sentimiento de los inversionistas como las tendencias de gasto del gobierno”, asegura Moody’s, mientras que en la competencia Richard Francis, analista que da seguimiento a la calificación soberana de Chile, señala que tanto la escritura de una nueva carta magna como la serie de elecciones del próximo año “podrían frenar las perspectivas de inversión y recuperación económica”.

En Fitch además se comparte la proyección de presiones adicionales sobre el gasto fiscal, a lo que Francis agrega la posibilidad de que se “pospongan los ajustes fiscales estructurales que serían esenciales para estabilizar la deuda con respecto al PIB”. Afirma, en todo caso, que todos esos riesgos están incorporados en la rebaja de calificación soberana que aplicó el 15 de octubre pasado.

Por su parte, aunque Moodys parte por destacar los riesgos a mediano plazo antes señalados, en un informe recién difundido, reconoce que no se trata de su escenario base. Este más bien proyecta que “la probabilidad de cambios institucionales importantes y fundamentales es de baja a moderada".

Lo anterior, debido a que consignan que “existe un amplio apoyo público para preservar elementos clave del modelo económico de Chile, como los mercados libres, los derechos de propiedad privada y la independencia del banco central”.

De esta manera, el informe elaborado por el equipo que lidera Ariane Ortiz-Bollin, analista de la calificación soberana de Chile, explica a sus clientes que “el resultado del proceso reflejará las opiniones de la mayoría del órgano constitucional porque al menos dos tercios de los miembros redactores necesitarían aprobar la constitución”.

Dicho esto, Moody’s recalca que “existe el riesgo de que la convención constitucional pueda establecer prioridades de política que son fundamentalmente diferentes de las que existen actualmente”. En ese marco anticipa que la convención podría “impulsar la expansión significativa de los derechos sociales garantizados”, lo cual conducirá a aumentar el gasto gubernamental por “mandato constitucional”.

Adicionalmente, esta última agencia indica que se podría llegar a “definir un papel más activo del gobierno en la economía, lo que podría conducir a un aumento material de las regulaciones que tendría un efecto perjudicial sobre la inversión privada y la competitividad”.