Luego de la quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) y el documento levantado por la Cámara Chilena de Construcción (CChC) sobre el adeudamiento que tendría el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con la firmas del rubro, el titular de la cartera, Juan Carlos García, justificó los retrasos en los pagos indicando que tanto el sector público como privado tienen el desafío de mejorar en los procesos para avanzar en este tema.
De acuerdo a lo que señaló la CChC en un informe publicado por Pulso, el MOP estaría debiéndole $4.685 millones a seis empresas por 12 proyectos, de los que cinco están todavía en ejecución. Imaco Ltda., Consorcio Imaco Aires del Sur, Sicomaq SpA, Conpax, Bitumix S.A. y CVV –actualmente en liquidación– serían las constructoras implicadas.
Sobre esto, el ministro de Obras Públicas enfatizó en que el listado “es parte del proceso de trabajo continuo que tenemos con la CChC, porque justamente con ellos estamos viendo las diferentes alertas que levantan por parte de la industria, y nosotros hacemos la verificación de ello”.
En esta línea y en entrevista con radio Duna, García explicó respecto de lo revelado que efectivamente hay pagos pendientes, sin embargo, defendió que estos no se han podido iniciar “porque las empresas no han tenido las boletas de garantía bancarias para poder resguardar ese pago”.
Además, el titular del MOP aclaró el contexto de la deuda que aparece entre su cartera y Claro Vicuña Valenzuela. “Lo que no dice es que nosotros le anticipamos, por uno de los contratos debidamente resguardados, 8 mil millones de pesos, que es lo equivalente a lo que se le debe”, aseguró.
En este sentido, Juan Carlos García recalcó que, en las condiciones óptimas, el ministerio está operando dentro de los plazos. “Todo lo que corresponde al pago habitual de un contrato sin modificaciones, como Ministerio de Obras Públicas, más del 90% de esos pagos son en menos de 15 días. Sin embargo, ¿dónde está la dificultad y el desafío que tenemos como Estado? Cuando hay una modificación de contrato, los permisos que requerimos se extienden más de necesario”, dijo.
Así, el ministro indicó que este problema debiese ser el puntapié para impulsar cambios. “Estas crisis nos hacen ver que tanto el sector público como el sector privado tenemos que dar pasos para modernizarnos, para tener una mejor productividad. Esto es un desafío conjunto para que las obras lleguen a la ciudadanía, que es nuestra principal prioridad”, dijo el secretario de Estado.
Apoyo al sector
El ministro de Obras Públicas fue enfático en plantear que el gobierno está actuando en pos de generar una reactivación económica “sostenida y enfocada en la ciudadanía” que ayude al rubro de la construcción. “Nos hacemos cargo de estos problemas y no andamos responsabilizando a administraciones anteriores”, sostuvo.
En esta línea, aseguró que se han tomado “medidas inéditas”, como el hecho que el 90% de los contratos impulsados desde septiembre en adelante tienen una figura de reajuste en función del valor de los materiales que tiende al alza.
“Estamos evaluando medidas responsables con el Ministerio de Hacienda para los contratos que están en curso. Medidas que no son para salvar empresas, son para salvar contratos que puedan estar hoy en un riesgo de no cumplimiento y a raíz del alza de los materiales, y que nos permitan junto a las empresas, terminar las obras”, afirmó Juan Carlos García, quien planteó que estos planes no se deben a la situación particular de CVV, sino que forman parte de las iniciativas en las que el gobierno trabaja desde su inicio.