Insuficiencias técnicas y de forma del proyecto de ingeniería definitiva presentado por la concesionaria. Esos fueron los argumentos que presentaron los abogados del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que solicitaron al Panel de Concesiones que rechace las acusaciones del concesionario del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago.

La firma recurrió a la instancia técnica para exigir extensión en plazos de las obras y advierte sobrecostos debido al atraso de revisión del diseño durante la anterior administración.

El 30 de mayo pasado, el concesionario del Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez, Nuevo Pudahuel, conformado por Aéroports de Paris, Vinci Airports y Astaldi Concessioni, recurrió al Panel Técnico de Concesiones y abrió una nueva disputa con el MOP ante esa instancia, acusando que la cartera no ha dado fiel cumplimiento al contrato, debido a que el proceso de revisión y aprobación de la ingeniería definitiva del proyecto se ha desarrollado fuera los plazos establecidos, lo cual ha repercutido en una atraso importante de la construcción y cuantiosos sobrecostos. Por esta razón, solicita una extensión en los plazos de la construcción para las diferentes fases que contempla el contrato y estima que dado el atraso de las obras, la apertura del recinto en su totalidad será en junio 2021. De acuerdo con el contrato de concesión debiera estar terminado en su totalidad en noviembre del año 2020.

Pero el MOP rechazó cada uno de los planteamientos de Nuevo Pudahuel. Señala que la solicitud formulada por la empresa concesionaria debe ser rechazada, pues si bien reconoce que ha existido un retraso en el proceso de desarrollo y revisión del proyecto de ingeniería definitiva, este ha sido consecuencia del propio actuar de la empresa.

Acusaciones. En concreto, el MOP plantea que fue la concesionaria quien no cumplió adecuadamente sus obligaciones al presentar un proyecto de ingeniería definitiva que "no cumplió las condiciones de suficiencia, completitud y calidad técnica" establecidos en el contrato. Dicha situación, argumenta, "tuvo como consecuencia el entorpecimiento y la dilación del proceso de presentación, revisión y aprobación del proyecto".

En primer lugar, los abogados del MOP, Pablo Muñoz y Franco Ortega, relatan que el 2 de agosto de 2016 el inspector fiscal no aprobó el inicio de las obras solicitado por Nuevo Pudahuel por no encontrarse aprobadas las pólizas de seguros (de responsabilidad civil y de catástrofe) necesarias para dar el vamos a la construcción. "El retraso en el inicio de la construcción de las obras no se debió al supuesto retardo que imputa la concesionaria al MOP en el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva. Dicho retraso se debió a que la concesionaria no contempló en su planificación, la obtención de la aprobación de las pólizas de seguro para tramitar el inicio de la construcción de las obras", explicaron los abogados del ministerio al panel.

En esa línea, el MOP asegura que recién el 4 de noviembre de ese mismo año el inspector fiscal autorizó el inicio de las obras, sólo cuando dichas pólizas se habían aprobadas, tal como lo exige el contrato. "En resumen, el inicio de la construcción no estuvo supeditado a la aprobación del proyecto de ingeniería definitiva, pese a todos los problemas de presentación y calidad del mismo, ni a la aprobación del programa de obras", se indica.

Por otra parte, el MOP se defiende y agrega que hubo dificultades en la revisión del proyecto de ingeniería por la forma en que la empresa lo planificó y entregó. Esto, dice el ministerio, no "facilita la revisión de los antecedentes por parte del MOP".

En cuanto a las insuficiencias técnicas, el ministerio indica que una constante en todo el proceso de revisión, fue la entrega incompleta de los proyectos. Esto, plantea, generó una ineficiente utilización de los recursos de revisión. "Una de las principales deficiencias que se han reiterado en el proceso de elaboración del proyecto de ingeniería definitivo y una de las mayores trabas para una revisión eficiente, fue la mala calidad de las memorias de cálculo estructural, o incluso la falta de estos documentos en las entregas a revisión", se señala.

"El MOP esperaba que la concesionaria fuera lo suficientemente diligente, como ella misma se autocalifica en esta discrepancia, a la hora de presentar a revisión los proyectos", añade el texto.