Luego de meses de incrementos en el precio del dólar y los combustibles -lo que disparó los valores de los materiales y elevó los costos de la construcción- los efectos son evidentes en el sector. Así lo reclama la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), gremio que ha solicitado medidas para paliar la crisis del rubro.
Justo después de la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela (CVV), la gremial levantó un documento que reveló el adeudamiento que tendría el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con las empresas constructoras. En esta línea, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, ambas partes expusieron soluciones y requerimientos para abordar el problema.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, afirmó que el incremento de los precios de la construcción data desde enero de 2021; sin embargo, las dificultades vinieron en el noveno mes de ese año. “En septiembre se generó un desacople entre el IPC y el alza de los materiales, lo que generó una gran repercusión a la industria tanto en el sector público como en el privado”, explicó en sesión de la comisión de Economía de la Cámara.
El titular del MOP señaló que la principal dificultad que enfrenta su ministerio está en los 96 contratos de obras que han sido abandonados, cifra que representa un 5,8% del total de los contratos. Además, García indicó que hay otros 95 calificados como “en riesgo”, que involucran a 87 empresas del rubro.
Por este motivo, el ministro fue enfático en plantear que se ha hecho un seguimiento permanente desde marzo de 2022, “que nos ha permitido tomar decisiones progresivas con el objetivo principal de que los contratos de las obras públicas puedan terminarse, y en el caso lamentable de los que fueron abandonados, puedan retomarse en un plazo lo más breve posible”.
Sobre este “complejo escenario para la edificación pública”, el jefe de Obras Públicas señaló que se están tomando “medidas inéditas” dentro de las que figuran reajustes en los contratos en función del valor de los materiales, convenios con BancoEstado para mejorar las condiciones con los contratistas e incluso ajustes retroactivos que “se aplica desde el 1 de septiembre del año pasado –que es el momento en que se desacopla el IPC y el alza de los materiales–con una serie de condiciones base. Es una medida acotada, responsable, que preliminarmente estimamos puede costar $150 mil millones de pesos y que no pone en riesgo los contratos”, explicó García.
Además, el ministro recalcó que la licitación de los contratos correspondientes al presupuesto de este año continuará para generar condiciones de seguridad para 2023. Según indicó, “hay que aprovechar esta crisis para retomar la agenda de productividad que nos permita tener como MOP un salto cualitativo respecto a la gestión de los contratos con respuestas más rápidas, sobre todo cuando corresponda a modificaciones”.
“Hoy tenemos el presupuesto más alto como ministerio en su historia, un 12% mayor que en los años anteriores, lo que ha significado un esfuerzo adicional para asegurar una adecuada ejecución presupuestaria en un momento donde las condiciones son bastante adversas para el mundo de la construcción”, sostuvo Juan Carlos García.
Reclamos de la CChC
Pese a que las medidas que expuso el MOP fueron valoradas desde la CChC, el gremio señaló que esto no sería suficiente.
Representados en la comisión por el expresidente de la asociación, Sergio Torretti, el gremio señaló que “producto de la pandemia, inflación, alza de costos de materiales y otras causas, nuestras empresas han tenido que enfrentar un alto número de procesos de reorganización judicial y liquidación de activos”.
Sobre esto, afirmó que en la búsqueda de soluciones “hemos detectado algunos nudos críticos que creemos necesarios abordar y resolver con mucho sentido de urgencia. Estos dicen relación con los permisos, autorizaciones y procedimientos administrativos, con permisos ambientales, patrimoniales y hallazgos arqueológicos, con procesos de pago, tramitaciones de decretos presupuestarios, con la liquidación de los contratos, con cambios de servicios, expropiaciones, pólizas de garantías, entre otros”.
Con el fin de producir el menor impacto posible en el sector y la economía del país, la CChC señaló que el MOP, más allá de abordar el alza de materiales, debiese trabajar en temas administrativos. “Cuando se trazan los proyectos y demoran más allá de lo necesario, implican financiamientos más largos y problemas en el sector financiero, y eso tiene muchas veces que ver con, por ejemplo, lo ambiental y cambios de criterio”, señalaron.
Además, a la espera de una pronta reacción, la gremial solicitó con urgencia –en línea con lo señalado por el listado de adeudamiento del MOP elaborado– que los pagos se realizaran oportunamente, ya que acusaron que se terminará por afectar también el sector financiero. “No es porque no haya negocio, sino porque no hay caja. Los bancos no aportan cuando hay problemas de este tipo”, sostuvo Torretti en la Comisión de Economía.
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