Desde 2006, los titulares de derechos de aprovechamiento de agua que no utilizan el caudal que se les asignó deben pagar una patente anual. Desde entonces, el Fisco ha recaudado por este concepto US$315 millones, dineros que son distribuidos en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los municipios y el presupuesto general de la nación.
No obstante, el monto percibido podría ser aún mayor. Esto, porque no todas las personas y empresas que deben pagar dicha patente -a más tardar en marzo de cada año- cumplen con este impuesto. Así, en los primeros 12 años de vigencia de este tributo, la morosidad de patentes por no uso de derechos de agua sumó US$205 millones.
Según datos aportados vía Ley de Transparencia por la Tesorería General de la República, que es la encargada de recaudar estos tributos, en 2018 los pagos por el no uso de derechos alcanzó los US$31 millones, de un total de US$90 millones cobrados. Es decir, el año pasado los impagos sumaron US$59 millones, con una morosidad que llegó a 66%, superior al 53% de 2017. Ese año, el Fisco recaudó US$51 millones de US$110 millones posibles, menos de la mitad.
En la última década los impagos se duplicaron. En el mismo período, se observa un aumento en el monto a pagar por patentes de agua, aunque esta suma cayó 9% (medido en UTM) en 2018 respecto de 2017. De acuerdo con las normas para el cálculo de las patentes, en los años 2017 y 2018 correspondió aplicar un factor multiplicador de 4, es decir, se cuadruplicó el valor a cobrar, para aquellos derechos de aprovechamiento cuyo período sin uso supera los 11 años. En paralelo, sucedió que durante 2017 y 2018 muchos derechos de aprovechamiento de agua, fueron objeto de renuncia por parte de sus titulares debido a alto monto de la patente por no uso que debían pagar.
Para el proceso 2019, según cifras de la DGA, el monto a pagar es de $72.154 millones a beneficio fiscal, pero se proyecta recaudar en torno a $31.184 millones.
Reforma
El 31 de enero el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados una indicación sustitutiva que modifica el Código de Aguas, y que busca, entre otros puntos, perfeccionar las características de la patente, así como también del procedimiento de cobranza.
Para reducir la tasa de morosidad, por ejemplo, se busca simplificar el procedimiento de cobranza y remate y se mandata a la DGA para la inscripción obligatoria de los derechos en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) correspondiente. Esto, porque no es posible notificar ni rematar los derechos de los titulares morosos al no estar inscritos en el CBR.
Esta práctica es la que dificulta que se pueda cobrar el 100% de las patentes cursadas. Por ello, se busca atacarla por la vía legal.
En el proceso 2018, por ejemplo, el 12% de los titulares de derechos que deben pagar patente, no estaban inscritos en el correspondiente Conservador. Y una de las dificultades es que, tanto la DGA o Tesorería General de la República, deben incurrir en investigaciones para determinar si el derecho está o no inscrito para poder proceder con el remate.
Oscar Cristi, director de la DGA, explica que la morosidad deriva, principalmente, "de los pocos instrumentos con los que cuenta el Estado chileno para lograr el cobro efectivo de las patentes impagas, el proceso judicial que se tiene que realizar para rematar derechos, por lo general toma muchos años". Dice que están trabajando en propuestas para mejorar la efectividad de la cobranza y eventual remate, como interconectar a la DGA con Tesorería General de la República para facilitar los procesos de intercambio y validación de información, que hoy se realizan manualmente, y para incorporar a la DGA en la cuenta única tributaria.
