Fue una multa histórica cuando a fines de 2018 la Superintendencia de Pensiones exigió a Provida pagar 5.000 UF ($141,6 millones de hoy) por malas prácticas de su fuerza de ventas.

Ahora el regulador volvió a cursar ese mismo monto, pero esta vez a AFP Modelo, pues la administradora en reiteradas ocasiones, entre 2018 y 2019, se negó a entregar información que le pidió el regulador.

Otras veces, cuando decidía dar los datos, era la misma AFP la que pretendía "determinar, dirigir y condicionar la forma en que permitirá el acceso a la misma", dice el documento de la Superintendencia de Pensiones, publicado el 27 de diciembre, donde detalla las razones de la sanción.

"Se tratan de infracciones gravísimas, ya que denotan práctica sistemática de entorpecimiento a la labor de esta Superintendencia, y que (...) el propio directorio de AFP Modelo tuvo conocimiento, avalando e insistiendo en su negativa de proporcionar información de la forma requerida por este Servicio", agrega el documento.

Es más, luego de producidos los hechos, el mismo regulador citó en septiembre de 2019 a una reunión al entonces presidente de AFP Modelo, Pablo Izquierdo. Sin embargo, el ejecutivo no llegó. También influyó en la multa que la AFP no mostró "colaboración ni antes o durante la investigación que determinó esta sanción".

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, explica que "cualquier actitud que atente contra una adecuada y eficaz supervisión de la Superintendencia de Pensiones debilita la fe pública y la confianza de las personas en el sistema de pensiones. Por esta razón, queremos dejar claro que esta Superintendencia no tolerará ninguna actitud de una entidad bajo su supervisión que debilite su capacidad fiscalizadora, la cual se ejerce con el fin último de proteger a los afiliados y su ahorro obligatorio".

Contactada la AFP, no se quiso referir a la multa.

Entre los documentos que Modelo rechazó entregar al regulador, está una copia del contrato que mantiene con BCI, sobre "Monto consolidado para manejo diario de cuentas". Modelo no lo entregó porque dijo que "se trata de información comercial o económica cuya divulgación podría afectar nuestros derechos".

La AFP también se negó a entregar declaraciones juradas que le pidió la Super para el SII sobre cuentas de ahorro voluntarias y de técnicos extranjeros. Modelo se escudó en que no podía entregar la información por la Ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, sin embargo, la ley expresamente permite al regulador manejar este tipo de datos personales.

En ocasiones, el regulador incluso solicitó la misma información a todas las AFP, y mientras las administradoras contestaban de inmediato la solicitud, Modelo se negaba, o le pedía a la Super que asistiera a su casa matriz a revisar la información en un computador.