Nicolás Donoso, gerente general de Colmena: “Sin cambios estructurales es posible un escenario en que las isapres quiebren”

Las aseguradoras de salud privadas o isapres llevan años quejándose de las judicializaciones que sus propios afiliados les hacen por el alza sostenida que año a año éstas le aplican a los planes de salud, incrementos que los justifican por la escalada de los costos de la industria.

Si a lo anterior se suma la pandemia del coronavirus y una reforma estructural al sistema de salud que aún no se concreta, las isapres estarían en la cuerda floja.

Al menos así lo plantea Nicolás Donoso, gerente general de Colmena, firma controlada por un fondo de LarrainVial cuyo principal aportante es el holding Bethia.

En entrevista con PULSO, el ejecutivo reconoce que las prestaciones ambulatorias han bajado 60% con el confinamiento, pero advierte que eso significará una futura mayor demanda, lo que pondría aún más en riesgo la sustentabilidad de esta industria.

El presidente de Colmena dijo, hace un poco más de un año, que no hay certeza jurídica en la industria de isapres. ¿Siguen pensando eso? y si fuera así, ¿por qué siguen en la industria?

-La incerteza jurídica no ha mejorado, incluso en algunos aspectos ha empeorado, porque se han introducido cambios a las reglas del juego sin tener una mirada integral de cómo debería configurarse el sistema hacia delante. Seguimos operando porque nuestro compromiso es con los afiliados y sus familias.

En marzo usted proyectó que si había 50 mil o 60 mil contagiados Covid por isapre, podría haber un impacto entre $200 mil y $300 mil millones para la industria. Ahora que se tienen más de 320 mil contagiados en el país, ¿ha cambiado ese cálculo?

-Las licencias médicas por coronavirus han tenido un tremendo efecto y las isapres hemos gastado mucho más en licencias versus años anteriores, sobre todo que ahora hay licencias preventivas. A nivel de sistema se han destinado cerca de $40 mil millones a financiar licencias por el coronavirus. Solo en Colmena hemos financiado más de 20 mil licencias por Covid-19, lo que tiene un efecto financiero importante. Hasta el momento de $3.700 millones por este concepto, más $3.200 millones en coberturas ambulatorias y hospitalarias asociadas. En tanto, las atenciones ambulatorias no coronavirus han bajado mucho, entonces los efectos se terminan compensando, temporalmente.

Entonces, los problemas de liquidez se están incubando para más adelante…

-El sistema isapres tiene un margen -de ganancias- muy estrecho. El año pasado fue cero y en el último tiempo ha oscilado entre -2% y 2%. Por lo anterior, hay que ser muy cuidadosos respecto a la sustentabilidad financiera futura, porque la salud de la gente que tiene isapres empeorará y requerirá las prestaciones de salud que se postergaron. Por otro lado, la situación económica de la gente impactará, lo que se ha visto en las desafiliaciones del sistema que han crecido en el último tiempo, lo que pone un mayor desafío a la estabilidad financiera del sistema porque, en general, las personas que se van tienden a ser sanas y jóvenes.

En relación a la migración del sistema privado a Fonasa. ¿Cuánto les ha impactado eso?

-Sí, nos ha pegado, el flujo de salida hacia Fonasa se ha duplicado de octubre a la fecha, cerca del 60% de las desafiliaciones se están moviendo a Fonasa. Sin duda, hay un componente económico que hace que la gente no pueda seguir pagando un plan de salud y no tengan otra alternativa más que migrar al sistema público.

Si no hay certeza jurídica y la situación financiera está en peligro, pareciera no ser una industria viable. ¿Cómo lo hacen para seguir?

-Hay tres pilares importantes. El primero tiene que ver con resguardar la salud de toda la población, por lo que hemos facilitado todos los procesos de atención al público de forma remota (incluyendo licencias médicas de forma no presencial). El segundo, tiene que ver con apoyar a las familias que están pasando por problemas económicos, donde hemos brindado a nuestros afiliados el acceso gratuito a los PCR, CAEC costo cero -100% de cobertura hospitalaria por coronavirus- y la postergación de la aplicación del alza de precios hasta noviembre de este año.

El tercer pilar es que los actores del sistema de isapres, como el gobierno y todos los actores involucrados, tenemos que pensar en la sustentabilidad financiera de largo plazo, por lo que es clave trabajar en una reforma estructural al sistema de salud, por ejemplo, poniéndole fin a las preexistencias y discriminaciones por sexo y edad a través de un fondo de compensación de riesgos, que haya un sistema que enfrente los aumentos de costos en salud de una manera estructural y con herramientas que lleven a que las personas tomen mejores decisiones y resuelvan sus problemas de salud preventivamente, para así mitigar los necesarios aumentos de precios, que por cierto, necesitan un marco jurídico distinto.

¿Si no se efectuara una reforma, no sería sustentable su negocio?

-Solo pensando en el incremento de las judicializaciones, este sistema está en una posición de estrés financiero y regulatorio. En el largo plazo no es factible tener un sistema privado de salud que no es capaz de reflejar en sus precios los aumentos de costos que tiene.

¿Cómo se sostienen financieramente?

-En Colmena, hasta ahora, hemos sido muy conservadores en la gestión de nuestro balance, por lo que hemos podido enfrentar estos desafíos sin necesidad de recurrir a más deuda. El sistema bancario está comprometido con las isapres, porque una buena parte de las garantías se financian a través de boletas de garantías. Eso ha seguido operando.

¿Han barajado vender la compañía o aceptar la entrada de un socio estratégico?

-Los accionistas y directores están siempre abiertos a alternativas que se puedan dar, pero por ahora no hay nada.

¿Por qué en un contexto de pandemia y crisis económica decidieron subir los precios de sus planes, lo que fue finalmente aplazado? ¿Esto muestra su desconexión con la gente, como lo acusó en su carta de renuncia Josefina Montenegro a la presidencia del gremio de las isapres?

-Esto no es un tema de voluntad. La ley regula un proceso anual de adecuación de precios que se tiene que informar el último día hábil de marzo de cada año, por lo que estábamos obligados a tomar esa decisión. Si se miran los resultados operacionales de la industria de isapres de 2019, el sistema tuvo una pérdida operacional de $25 mil millones.

Con todo esto, velando por la sustentabilidad financiera de largo plazo y el acceso a los beneficios que tienen las personas, es que se toma la decisión de adecuación de precios de marzo, cuando llevábamos un par de semanas de pandemia, lo que era una mala noticia y un mensaje difícil de transmitir en las circunstancias que el sistema y el país estaba pasando. Eso lo sabíamos, pero lamentablemente la ley tiene esas rigideces, no se podía postergar esa decisión. Por eso, al día siguiente, le enviamos una carta a la Superintendencia de Salud expresándoles nuestra voluntad de buscar algún mecanismo que alivie el bolsillo de las personas durante el período de pandemia y así se llegó al acuerdo de postergar el alza.

¿Es posible postergar la adecuación de precios de los planes para 2021?

-En Colmena estamos disponibles para conversar sobre distintos mecanismos que ayuden a aliviar el bolsillo de los chilenos, pero siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad del sistema en el largo plazo. Se pueden llegar a soluciones y estamos dispuestos, pero esas conversaciones con la autoridad más que de voluntades, no han avanzado más allá (…) Nunca hay que dejar de lado la necesidad de una reforma estructural al sistema.

¿Cómo evalúa la idea del ministro de Salud de limitarle las ganancias a las isapres?

-Lo que propuso el ministro en concreto tiene mérito, incluso hemos hablado con él en el pasado esa posibilidad. No puedo decir si es suficiente o no, porque para esto tiene que haber un marco jurídico estable definido y, por otro lado, tiene que ser validado por los jueces, la población y el regulador. Siempre vamos a preferir algún mecanismo estable, conocido, que dé certezas y permita planificar. Hay que ver eso en el contexto de una reforma completa.

Dada la presión financiera que tienen, ¿no sería descabellado pensar que quiebren las isapres?

-Ese es un escenario posible, y muy indeseable para la población en general, pero es posible pensar que en los meses o años que vienen, si el sistema sigue con este nivel de judicialización y sin cambios estructurales que aborden los problemas de base, es posible pensar que eso ocurra.

Cuando Josefina Montenegro renunció a la presidencia del gremio de las isapres, en su carta dijo que tenía miradas posiciones y formas de expresar distintas al resto de los representantes. ¿Está de acuerdo con esa visión donde ella dice que hay desconexión y falta de empatía?

-No. En el último año las isapres hemos estado empujando distintos cambios que van dando pasos en la dirección correcta, por ejemplo, en la cobertura de maternidad que se hizo universal.

¿Van a buscar a alguien con una mirada más alineada a la industria y que al parecer ella no tenía?

-Al menos bajo mi percepción, no creo que hayan existido tensiones de largo aliento, sino todo lo contrario. Ahora, mirando hacia adelante, sí diría que necesitamos una persona que pueda articular tres aspectos: una mirada técnica del sector y de cómo funciona para así poder proponer políticas y reformas que vayan en la dirección correcta, también alguien que tengan una capacidad de poder convocar y articular a diferentes actores tanto de la industria como de afuera y, por último, la habilidad de comunicar.

¿Cuánto les impactará el proyecto de postnatal extendido, considerando que la Asociación dijo que podría costar hasta $40 mil millones…

-El cálculo de los $40 mil millones yo creo que es correcto. Esto, asumiendo que el Estado de Catástrofe no se extienda, porque si no, sería mayor. En el caso de Colmena, y dejando por fuera algunos elementos técnicos, en órdenes de magnitud nosotros calculamos cerca de $10 mil millones en licencias para nosotros.