Fue un proceso que no estuvo exento de críticas por parte de las mismas dirigencias de los gremios representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas. La forma en que se negoció el salario mínimo no los dejó del todo conformes. Sin embargo, luego de varias semanas el Ministerio de Economía logró cerrar un acuerdo con un grupo mayoritario de ellos. Eso es lo que valora el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien destaca los cambios que se hicieron en base a la negociación que se tuvo con las mipymes: “Cuando uno hace partícipe de la política pública a quienes están cerca de la empresa, logra mejoras”.

El miércoles logró un acuerdo con la mayoría de los gremios de las pymes en relación al salario mínimo, ¿qué balance hace de ese proceso?

-El balance que hacemos tiene dos dimensiones. La primera, es que es un buen acuerdo para las pymes, en el sentido de que por primera vez existe una política pública que les ayuda a cubrir parte del aumento del salario mínimo. Eso es algo excepcional y es un subsidio que va directamente a la empresa. La segunda, es que el resultado del acuerdo, es un diseño distinto tanto en monto y en la forma a lo que teníamos originalmente, lo que demuestra que cuando uno hace partícipe de la política pública a quienes están cerca de la empresa se logran mejoras.

¿Qué fue lo que cambió del diseño?

-El principio general es el mismo y es que el subsidio cubra la parte del aumento del salario mínimo que está por sobre la inflación. Ese principio se mantuvo. La propuesta original tenía un diseño que lo hacíamos mes a mes, pero lo que se hizo ahora fue calcular cuánto es lo que tenía que ser el subsidio total para el año y en vez de que fuera variable lo hicimos estable. Entonces, en algunos meses estará por sobre la inflación y en otros por debajo, pero en promedio el subsidio para las mipymes cubre lo extra inflación, pero con un poco más de recursos. Hubo un aumento de los recursos que teníamos pensado inicialmente cuando comenzó la negociación el miércoles, y aún más grande de lo que teníamos pensado hace dos semanas. El costo inicial era en torno a $50 mil millones, y el diseño de ahora tiene un costo que está en torno a $60 mil millones.

El acuerdo con las pymes no dejó conforme a todos los gremios. ¿Recoge alguna de las críticas que hacen los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas?

-Como gobierno dijimos que la conversación con respecto al salario mínimo propiamente tal era con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Y estamos muy contentos de que el gobierno haya llegado a un acuerdo con ellos. Luego, una siguiente etapa era que el diseño del subsidio para las mipymes se conversaba con las distintas organizaciones del mundo de las empresas de menor tamaño. Ese fue nuestro diseño. Además, el proceso de conversación no partió el miércoles. Hace dos semanas conversamos este diseño, y era bien parecido al que se terminó entregando. La única diferencia era que los recursos eran más cuantiosos.

Pero hubo tres gremios que no firmaron...

-Respecto a quienes firmaron, nosotros hicimos una invitación a las organizaciones más grandes y de quienes estaban presenten firmaron 10 de 12. Entre quienes no firmaron diría que tienen razones distintas. Hubo uno que su postura era más bien no compartir el diseño y otra que su diferencia no tiene que ver con el subsidio, sino que con una problemática del sector turismo que es muy compleja y que estamos haciendo los esfuerzos por solucionarla.

¿Por qué se incluyó en el acuerdo a la Conapyme, siendo que ellos dijeron que no eran parte de la firma?

-Desconozco los detalles de eso, pero lo que puedo decir responsablemente es que quien estaba en representación de la Conapyme firmó el acuerdo y las conversaciones que he tenido con el presidente de la Conapyme me ha dicho que él tiene una visión positiva del acuerdo, pero que tienen que conversar con sus bases. Eso es lo que puedo decir.

¿Este subsidio de $22 mil parejo para trabajadores de las micro y pequeñas, qué supuesto de inflación incluye?

-Lo que hicimos fue un cálculo de la inflación proyectada que está en los informes del Banco Central. El acuerdo del salario mínimo con la CUT dice que, si la inflación termina sobre el 7% a diciembre, el monto del salario sube $10 mil automáticamente y eso en la parte nuestra, el subsidio sube de $22 a $32 mil.

Entre las razones del rechazo al acuerdo las pymes que no estuvieron de acuerdo afirman que los costos se elevarán., considerando además que el subsidio es transitorio. ¿Se podría evaluar extenderlo más allá de abril de 2023?

-Lo que se debe entender es que este acuerdo es en el marco de la discusión de salario mínimo, y la discusión de salario mínimo siempre establece una definición por un año. Entonces, como está en ese marco, es razonable que llegue hasta ese momento. Lo importante es que la señal que estamos dando es que ambas cosas no corren por carriles separados.

Ahora, con respecto a las pymes que fueron afectadas por el estallido social en la zona de Plaza Italia y alrededores, ¿qué medidas piensan aplicar para que no sigan siendo afectadas por las protestas y actos vandálicos que se mantienen al menos una vez a la semana en ese lugar?

-Es un compromiso con todos los barrios céntricos del país que fueron afectados por el estallido social y que después han tenido dificultades para recuperarse producto de la pandemia. Lo que nosotros hicimos es invitar a la dirigencia de distintos barrios céntricos del país, a una reunión en La Moneda. Ahí se discutió un plan de orden público, que está a cargo del subsecretario del Interior Manuel Monsalve y en Economía conversamos un plan para apoyarlas económicamente. Ese trabajo no se ha detenido.

¿Pero cómo se puede avanzar por el lado de las ayudas económicas, si persisten los actos que afectan a esos mismos sectores que se quiere ayudar?

-Primero, hay que entender que hay distintas realidades en el país. Yo he conversado con locatarios en La Serena, en Antofagasta, Concepción, y en la mayoría no existen en estos momentos actos de violencia cotidianos que afecten sus negocios. Esa es una situación más bien propia de Santiago, y que, a mi juicio, ha ido mejorando. Por lo tanto, los problemas de orden público en general tienen que ver con el comercio informal, delitos más bien comunes, que por supuesto hay que abordar y que el subsecretario Monsalve ha planteado una estrategia para aquello.

“La Ley de Pesca no solo tiene problemas sustantivos, sino que también fue hecha de manera corrupta”

Cuando fueron a exponer a la Comisión de Economía se presentó la agenda legislativa, y se mencionó que habrá una nueva Ley de Pesca. ¿Cómo se irá materializando? ¿Será un tema prioritario para el ministerio?

-El tener una nueva Ley de Pesca es un compromiso programático nuestro, por lo tanto, lo vamos a cumplir. Hacer una nueva ley es un proceso complejo que necesita partir de la situación actual, revisar cuáles son las partes de esa ley que hay que cambiar y a partir de eso, diseñar un proceso de trabajo prelegislativo que converse con los distintos actores, sea participativo y, por sobre todas las cosas, sea transparente. Esto, porque la Ley de Pesca actual no solo tiene problemas sustantivos, sino que también fue hecha de manera corrupta. Entonces, para recuperar la legitimidad del sector que es algo que todos y todas necesitamos, se requiere hacer un proceso transparente.

¿Cómo se ha ido trabajando?

-Lo que hicimos hace un mes fue armar un equipo al interior del ministerio, donde participa la Subsecretaría de Pesca y equipos del Ministerio de Economía. Ese equipo tiene un plazo para tener una nueva ley que incluya participación, trabajo prelegislativo y conversación con los actores de la pesca artesanal e industrial. La idea es tener un proyecto que pueda reemplazar la actual Ley de Pesca a fines de año. Luego, hay que ver cuál es el momento más adecuado para hacer el ingreso, pero lo importante es que sabemos que cualquier cambio sustantivo a esta ley requiere tener un texto alternativo primero.

Pero hay actores de la industria que afirman que la actual ley tiene aspectos positivos. En ese sentido, ¿qué cambios son los que se quieren hacer?

-Es una ley en cuyo trabajo hubo actos de corrupción que están probados por la justicia y hay personas condenadas por ello. Por lo tanto, no creo que esté diciendo una novedad. Las leyes no tienen solo aspectos negativos, esa ley en algunos ámbitos significa avance: por ejemplo, la idea de crear comités científicos, que determinen las cuotas de pesca. Hacer ese procedimiento significó un avance. Es un tema que se debe discutir seriamente y ver cuáles son las cosas sustantivas y fundamentales que tienen que ser cambiadas.

Con respecto a los servicios que dependen de Economía, usted dijo que en el Sernac habrá un concurso público, pero no se ha pronunciado sobre el INE, que es un servicio importante. ¿Se mantendrá la actual directora?

-Sí. Tenemos una muy buena relación con la directora Sandra Quijada, ha hecho un buen trabajo. Además, creemos que es importante respetar el proceso de Alta Dirección Pública. Eso no se ha hecho en el último tiempo, y creemos que es importante que los espacios del Estado que tienen un carácter profesional puedan tener una continuidad adecuada.