No hay acuerdo por proyecto de fraude con tarjetas: parlamentarios piden subir el tope para reembolso de dinero

La Comisión Mixta por el proyecto que responsabiliza a la banca ante fraude con tarjetas tuvo hoy su segunda sesión, instancia en la que senadores y diputados mostraron distintas posiciones respecto del documento que acordó el gobierno con los mismos asesores de los parlamentarios.

El documento propone que se restituyan completamente los fondos en cinco días hábiles cuando el fraude es de hasta 10 UF (unos $280.000). Pero cuando es superior a eso, solo se restituye el 25% en este período (cifra que no puede ser inferior a las 10 UF), y luego el banco tiene siete días adicionales (12 días hábiles desde el reclamo) para recopilar antecedentes y definir si hubo "dolo o culpa" del usuario. En ese caso, el banco puede ir a tribunales sin restituir los fondos hasta que termine el juicio, o restituir inmediatamente al usuario el saldo restante del monto total reclamado.

En concreto, algunos parlamentarios presentaron críticas respecto a que el tope sea de 10 UF. Por ejemplo, el senador Álvaro Elizalde (PS) consideró que esta cifra debería ser mayor. Lo mismo opinaron los diputados Alejandro Bernales (PL) y Joaquín Lavín (UDI).

Por su parte, la coordinadora de asesores del Ministerio de Economía, Michelle Labbé, defendió que las 10 UF se establecieron en base a que el robo más frecuente en el país sería el de $200.000, que es el límite por el cual una persona puede girar dinero en un mismo día desde su cuenta corriente.

Otros parlamentarios criticaron que los bancos tengan que recurrir a tribunales mediante un procedimiento sumario. El senador Felipe Harboe (PPD) dijo que "el hecho de que se obligue al banco a presentar una acción judicial va a actuar como incentivo perverso a la judicialización masiva". A lo mismo apuntó Lavín: "Esto es un incentivo a la judicialización", dijo.

Por su parte, el senador Elizalde afirmó que si lo que el banco quiere demandar es "dolo" del usuario, debería ser visto en una sede penal y no civil. Además, Harboe criticó que un juicio sumario tarda al menos dos años, y agregó que el banco tiene un staff de abogados, mientras que los usuarios van a necesitar recursos "que no tienen porque se los robaron", para contratar a un abogado.

Otro de los temas que causó debate en la tramitación de este proyecto, se refiere al límite de tiempo que el usuario tendría para revisar si hay otros movimientos fraudulentos y pedir devolución al banco, ya que en el Senado se planteó que cuando el usuario detecta una transacción fraudulenta y se la comunica al emisor, pueda revisar su cartola y ver si hubo algún otro fraude en los 90 días anteriores, pero en la Cámara se dejó sin un plazo límite. En esta propuesta, ahora se vuelve a incorporar los 90 días. Frente a ello, el diputado Bernales comentó que este plazo debería subirse a 120 días.