El proyecto de ley de subsidios para amortiguar las alzas eléctricas iniciará la próxima la discusión en particular y el gobierno prepara indicaciones. Algunas de ellas ya han sido anunciadas. Por ejemplo, el polémico cargo FET (Fondo de Estabilización de Tarifas), que cobraría un $ 1,8 por kWh a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) como uno de los pilares del financiamiento, se reducirá en la nueva propuesta a $ 1 por kWh para el primer año; $ 0,8 en 2026 y $ 0,6 en 2027. Con ello, el aporte de estas empresas -que han acusado un cambio en las reglas del juego en la industria- se reducirá desde un total de US$ 450 millones a US$ 180 millones en tres años. Los restantes US$ 450 millones necesarios para financiar el subsidio serán obtenidos por una sobretasa transitoria al impuesto de las emisiones de dióxido de carbono, pasando de US$5 a US$10 por tonelada de CO2 equivalente y la recaudación del IVA originado por el alza de las tarifas eléctricas.

Pero hay otra discusión que comenzará la próxima semana a tomar vuelo. ¿Qué ocurrirá si las postulaciones a los subsidios son menores a las previstas en el proyecto de ley y aquello genera excesos recaudatorios para el fisco? El ministro de Energía, Diego Pardow, anticipa la propuesta del Ejecutivo: destinar esos dineros extra a un masivo programa de instalaciones de paneles solares a clientes residenciales en todo Chile.

“Lo nuevo es que, si hay excesos de recaudación, se transfieren a una entidad ejecutora que lo que hará es poner techos solares. No se devuelven a las empresas, tampoco se devuelven al fisco, tampoco a rentas generales”, explica Pardow a Pulso. Para entender por qué se podría producir ese diferencial de recursos hay que entender primero los números del subsidio.

En abril de 2024 se publicó en el Diario Oficial la ley que determinó la normalización de las tarifas eléctricas, congeladas desde 2019. Para amortiguar los incrementos, que ya han afectado las cifras de inflación, el gobierno propuso un subsidio que los parlamentarios oficialistas y opositores pidieron ampliar. Por ello, el Congreso y el gobierno resolvieron triplicar la cobertura inicial y extender los subsidios a todos los hogares que pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). El universo potencial alcanzaría a 4.723.542 hogares.

Sin embargo, las postulaciones han sido más bajas. En el primer proceso postularon 1.611.610 hogares y a la segunda convocatoria llegaron 308.769 familias. En total, hasta la semana pasada, cuando se terminó el segundo proceso, postularon 1.920.379 hogares. Mucho menos de los 4,7 millones considerados.

Aquel diferencial reducirá las exigencias de recursos previstos y por ello el gobierno también bajará sus expectativas de recaudación desde los US$ 900 millones iniciales a unos US$ 650 millones. Y por esa razón, además, el gobierno cedió en su punto más polémico y redujo escalonadamente el cargo a los PMGD, controlados en su mayoría por empresas extranjeras que habían protestado por el cobro extra.

Los menores números de postulación a los previstos podrían explicarse por una escasa difusión o por una condición que operó como disuasivo: los postulantes debían tener sus cuentas al día.

Pero el proceso de subsidios, considerando que vendrá otra fuerte alza de tarifas a partir de enero, tendrá ahora un tercer proceso de postulación extraordinario, en diciembre. En esa convocatoria la morosidad ya no será un obstáculo: la ley removerá esa condición para la postulación. También se incluirán nuevos planes de difusión adicionales. El número final de postulantes determinará el monto definitivo que requiere el fisco para subsidiar los fuertes incrementos tarifarios.

“Somos un gobierno pragmático, que tiene minoría parlamentaria, y dijimos: busquemos una manera de reorganizar la estructura financiera de este proyecto teniendo en cuenta la evidencia que tenemos al frente”, dice Pardow. Y la evidencia son los dos procesos de postulación anteriores: el 1,6 millón inicial y los 300 mil de la segunda convocatoria. La cantidad que postulará en el tercer llamado es una incógnita. Pero el gobierno decidió trabajar con el techo y no con el piso.

“En circunstancias como estas, lo lógico es que estructures las finanzas del proyecto sobre la base del escenario más demandante, eso es lo que haría cualquier gobierno responsable porque si no, en enero tendríamos que presentar otro proyecto de ley. Eso sería difícil de explicar para la ciudadanía”, explica.

Pardow continúa: “La pregunta legítima que uno puede hacerse es qué pasa si dimensionas el proyecto para una postulación de 1,6 millones y la realidad termina diciendo que es del segundo tipo, más bien de 300 mil. Eso genera un exceso de recaudación”. Y la solución por la que optaron es una idea de parlamentarios del PPD: redestinar ese excedente a un programa orientado a una instalación masiva de techos solares a hogares del todo el país, enfocado más en la clase media, ya que requiere cofinanciamiento del propietario. “Estos programas van dirigidos más a la clase media que al sector más vulnerable”, apunta el ministro.

Pardow ya ha hecho cálculos. “Si dimensionas para 1,6 millones y te llegan del orden de 300 mil, generarías un espacio donde podrías habilitar techos solares para 100 mil hogares”, afirma. Eso en el primer año. En el segundo sumarían otros 50 mil y en el tercero, cerca de 25 mil. En total, 175 mil hogares con paneles solares, en un mercado donde se instalan en torno a 5 mil al año.

“Es una buena idea porque te permite alinear los objetivos de transición energética y avanzar en generación distribuida, es una cosa bien programática”, concluye.

El proceso de subsidios actualmente al que ha postulado las 1,9 millones de familia opeará así: Quienes cumplan con los requisitos recibirán un descuento mensual, correspondiente al primer semestre de 2025, en las cuentas de electricidad emitidas entre enero y junio de ese año y el monto que recibirán dependerá del número de integrantes por hogar. Los hogares unipersonales tendrán un descuento en torno a los $7 mil mensuales; el que subirá a $ 9 mil en las viviendas con 2 o 3 integrantes, y unos $ 12 mil los hogares con más de cuatro miembros.