Luego de las rápidas transformaciones sin precedentes, en donde industrias que anteriormente estaban reducidas a las reglas clásicas de la oferta y la demanda, fueran atraídas por un huracán digital, tal cual está ocurriendo en el transporte urbano de los taxis con Uber o en los hoteles con Airbnb, es que la palabra "regulación" o "normativa" muchas veces queda en el pasado.

Ahora bien, ¿es posible capturar la esencia normativa para permitir que el sistema vaya mejorando en el tiempo sin terminar con una camisa de fuerza en el intento?

En la arena ambiental han ocurrido una serie de cambios que -más allá de las transformaciones digitales, a nivel social y ambiental- han hecho que la Evaluación Ambiental -resumida en una RCA- se torne una larga y engorrosa quimera que, aun reformulándola, difícilmente entrega certeza jurídica o social para concretar un proyecto, afectando la inversión y el crecimiento.

Por otro lado, vemos con preocupación que al aumentar las zonas saturadas, los fenómenos de contaminación acaecidos en Quintero, Coyhaique, Temuco, Santiago, Mejillones (en materia de aire) y Villarrica o Calle Calle (en materia de agua), por nombrar a algunos, con el pasar de los años nos hablan de que la evaluación ambiental -en un momento determinado- por sí sola no basta si el objetivo es cautelar la vida de las personas y el medio ambiente…

Si bien ambos problemas tienden a solucionarse superficialmente de formas separadas (mejoramiento del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y mayor y mejor fiscalización, respectivamente), ambos reflejan un problema de fondo, de índole institucional, que requiere urgentemente trabajarse en paralelo.

Más allá de hacer una evaluación ambiental en detalle, engorrosa y burocrática, para cada caso y que ésta quede estática en el tiempo, urge poder avanzar en caminos integrados y proactivos que con la tecnología existente permitan mejoras continuas en tres flancos paralelos:

(i) Construir un catastro de línea base nacional, en donde se especifiquen ex ante las zonas saturadas de aire y agua, con los correspondientes planes territoriales, indígenas y de especies protegidas que sean aplicables.

(ii) Disponer de normativa armónica y actualizada, que, entre otros, incorpore altos estándares de diseño y confiabilidad de medición de calidad de medios (aire, agua), que contemple redes de monitoreo en donde se declare, fiscalice y cumpla tomando en cuenta las particularidades de cada zona.

(iii) Consolidar una entidad fiscalizadora de excelencia, con tecnología acorde a nuestros tiempos y que sea técnicamente irrefutable.

Si bien son destacables los esfuerzos que se han hecho para mejorar el proceso de evaluación ambiental, se debe avanzar en paralelo a un esquema integrado, en donde seamos capaces de avanzar para "cumplir con la norma", y dejar para más detalle aquellas consideraciones que son específicas y puntuales, ya sea en una exhaustiva RCA o en una normativa de una cuenca que no permite más desarrollo.

Si podemos -en una etapa muy temprana- identificar las zonas y normativas ambientales, para construir un eventual proyecto mediante un fortalecimiento de la institucionalidad y fiscalización de la misma, se podrá avanzar enormemente hacia un modelo que, en esencia, sea sostenible y efectivo en el tiempo.