“Todo esto significa sueldos e imposiciones impagas, demandas laborales y civiles, bloqueo en el sistema bancario, imposibilidad de poder volver a aparecer por 5 años, eventualmente cárcel. Sin embargo, para el funcionario público, nada, no hay impacto. Decide sin consecuencias , y eso hay que terminarlo”, dice con un poco de rabia y otro tanto de desesperación el ingeniero Patricio Rojas, presidente de la recién creada Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile (CONECh A.G). Desde que el Diario Oficial publicó en enero el nacimiento de la entidad que no ha parado. Ya obtuvieron la Personalidad Jurídica y siguen sumando socios. “Todos han llegado por problemas similares”, subraya.
La entidad nació con el fin de proteger a sus miembros de lo que él llama “una serie de arbitrariedades históricas” que se cometen en la ejecución de los contratos públicos y que han terminado por normalizarse, desvirtuando la forma de relacionarse entre el Estado y las empresas contratistas. Los más afectados, además de los usuarios que debían beneficiarse del desembolso estatal, son los pequeños y medianos empresarios de la construcción y servicios afines que no tienen espaldas financieras para poder alegar en tribunales contra las resoluciones de término anticipado de las obras y retrasos en los pagos, como sí lo hacen las grandes firmas.
“En general las empresas pequeñas y medianas carecen de cultura de organización, a lo que se debe adicionar la atomización que existe en las PYME y lo mal visto que es en Chile que se organice la gente”, resume el dirigente mientras sitúa en la pandemia el hito fundacional de la organización. “A las PYME que trabajaban para el Estado les liquidaron el contrato anticipadamente y ejecutaron sus garantías, desconociendo la situación de fuerza mayor, dejando al pequeño y mediano contratista en situación de indefensión”, sostiene.
Su reclamo es similar al de otros proveedores del Estado chileno, que protestan por impagos de larga data o cambios unilaterales en los contratos. Rojas asegura que a nivel nacional más de 200 pymes contratadas para proveer algún bien público quebraron o desaparecieron durante la pandemia por el fin anticipado de las obras. Se queja de que el sistema termina generando un empobrecimiento también de los contratistas, debido a que no les pagan a tiempo, les retienen los dineros de obras o ejecutan las garantías por su totalidad. “En muchos casos, los contratistas nunca tienen acceso a las liquidaciones, aun cuando existen acuerdos de comunicarse por correo cuando hay crisis , esto los funcionarios no lo hacen, rara vez contestan”, se queja.
Los dardos de la CONECh A.G apuntan especialmente a los Servicios de Salud de todo el país, los municipios, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los Ministerios de Vivienda y Salud, principalmente. Aunque Rojas sostiene que el problema es transversal y que, por eso, buscarán demandar al Estado.
3 a 4 licitaciones por obra
En todo caso, la queja sobre el creciente poder de los funcionarios públicos y el impacto que sus decisiones generan en las comunidades y los negocios se escucha con cada vez más fuerza en el ámbito privado.
En noviembre del año pasado, el gobierno promulgó la nueva Ley de Compras Públicas, que busca mejorar la calidad del gasto público, elevar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras públicas. Sin embargo, los reclamos de obras o pago retrasados por cambios en las licitaciones siguen registrándose.
La norma además, obliga a organismos autónomos constitucionales como el Congreso , el Ministerio Público, la Contraloría, el Poder Judicial y a las corporaciones municipales y regionales a contratar públicamente. “No creemos que el problema sea Mercado Público que solo ve la forma de contratar. Para nosotros el problema está en los Servicios y la forma que administran los contratos. Lo ocurrido en pandemia no resiste análisis: existe un fenómeno mundial , que el Gobierno reconoce con un Estado de Excepción, dicta normas al respecto, entrega instrucciones que alteran la vida entera de la nación , y de la forma de trabajo , y luego como ocurrió con los Servicios de Salud , “alguien”, dio la orden de terminar los contratos y se liquidan como si el país hubiese vivido en total normalidad”, explicita Rojas.
-¿En cuánto calculan ustedes que es el retraso de obras en tiempo y dinero?
-Hemos recabado bastante información al respecto. Si analizamos los Servicios de Salud, podemos citarle el caso del Servicio Metropolitano Central que toma como promedio 3 a 4 licitaciones para terminar una obra, superando el doble del plazo original en algunos casos y gasta entre 2,5 a 3, 5 veces el presupuesto inicial. Lo más grave de esto es cuántas atenciones se dejan de prestar con estos retrasos, cuántas personas se agravan y mueren.
US$ 15 mil millones en compras públicas
En 2023, el Estado destinó US$ 15 mil millones a la adquisición de bienes y servicios a través de ChileCompra. Según los datos de la Cuenta Pública de la entidad, el ejercicio estuvo marcado por diferentes ejes como la digitalización del Estado, “la madurez innovadora de la institución para entregar nuevas soluciones a sus usuarios y el levantamiento de políticas internas con enfoque de género para promover la participación igualitaria en compras públicas”.
Según la entidad se registró un alza del 10% en la cantidad de órdenes de compra emitidas durante el año pasado y la presencia de más de 90 mil proveedores activos en la plataforma.
En cuanto a gasto público el sector salud mantuvo la delantera, seguido por el gobierno central, universidades y municipalidades. Obras Públicas (mejoramientos de rutas, cruces y guarderías) continua como el sector donde se pagan las facturas de mayor monto.
Medido por tamaño de las empresas, el 97% de los proveedores son firmas pequeñas.
