La “trampa del ingreso medio” refiere a países que, luego de una senda de crecimiento, se estancan y no logran cruzar al desarrollo. Formalmente, Chile salió de esa zona en 2011. Sin duda un logro notable. ¿Significa que zafamos de la trampa? Nada de eso. Desde entonces nuestra capacidad de crecer se ha resentido y la productividad está estancada. Nuestra dificultad para acordar reformas estructurales en lo económico y social y lograr un consenso sobre la importancia del crecimiento, nos ha pasado la cuenta. Ello, al alero de un sistema político disfuncional en su capacidad de forjar esos acuerdos de largo plazo. El proceso constituyente era una oportunidad para abordar esta falla y generar unidad y miradas compartidas. Sin embargo, en mi opinión, su propuesta no solo no corrige el problema central, sino que lo profundiza.

En un excelente libro, Alejandro Foxley (*) identifica cuatro elementos comunes a países que se quedan en la trampa: i) falta de consenso sobre el crecimiento e incapacidad de mejoras continuas en competitividad y productividad; ii) baja calidad de la educación y conocimientos; iii) inadecuada red de protección social y iv) un sistema político de baja calidad y una institucionalidad sin adecuadas certezas.

Soy de los que creen que, en buena parte, estos problemas se subsumen en el cuarto punto: la calidad del sistema político y la gobernabilidad subsecuente. ¿Por qué? Porque de aquí pende la posibilidad de buenas políticas públicas en las restantes áreas.

Aumentar la productividad, la inversión, la innovación y, en definitiva, el crecimiento de largo plazo, es contingente a la capacidad del sistema político de generar acuerdos en aras de buenas reformas para ello. Otro tanto ocurre en el plano social o en la necesidad de reformar el Estado. Reformas estructurales aquí solo son posibles con grandes acuerdos. Urge tenerlos: sin una red de seguridad social robusta, que ecualice realmente la cancha de las oportunidades, el salto al desarrollo será esquivo. Pero a su vez, sin desarrollo, sin crecimiento, no se puede financiar esa red de seguridad exigente. Ambas se necesitan y, a su vez, necesitan un sistema político pro acuerdos.

En educación escolar, bien sabemos cuán al debe estamos. Las competencias de un chileno promedio con educación superior son apenas mayores que las de un neozelandés con educación primaria. Nuestra educación terciaria apenas corrige lo que la escuela no hizo. ¿Saltar al desarrollo así? Imposible. Una reforma estructural a la educación pública -estatal y particular subvencionada- es fundamental. Una que ponga a los niños, la calidad y el pensamiento crítico al centro. Ello supone recursos y un acuerdo político amplio que hoy no se ve. Discutimos mucho de gratuidad universitaria y ahora de condonar el CAE, pero poco de una verdadera revolución en la educación escolar.

En estos y otros planos que requieren mirada de futuro, nuestro sistema político falla. Falla porque sus actuales reglas privilegian el cortoplacismo y no promueven la cooperación y coordinación entre actores políticos, condición necesaria para los acuerdos y única forma de construir reformas de fondo. La fragmentación política, producto de un sistema electoral excesivamente proporcional que dialoga mal con un régimen presidencial, es parte importante del problema. A ello se suma la ausencia de reglas que promuevan la disciplina intrapartidos, evitando así el caudillismo y el discolaje, males que asoman en todos los sectores.

Para la Convención Constitucional este nudo central parece haber sido anatema. El sistema político propuesto no corrige los problemas del actual. Por el contrario, aumenta la fragmentación política y debilita importantes pesos y contrapesos para esos necesarios acuerdos y para la gobernabilidad. La gobernabilidad también se dificulta con autonomías territoriales -administrativa y financiera- que harán más difícil la coordinación y colaboración con las políticas generales de los gobiernos, amén de levantar dudas sobre la disciplina fiscal.

En mi opinión, de aprobarse el texto constitucional, asistiremos a una mayor fragmentación política, problema clave que ya tenemos hoy. Ello hará aún más compleja la gobernabilidad y los necesarios acuerdos para las reformas que Chile necesita para consolidar un desarrollo inclusivo. El sistema político será más trabado y no más dócil. Y por lo mismo, el deambular en la mediocridad de la trampa del ingreso medio arriesga a ser la constante. ¿Estaremos obligados a hacer del conformismo la regla?

* El autor es académico es la Universidad Adolfo Ibáñez y presidente de Horizontal. Exministro de Hacienda