Nueva ley de delitos económicos: un 80% de las empresas contempla revisar su modelo de prevención

En agosto pasado entró en vigencia la ley que sanciona los delitos económicos y ambientales. Dentro de las características del nuevo cuerpo legal, se establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”. Además, agrega como categoría de “delito económico” los delitos funcionarios, cuando estos sean cometidos con la participación de un miembro de una empresa o en favor de esta.

Sumado a lo anterior, la iniciativa establece una nueva forma de determinación de las multas (denominada “días-multa”), que se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado. Este sistema permitirá que la multa parta de media UTM (unos $31 mil), a una cifra máxima teórica de 300.000 UTM (del orden de $19 mil millones) para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.

Esta legislación está generando un cambio de conducta en las empresas. Precisamente eso es lo que reflejó una encuesta realizada por Fundación Generación Empresarial (FGE) y Mazars, aplicada a directores, gerentes generales, legales y de cumplimiento, de 96 empresas que operan en el país.

El estudio reveló que un 80% de las compañías contempla revisar su modelo de prevención de delitos a la luz de la nueva legislación, mientras que un 18% no lo piensa hacer y un 2% no sabe.

Otro de los resultados es que el 96% de las empresas ya cuenta con un canal ético u otro medio para recepcionar denuncias o consultas, los cuales en su gran mayoría (82%) están disponibles para cualquier persona -interna o externa- que requiera realizar alguna de estas acciones. Esto fue destacado por la presidenta de FGE, Janet Awad, quien sostiene que se trata de “instancias de compliance que facilitan hacerse cargo de estas temáticas”.

Según el sondeo, las empresas están enfocadas en capacitar a sus empleados en esta materia. Además, están considerando la contratación de nuevos profesionales para reforzar sus equipos. Al respecto, el 76% de los consultados afirmó que su organización ha realizado capacitaciones o acciones de comunicación para informar sobre la nueva ley, y un 44% indicó que ya ha realizado contrataciones adicionales o proyectan hacerlo en el corto plazo. “Esto nos muestra que las empresas están generando activamente estrategias para dar cumplimiento a la norma”, señala Fernanda Hurtado, gerenta general de FGE.

Por su parte, el managing partner de Mazars, Rubén López, realza la importancia de que “las empresas tengan un modelo de prevención del delito robusto y que los directorios se asesoren para hacer frente a estos desafíos”.

En ese sentido, plantea que “los cambios que trae este cuerpo legal no son menores: se han tipificado más de 200 nuevos delitos económicos, repartidos en múltiples leyes, todo, en busca de aumentar la confianza de la sociedad en el quehacer empresarial. Por lo mismo, creemos que es clave que las personas responsables de los modelos de prevención del delito tengan los niveles de competencia necesarios para aplicarlos y cumplir la normativa a cabalidad”.

El sondeo también consultó a los ejecutivos si las empresas en las que se desempeñan tienen contemplado contratar seguros para directores y gerentes, de manera que ejerzan sus tareas con respaldo, ante lo cual un 43% dijo que no lo tienen considerado, un 27%, que sí, y un 30%, que no sabe.

Finalmente, la encuesta también preguntó sobre cuáles de las tipologías de delitos que contempla la nueva ley tiene mayor relevancia para su organización. Mientras un 48% respondió que los de primera categoría (puramente económicos que inciden en mercados regulados, ejemplo: ocultar información solicitada por la FNE o falsear, colusión, negociación incompatible, corrupción entre privados), un 32% dijo que los que corresponden a los de segunda categoría (delitos contra la propiedad intelectual, propiedad industrial, informáticos, contrabando, etc.). En tanto, un 12% sostuvo que los más importantes son los de tercera categoría (cohecho a funcionario público, delitos funcionarios, falsificación o utilización maliciosa de certificados de la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otros), y un 8% los de cuarta categoría (relacionados con receptación, blanqueo y lavado de activos).

Los abogados expertos en estas temáticas coinciden en que ha aumentado el número de consultados de las empresas. Astrid Schudeck, socia del Área Legal y Tributaria de PwC Chile, afirma que “han existido muchas consultas. Las compañías quieren revisar sus modelos de prevención de delitos y adaptarlos a la incorporación de los delitos económicos en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta necesidad surge, además, ya que una vez que entre en vigencia la nueva normativa para las personas jurídicas, el foco debe estar no sólo en la existencia del modelo, sino que también en su efectividad y monitoreo continuo”.

En tanto, Jorge Boldt, socio de Cariola Diez Pérez-Cotapos y especialista en compliance, cuenta que “las empresas se han ido preparando de distintas formas, según su propia realidad. En general, las empresas más grandes o transnacionales ya estaban al día en sólidos estándares de cumplimiento, de modo que lo que deben hacer ahora es revisar las posibles brechas o áreas no cubiertas y hacerse cargo de ellas. Esto ciertamente exige un trabajo arduo, pero hay camino avanzado. Las empresas medianas estaban en su mayoría algo menos avanzadas. No es que no tuvieran estándares, protocolos o procedimientos dentro de sus operaciones, pero estaban internalizados de modo más informal, de modo que tienen ahora la tarea de adoptar sus propios estándares y prácticas a un sistema más formal y estructurado, conforme lo exige más intensamente esta nueva ley”.

Asegura que “es un tema de preocupación transversal en el empresariado, nadie quiere asumir el riesgo de no estar debidamente resguardado. Las empresas han puesto esto como prioridad en sus respectivas actividades”.

Schudeck añade que “las principales inquietudes apuntan a tener un modelo de prevención de delitos que también contenga controles adecuados para evitar la existencia de riesgos para los ejecutivos y directores”. Apunta que “las compañías requieren conocer a qué riesgos se encuentran expuestas, considerando el giro específico que desarrollan, tomando en cuenta que la ley de delitos económicos contempla tipos penales que podrían no serle aplicables en su totalidad. Las firmas se están acomodando y trabajando en sus modelos”.

Por su parte, Álvaro Moraga, líder responsable de las Áreas de Negocios, Impuestos de Moraga & Cia. advierte que “si bien hay mucha inquietud, aún no se puede decir que las empresas se estén preparando. Las mismas consultas dan cuenta que son muy pocos los accionistas controladores o minoritarios, directores o integrantes de la alta administración que realmente entienden el cambio de paradigma que significa esta ley”.

Boldt concluye que “los cambios concretos que pueda haber se van a notar con el tiempo. Lo que sí se ve desde ahora es que los ejecutivos han priorizado los temas de cumplimiento de modo más transversal. El interés es absoluto