Un nuevo litigio en el Panel Técnico de Concesiones enfrenta al consorcio Nuevo Pudahuel, que opera el Aeropuerto de Santiago, con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Esto, debido a la responsabilidad que la empresa atribuye a la cartera, en la que acaba de asumir el ministro Alfredo Moreno, por una serie de sobrecostos que ha debido enfrentar la construcción de la modernización del principal terminal aéreo del país. Según el documento, firmado por el gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude, se alude a "mayores costos y perjuicios derivados de atrasos imputables al MOP en el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva" del aeropuerto.

La compensación total exigida por Nuevo Pudahuel llega a 4,6 millones de UF, equivalente a unos US$183 millones.

La denuncia se sustenta en los resultados de un proceso anterior, iniciado en 2016, y en el que Nuevo Pudahuel pidió a esa instancia que definiera de quién es la responsabilidad en el retraso de las obras. En su dictamen, el panel acusó que 425 de los días de retraso son atribuibles al MOP, mientras que 33 días son imputables a la sociedad concesionaria. Esto, por ejemplo, por problemas en el estudio de ingeniería de detalle desarrollados por el ministerio.

Dicha presentación, explica Nuevo Pudahuel en su presentación, "demostró que las demoras incurridas por el MOP en el proceso de revisión y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva causaron un retraso general en la ejecución de las obras, generando una alteración en la secuencia original constructiva original dispuesta cuyos efectos son múltiples y de larga duración, incluyendo los mayores costos que se demuestran y reclaman en la presente solicitud", se indica.

La compensación que solicita Nuevo Pudahuel considera los sobrecostos en que ha incurrido hasta el 31 de diciembre de 2018.

Se trata de un nuevo capítulo de una larga disputa que enfrenta a las partes. La primera discrepancia se debió a la discrepancia sobre si las tarifas reguladas del contrato se debían entender con IVA incluido, que era la posición de la autoridad y si debía recargarse sobre las tarifas, debate que tenía directa incidencia en los recursos a entregar por parte de la concesionaria al MOP. Esto fue llevado a arbitraje y a la fecha no ha sido fallado.

Un segundo conflicto se relacionó con los costos ligados a la provisión de agua potable y tratamiento de aguas servidas, sometida a arbitraje en 2017 y resuelta por la misma comisión arbitral en enero de 2019. Esta fue llevada a la Corte de Apelaciones, donde está pendiente de resolución. La tercera discrepancia que ha enfrentado a ambas partes es la ya citada pugna por los retrasos en las obras.

El Panel Técnico de Concesiones es una instancia resolutiva de discrepancias entre concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas y realiza recomendaciones técnicas y resolución de consultas. No fue posible contar con la versión del MOP.

Ayer se cumplió el plazo para que las empresas concesionarias de autopistas urbanas presentaran sus propuestas ante el plan del gobierno de revisar el mecanismo de alza de los TAG. Al respecto, el ministro (s) de Obras Públicas, Lucas Palacios, explicó que se ha estado trabajando en esto junto con las empresas, pero que "con algunas concesionarias hemos podido avanzar mejor que con otras". "Creemos que tales contratos no fueron bien negociados por el Estado al momento de su firma, y estamos seguros que, de común acuerdo, podremos acordar mejores condiciones para las personas".

"El plazo autoimpuesto para llegar a acuerdo con las concesionarias fue de 20 días. Sin embargo, si no fuera posible alcanzar condiciones óptimas en la negociación, extenderemos el plazo hasta que ello ocurra, siempre considerando la instrucción presidencial de llegar a acuerdo cuanto antes y con los mejores resultados para las personas y el bien común", indicó Palacios.