Nuevo reglamento de la ley de Aporte al Espacio Público subiría los costos de construcción

A más de dos años que se promulgara la Ley de Aportes al Espacio Público, para mitigar las externalidades de los proyectos inmobiliarios en su entorno, Contraloría tomó razón del reglamento de dicha norma.

¿Qué establece? En lo medular, la normativa define el procedimiento y la metodología para que los titulares de las iniciativas elaboren los nuevos Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), que reemplazarán a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).

El nuevo reglamento contempla que todos los proyectos públicos y privados deberán mitigar sus impactos. Estas mitigaciones serán equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto y se calcularán según métodos objetivos y en base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados.

La norma estableció tres tipos de IMIV. Uno básico, orientado al cumplimiento de normas, que no requiere modelación de transporte (que mediante software se midan los flujos vehiculares o no motorizados) y aplica a proyectos pequeños. Otro intermedio, que sí requiere modelación de transporte, sin reasignación (generación de nuevos flujos), y se aplica a proyectos menores y medianos.

Y por último, mayor que requiere modelación de transporte con reasignación, y se aplica a los proyectos más grandes.

"Después de meses de trabajo, en que se introdujeron cambios necesarios, contamos con un reglamento robusto, que permite conciliar el desarrollo inmobiliario con una adecuada gestión del espacio público", dijo la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

La tramitación de esta ley estuvo acompañada de un amplio debate con todos los actores involucrados. Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), dice que en la ley "quedaron algunos vacíos de carácter legal, que reglamentariamente no son posibles de superar". Por ello, plantea, habrá problemas en su implementación producto de la incerteza que existe.

"Se suponía que este sería un aporte objetivo, predecible, y eso no está muy claramente resguardado en la ley", explica.

Este escenario produce intranquilidad en el rubro. Por otro lado, Domínguez dice que cuando entren en vigencia estas normas (esto es, 18 después de publicado el reglamento en el Diario Oficial), significará mayores costos en los proyectos, lo que podría repercutir también en un alza en el precio de las viviendas.

"Eso lo sabemos desde el comienzo, lo planteamos cuando se discutió el proyecto de ley y lo reafirmamos hoy. Esto significa un mayor costo", dice. Según estimaciones que se hicieron en ese entonces, los costos podrían elevarse hasta en un 8%, lo que terminaría repercutiendo en el precio final de una vivienda.

En el mejor de los casos, el aumento rondaría el 3%. "Esos son los estudios que nosotros hicimos cuando se discutió la ley, nos arrojó esa diferencia, porque depende de muchas circunstancias", añade.