Entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2022 se presentaron ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 336 proyectos, que suman en total una inversión de US$48.207 millones. Se trata del número más bajo de iniciativas sometidas a tramitación ambiental desde 1998, cuando ingresaron 321 iniciativas, por US$2.724 millones.

Según la plataforma de búsqueda de proyectos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo público descentralizado, encargado de administrar el SEIA y dirigido por la abogada Valentina Durán, en el primer semestre del presente año hubo una mayor concentración de la inversión presentada. De esa forma, pese al menor número de iniciativas, la inversión total es un 33% mayor en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Al igual que en el mismo periodo, en el listado de proyectos sometidos a evaluación destaca la presencia de grandes parques fotovoltaicos y eólicos que apuntan a Energía Renovable No Convencional (ERNC) y hay una ausencia de grandes iniciativas ligadas a la minería. Los proyectos de energía que vienen a fortalecer la matriz eléctrica nacional se emplazan principalmente en la segunda, quinta y Región Metropolitana, de acuerdo al buscador del SEIA.

De acuerdo a la misma plataforma pública, durante el primer semestre de 2022 ingresaron al SEIA 36 proyectos de inversión ligada a la minería, que suman US$911 millones, cifra muy por debajo de las 68 iniciativas que corresponden al sector de energía y que suman US$5.572 millones en el mismo lapso.

Los cinco mayores proyectos sometidos a evaluación ambiental son: Condominio Alto Manque de Inmobiliaria e Inversiones Malpo Ltda. (US$18.864 millones); Aguas Marítimas de Cramsa Infraestructura SpA (US$5.000 millones); Habilitación Extensión Metro Valparaíso Quillota - La Calera de EFE (US$680 millones); Parque Eólico Wayra de Parque Eolico Wayra SpA (US$623,9 millones) y ERNC Loa de ERNC Loa SpA (US$495 millones).

El Condominio Alto Manque de Inmobiliaria e Inversiones Malpo Ltda. es el mayor proyecto de inversión ingresado durante el primer semestre del presente año y corresponde a la modificación de una iniciativa inmobiliaria existente, ubicada en Las Rastras ruta K-55, N°3500, en la comuna de Talca, Región del Maule.

Ese proyecto, denominado “Alto Manque”, abarca una superficie de 58.824,12 m2 y consiste en la construcción de 113 viviendas, que se distribuye en 2 condominios, y que se acogerán a la Ley Nº 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria.

Consultada sobre la materia, la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, explicó que “estamos trabajando en una agenda de productividad que recoge las inquietudes sobre la materialización de los proyectos de inversión. La agenda, entre otras cosas, considerará la simplificación y reducción de tiempos de tramitación, además de la aceleración en los procesos de digitalización. Todos estos esfuerzos buscan la reducción de tiempos sin alterar los estándares de evaluación. La agenda de productividad considera nuevos recursos, personal y herramientas de gestión para mejorar los servicios públicos más críticos en el proceso de tramitación. Al mismo tiempo se implementarán recomendaciones realizadas por la CNEP (Comisión Nacional de Evaluación y Productividad) y propuestas que provienen de mesas de trabajo con gremios”.

Por su parte, Jaime Solari, gerente general de SGA, empresa de consultoría ambiental, sostuvo que “Chile vive en 2022 un momento de incertidumbre política que asusta a los inversionistas”.

“Los dos sectores que han mantenido su actividad son aquellos en que hay mayor certidumbre: minería y energía. La minería está motivada por un alto precio del cobre y del litio en el mercado internacional y los que ya están instalados siguen invirtiendo para no perder el ciclo de precios altos. Pero cabe notar que no hay inversión en nuevos proyectos mineros. Respecto al sector energía, hay certidumbre que Chile está avanzando en un proceso de descarbonización, por lo cual se requieren proyectos ERNC. Esto ha sido confirmado por el actual Gobierno, con lo cual los actores están invirtiendo en desarrollar proyectos eólicos, solares, adicionado baterías de acumulación a proyectos existentes, y desarrollando proyectos de hidrógeno verde”, agregó Solari.

Rodrigo Benítez, exsubsecretario del Medio Ambiente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y hoy socio de Schultz, Carrasco & Benítez, afirmó que “si bien los proyectos de ERNC siguen pesando en el numero de ingresos, esto puede explicarse por diversos factores, entre los que se encuentran las dificultades propias del SEIA y el hecho de que este 2022 terminaba el precio estabilizado para los Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD). Por eso el año pasado hubo un volumen de ingresos muy altos”.

“Estimo que hay decisiones de inversión que estratégicamente pueden dilatarse debido al cambio de gobierno y de administración del SEA, esperando ver cómo se asientan los criterios de evaluación. Además, los proyectos desistidos deben explicarse igualmente en cuanto a que se ha visto que cada comisión regional ha ido decidiendo sin que existan estándares claros, como por ejemplo en lo ocurrido con Fundamenta”, acotó en tanto, Jorge Canals socio de Moraga y Cía.

Rodrigo Ropert, senior Counsel de Aninat Abogados, indicó que “el principal factor es que estamos viviendo un período de mucha incertidumbre, como consecuencia del inicio de un nuevo gobierno y del proceso constituyente. Este último ha puesto, acertadamente, el foco en la protección de la naturaleza, pero ha descuidado la forma en que la protección ambiental debe compatibilizarse con la inversión y la actividad económica. Pareciera que la propuesta constitucional se aleja del concepto de desarrollo sostenible, generando incertidumbre en el sector productivo para avanzar en nuevos proyectos”.

Por último, Jorge Andrés Cash, jefe del área de medio ambiente de Elías Abogados, aseguró que “asoma con bastante claridad que la decisión de los titulares de proyectos, de no arriesgar sus inversiones en el SEIA, responde a la incapacidad que ha existido de modernizar este instrumento luego de 25 años de su entrada en vigencia, tanto en materia de certeza técnica y jurídica de la evaluación ambiental, revisión y control judicial de las decisiones de la autoridad ambiental y de participación ciudadana temprana”.

“Llama poderosamente la atención que este gobierno no haya esbozado aún ningún tipo reforma profunda al SEIA, habida consideración del creciente marco de inestabilidad económica y política que atraviesa el país”, concluyó.