En medio del revuelo por el decreto de recorte el gasto presupuestario, que fue retirado por la Dipres esta semana para introducir cambios, quedó flotando en el ambiente el rol que le cabe al Congreso en relación a las definiciones presupuestarias.

Sobre el punto, cabe consignar que según la Constitución el Congreso sólo tiene la facultad de reducir los gastos del proyecto de ley que se ingresa a tramitación en septiembre de cada año, por lo que se ha hecho común en las últimas discusiones que rebaje a $1.000 el presupuesto a algún servicio o programa como única forma de presionar al Ejecutivo a hacer modificaciones.

Lo cierto es que pese a lo álgido del debate, el diseño que se ingresa a trámite poco y nada se modifica al convertirse en ley.

Así lo revela un estudio realizado por el Observatorio Fiscal para la discusión 2018, que compara la propuesta del Ejecutivo del 30 de septiembre con lo que salió aprobado desde el Congreso dos meses después.

En términos de montos, el proyecto propuso un gasto de $50.826.522 millones (US$78.195 millones aproximadamente). Tras aprobarse, éste pasó a $50.827.320 millones (US$78.196 millones). Es decir, el trámite en el Congreso implicó aumentar el gasto, siempre postestad del Ejecutivo, en 0,002%.

¿Cómo estamos respecto de la región?

Según el mismo reporte, los congresos de países como Argentina, México, Colombia y Perú también registran mínimas o casi nulas modificaciones: en Argentina bajó el gasto en 0,9% y aumentó 0,73% en México, en tanto que en Perú y Colombia no hubo cambios.

Ahora, si bien constitucionalmente el Congreso no puede aumentar el gasto, sí podría incidir en la distribución de éste en la Ley de Presupuestos.

El estudio del Observatorio Fiscal también revela que esto es acotado.

De acuerdo con el análisis, sólo 25 de 332 programas del proyecto de ley experimentaron cambios, sea de aumento o de disminución de los recursos.

En otras palabras, dice el estudio, "sólo un 7,5% del número total de programas contenidos en el proyecto de ley tuvieron alguna modificación posterior al debate parlamentario", las que estuvieron concentradas en programas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas.

¿Qué mejorar?

En vista de este panorama en que el debate presupuestario se aprecia como desfavorable al Congreso, el Observatorio considera como clave que éste eleve sus capacidades técnicas para analizar el Presupuesto, equilibrando así su posición negociadora frente al Ejecutivo, a fin de "tener una voz activa acerca de los resultados del gasto público, su eficiencia, clasificación y fiscalización, así como su transparencia y rendición de cuentas".

En esa línea, afirma la directora del Observatorio, Jeannette von Wolfersdorff, y sin poner en duda las atribuciones del Ejecutivo en materia de flexibilidad presupuestaria que le permite reasignar el gasto ex post, considera como clave la creación de la Unidad de Análisis Presupuestario, que quedó comprometida en el

Protocolo que acompañó el despacho de la Ley 2018 y que se encuentra entrampada por la definición de los costos que implica.

"La flexibilidad es importante para una ejecución eficiente a nivel presupuestario y exige una rendición de cuentas muy clara, ante todo, de información acerca de qué se está haciendo con el gasto público y con cuáles resultados", explica.