Ocde respalda reforma tributaria, pero advierte riesgos para la deuda

En momentos en el que el gobierno impulsa la reforma tributaria y de pensiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) publicó su Estudio Económico de Chile 2022 donde aborda ambas iniciativas. Aunque apoya cambios, entrega advertencias sobre las distintas implicancias que traerá consigo su implementación y pone el acento en el caso de que los cambios impositivos no recauden lo que se proyecta.

El reporte también analiza la recuperación económica de Chile tras la pandemia del Covid-19 y aborda temáticas sobre la productividad y los problemas que ha tenido Chile para mejorarla.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el informe, ya que afirmó “es particularmente útil para ver la reforma tributaria no solo como una cuestión de impuestos, sino que también relacionado con el destino de la recaudación que esos impuestos van a generar. Sin reunir ambos elementos, es difícil entender y apreciar adecuadamente el impacto que la reforma tributaria va a tener sobre la economía chilena y el crecimiento”.

Asimismo, el secretario de Estado agradeció “los esfuerzos realizados por la organización para entregar este reporte en un momento oportuno de la discusión en Chile, toda vez que podrá influir en el debate público de las reformas en curso como la tributaria y la de pensiones, así como también el debate sobre el Presupuesto 2023 y la agenda de productividad, así como el plan “Invirtamos en Chile”.

“Chile está dando pasos importantes para fortalecer su base tributaria y está cerrando brechas en protección social”, afirmó el secretario general de la Ocde, Mathias Cormann. De esa manera, enfatizó que “reformas complementarias para aumentar la productividad y la inversión ayudarían a generar un crecimiento más fuerte, más empleos y a generar ingresos adicionales para permitir que Chile invierta más en el progreso económico y social”.

La próxima semana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará en general el proyecto de reforma tributaria y por ello, el ministro resaltó el sentido de la oportunidad en que se entrega este reporte. Así, sobre este punto en particular, la Ocde dice que los ingresos tributarios actuales son “insuficientes” para satisfacer las crecientes demandas sociales, preservando al mismo tiempo la inversión pública necesaria en infraestructura, educación y salud. Actualmente, corresponden al 21% del PIB, según menciona el mismo reporte.

En ese contexto, puntualizan que “los impuestos sobre la renta personal, que solo paga el 20% de los chilenos, son una explicación de esta baja recaudación de impuestos”. Por ello, enfatizan que “aumentar los ingresos públicos en 4 puntos porcentuales del PIB, como lo planean actualmente las autoridades, es ambicioso, pero es factible a través de una reforma tributaria integral”.

Detalla que se espera que estos ingresos adicionales provengan de la subida de tasas del impuesto a la renta de las personas naturales, especialmente en los tramos superiores, y de las rentas del capital, de la introducción de un impuesto sobre el patrimonio, de la minería y de la reducción de las exenciones fiscales en varios ámbitos, en combinación con la reducción de la evasión y elusión. “Estos cambios afectarán a la base imponible de 2023, y la mayor parte de los ingresos fiscales adicionales se recaudarán a partir de 2024″, sostiene el reporte.

En su análisis subrayan que “los argumentos para aumentar los ingresos fiscales parecen sólidos, dada la escasa recaudación fiscal de Chile, por un lado, y las importantes necesidades legítimas de gasto en varios ámbitos”.

No obstante, dicen que aunque el aumento de los impuestos puede dar lugar a distorsiones que podrían pesar sobre el crecimiento económico, el efecto global de un paquete de reformas fiscales puede ser significativamente más favorable si los ingresos adicionales se utilizan para financiar gastos que mejoren el crecimiento y la igualdad de oportunidades, mejorías en la protección social y los servicios públicos, tal como se defiende en este estudio, entrarían en esa categoría. “Estos gastos podrían incluir una pensión mínima garantizada más generosa que mejore la cobertura de las pensiones y permita reforzar los incentivos para la creación de empleo formal, la lucha contra la pobreza a través de mejores transferencias sociales, e inversiones en educación y sanidad”.

El informe también levanta algunos escenarios de riesgo en caso de que la reforma no logre recaudar lo previsto. Sobre la base de estos supuestos e incluyendo los costos fiscales previstos asociados al envejecimiento de la población, se prevé que la deuda pública bruta de la administración central se estabilice en el 44% del PIB durante las próximas dos décadas, casi 8 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2021. “Sin embargo, este escenario de referencia está rodeado de importantes riesgos. Si la ambiciosa reforma fiscal prevista en la actualidad solo consiguiera recaudar la mitad del aumento de ingresos previsto para 2026, manteniendo al mismo tiempo los planes de gasto, la deuda pública bruta seguiría una senda explosiva que superaría el 71% del PIB en 2040″.

También levanta otra perspectiva de deuda pública. Si las tasas de interés están más elevadas, posiblemente relacionado con la evolución de los mercados financieros mundiales y con el debilitamiento de los mercados financieros nacionales, también llevarían a una trayectoria de deuda más elevada, “aunque con una convergencia cercana a la deuda en torno al 50% del PIB”, afirma. Por último, puntualiza que “el paquete de reformas estructurales que favorecen el crecimiento aumentaría el crecimiento y, por tanto, reduciría visiblemente la relación deuda PIB, con un descenso continuo de la deuda pública que alcanzaría el 35% del PIB en 2040″.

La Ocde pone el acento en el hecho de que el Covid-19 ha revertido las caídas en materia de pobreza y desigualdades. “Alrededor de un tercio de la población es económicamente vulnerable, lo que significa que sigue en riesgo de pobreza, con pocos colchones financieros para protegerse contra eventos adversos”, resalta, y acota que “la desigualdad de ingresos sigue siendo alta según los estándares de la Ocde, mientras que la informalidad laboral afecta a más de una cuarta parte de la población.

Por ello, un elemento que mejoraría estos indicadores es contar con una buena red de protección social: “La pandemia ha puesto de manifiesto importantes lagunas en la protección social”, por lo que ve “necesario desarrollar un mejor sistema de protección social que no diferencie entre trabajadores formales e informales”. Así como garantizar “cierta cobertura básica de protección social para todos, incluso en las pensiones, salud y desempleo”.

Comentan que pocas personas tienen pensiones de vejez adecuadas, debido a bajas tasas de contribución y vacíos en su historial de contribuciones debido al empleo informal. “Una pensión básica universal recientemente establecida mejorará significativamente el nivel de las pensiones para muchas personas de bajos ingresos. Los programas de transferencias monetarias están fragmentados, y la unificación de estos programas en un único programa de transferencias monetarias permitirá aumentar la cobertura y beneficios”.

No obstante, indican que “las cotizaciones sociales pueden afectar los incentivos para la creación formal de empleo, especialmente para los de bajos ingresos”. Por esta razón, dicen que reformas futuras al sistema de pensiones deben prestar particular atención a los incentivos de formalización, al tiempo que se incrementan las tasas de reemplazo de las pensiones”.

La importancia de avanzar en la formalidad recae en que alrededor de un tercio de la población activa tiene un trabajo informal, lo que limita su acceso a las prestaciones de protección social. “Será fundamental garantizar un conjunto básico de prestaciones para todos, sin distinguir entre trabajadores formales e informales”.

En el análisis aborda también los aumentos del salario mínimo y su eventual impacto en los empleos formales de las personas menos calificadas. “Habrá que evaluar cuidadosamente los nuevos aumentos del salario mínimo en Chile, ya que podrían reducir las perspectivas de empleo formal, especialmente para los trabajadores poco calificados y las personas situadas en regiones rurales y menos desarrolladas”, dice el reporte.

Sobre el financiamiento universitario, la entidad señala que “los recursos de la gratuidad universitaria deberían enfocarse en los más desaventajados. Para los estudiantes de clase media y más, créditos con aval estatal deberían ser los instrumentos a elegir, con pago basado en sus ingresos futuros”.

En su análisis sostiene que en los próximos años habrá que abordar importantes desafíos estructurales que obstaculizan el crecimiento. “El rápido envejecimiento de la población reducirá la fuerza laboral de Chile y, con ello, el potencial de crecimiento de la economía, a pesar de un impulso positivo de la inmigración”.

En ese sentido, sostiene que la productividad se ha estancado o incluso ha disminuido, y los esfuerzos de reforma estructural no han alcanzado lo que se necesita para incrementarla. “Sin reformas que impulsen la productividad, el margen para un mayor progreso económico y social será muy limitado”, puntualizan.

En este punto, enfatizan que “los largos y complejos procedimientos de concesión de permisos y regulaciones obstaculizan el emprendimiento y la competencia”. Por ello, añaden que “un examen exhaustivo de las reglamentaciones vigentes y un uso más amplio a los sistemas de ‘licencias nulas’ facilitarían la entrada de empresas y fortalecerían la competencia”.

Entre los elementos que le restan competitividad, aparecen las barreras regulatorias como el transporte de cabotaje y la contratación pública, pero también hay margen para mejorar la facilitación del comercio y simplificar los procedimientos fronterizos. “Las exportaciones siguen estando concentradas en sectores primarios”, subrayan. Y volvió a mencionar que se requiere una reforma al sistema de notarios.

El informe destaca que las fuentes renovables representan actualmente el 47% de la generación de electricidad, después de una disminución constante del uso de combustibles fósiles a medida que la energía solar y eólica han ganado importancia. “Este desarrollo se acelerará en las próximas décadas al aprovechar un potencial único en la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, estimado en más de 70 veces el suministro eléctrico actual. Esto hace que Chile esté bien posicionado”.