El factor Julio Ponce se instaló en el centro de las preocupaciones del oficialismo, de cara a la inminente formalización del acuerdo entre Codelco y SQM para asociarse y explotar en forma conjunta el Salar de Atacama hasta 2060. La eventual presencia del controlador del grupo Pampa, o incluso de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, a contar del 1 de enero de 2031 en el directorio de la sociedad conjunta, se alza como la principal objeción entre las filas de parlamentarios de centro izquierda.

El acuerdo debe estar resuelto antes de este viernes 31 de mayo, según acordaron las partes, pero no requiere ser visado luego por el Congreso. Sin embargo, el tema despierta pasiones políticas en el Parlamento: ya el 8 de mayo dos senadoras, Yasna Provoste y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, pidieron a Máximo Pacheco, presidente de SQM, replicar las restricciones establecidas hasta 2030 más allá de esa fecha. La prohibición afecta a Julio Ponce, sus tres hermanos y sus cuatro hijos, nietos de Augusto Pinochet.

El senador PS Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Minería de la Cámara Alta, aseguró que “hay una amplia base de acuerdo en el oficialismo de que se sería imposible de sostener reputacionalmente un escenario en el cual vuelva Julio Ponce a la dirección visible de la empresa”.

Ello, en atención a los episodios del financiamiento irregular de la política que protagonizó la minera privada. Para Castro, ese historial se puede salvaguardar “prorrogando esa ausencia determinada desde 2017 al 2030, y que debiera ratificarse en las cláusulas del convenio SQM-Codelco que se dará a conocer esta semana”.

“Nos parece que eso es una situación insalvable, y que tiene que ser resguardada, porque, de lo contrario, va a haber muchos efectos colaterales”, indicó, agregando que “no puede malograrse el acuerdo SQM-Codelco y tiene que debutar en el mejor escenario, y no en uno de guerra cruzada, que creo que es lo que podría suceder si se van generando flancos para este acuerdo estratégico”.

Su par de la comisión de Minería, la senadora DC Yasna Provoste, coincide. “No se entendería que los criterios que originaron esta cláusula no se mantuvieran en el nuevo acuerdo de Codelco-SQM hasta el año 2060″, indicó, recordando que en la instancia parlamentaria “planteamos esta preocupación” hace un par de semanas, ya que “nos parece que es restricción absolutamente razonable para que esta alianza público privada funcione con transparencia de cada al país y el de la certeza y seguridad”.

“Si Eduardo Bitrán lo pudo hacer el año 2018, no encontramos ninguna razón para que Máximo Pacheco no lo pueda hacer pensando además que va a ser un acuerdo hasta el año 2060 con SQM”, enfatizó Provoste.

En la misma línea, el senador PC Daniel Nuñez, sostuvo como “fundamental que el acuerdo final que se logre tenga como condición cláusulas y normas de transparencia y probidad que den garantías de que el interés nacional va a estar muy bien resguardado en esta nueva empresa de litio, y por lo tanto es condición sine qua non que ni Julio Ponce Lerou ni ninguno de sus familiares directos, hijos o hijas, integren el directorio de esta nueva empresa”.

Para el legislador de la Región de Coquimbo, es preferible “que se deseche la posibilidad de un acuerdo si no se cumple con este requisito”.

En tanto, para la presidenta de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Yovana Ahumada (independiente, pro Demócratas), el punto relevante pasa por si existen impedimentos legales para restringir la presencia de Ponce en la mesa de la nueva compañía.

“Si dentro de la legalidad no hay nada que se lo impida, va a estar dentro de su derecho y atribuciones, siendo parte de la empresa”, aunque remarca en el revuelo que significa el nombre propio es “lamentable”.

“Cuando uno mira desde afuera, se pregunta cuál era la finalidad (de todo esto), porque al final, tenemos todo un revuelo que no nos hace bien”, comentó.

Por su parte, la diputada CS Marcela Riquelme, integrante de la instancia parlamentaria, planteó que a su juicio lo importante es que Ponce y sus herederos “no estén presentes dentro de la utilidades y dentro del negocio”.

Para la representante de la región de O’Higgins, “más allá de las personas involucradas específicamente, nos interesa que sea Codelco quien tenga siempre, y no la mitad del período, la presidencia del directorio y que las decisiones no puedan pasar por SQM ni por ninguna empresa privada”.

En tanto, el diputado Jaime Mulet (FRSV) si bien concuerda en las aprensiones que genera la presencia de Julio Ponce y su familia en la futura empresa conjunta entre Codelco y SQM, matiza señalando que “me parece impropio que se lo exijan al gobierno como una condición sine qua non cinco día antes de que venza el plazo”. Aunque remarcó que “me molesta mucho que SQM se mantenga” operando el Salar de Atacama, y que él era partidario de estatizar la compañía, subraya que “dadas las actuales condiciones políticas actuales del país, un negocio que permita capturar el 85% de las rentas económicas me parece una alternativa aceptable, ya que no tenemos mayoría en el parlamento para busca otro camino”.

Para el legislador de la región de Atacama es más relevante amarrar incluso otros aspectos. “Me parece muy importante que haya una cláusula en que si SQM vende su participación, tenga la preferencia Codelco, por ejemplo, dentro de las cosas que no están en el MoU (memorando de entendimiento, por sus siglas en ingles)”

Consultada Codelco sobre si se había ya solicitado o solicitaría oficialmente la extensión de la cláusula que mantiene al ex presidente de SQM por 28 años y su familia alejada de la administración de la firma, desde la estatal declinaron hacer comentarios al respecto.