Los principales lineamientos que se conocieron del proyecto de ley que presentará el Ministerio de Hacienda, y que permitirá postergar por un año el inicio del nuevo proceso de licitación de permisos de operación de los 14 recintos de juego que fueron adjudicados en 2006 -y que deben renovarse en 2020-2021- generó molestia en la industria de casinos del país, que enfrenta por estos días su peor crisis desde su entrada al país.

La Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) no está de acuerdo con la propuesta del gobierno porque, señalan, esta no se hace cargo de la mayor preocupación que tiene la industria, y que es que el próximo proceso de licitación se realice de acuerdo a la reglas establecidas cuando se otorgaron las concesiones, es decir, de 2005.

Los operadores cuestionan una errónea interpretación de la ley que hizo la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el proceso de licitación que puso en marcha este año con la consulta de las bases. Y es que desde que se modificó la normativa, hace cinco años, el regulador entiende que los permisos sólo tienen extensión por 15 años. Sin embargo, la industria pide que se respete el artículo tercero transitorio de la ley 19.995, a su juicio ratificado por la ley 20.856 de 2015, que resguarda que los permisos de operación se rijan por las reglas existentes hace 15 años, cuando se otorgaron las concesiones, y se permita su renovación.

Rodrigo Guiñez, gerente general de la Asociación, critica la iniciativa legal que enviará el Ejecutivo al Parlamento sólo se hace cargo de la contingencia sanitaria. “El proyecto no se pronuncia sobre la crisis real y el jaque mate que estamos viviendo como industria”, dice Guíñez.

Ricardo Abdala, director de Boldt Peralada -consorcio que opera el casino de Ovalle- señala que el anuncio del Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, carece de fundamentos y, además, no recoge las necesidades de la industria. Por una parte, indica que “sentimos que hoy el Estado de Chile no está respetando las reglas del juego” y que también la medidas contenidas en el proyecto de ley “son fatales y que lejos de ayudarnos, nos están entregando un salvavidas de plomo”.

En ese sentido, plantea que “el proyecto no sólo no sirve a la industria, sino que además les sube los impuestos a los casinos, lo que es una medida que carece de todo sentido y racionalidad en un momento tan complejo”. “Queremos creer que el subsecretario Moreno no ha estado bien asesorado en este tema tan importante, ya que el proyecto en vez de ayudarnos, nos hace un daño terrible a la industria”, agrega.

Jaime Wilhelm, gerente general de Sun Dreams, comenta que “lo que el gobierno anunció el martes no tiene nada que ver con el problema base de la industria, no estamos discutiendo un año más o 5% más de impuestos, o que nos den o no beneficios producto de la pandemia, la discusión de fondo es la norma de la industria, el resto es fuego artificial”, agrega. En esa línea, indica que “hay una sola forma en la que se tiene que hacer la relicitación y es con la misma ley que a nosotros se nos invitó a hacer la inversión”.

Por su parte, Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol, dice que “el subsecretario Moreno sale con una propuesta de normas en ayuda de la industria de casinos, pero que en realidad no se hace cargo de ninguna de las solicitudes que le hicimos, porque las solicitudes de índole financiero para ver cómo salíamos de esta pandemia, están prácticamente todas cubiertas con los créditos fogape y la norma de protección al empleo, pero el problema de fondo y la crisis es que se nos está cambiando el estado de derecho”.

Este martes, en la sesión de la comisión investigadora sobre la fiscalización de los casinos de juego en la Cámara de Diputados, la superintendenta Vivien Villagrán abordó el tema: “La ley, si uno es lo más transparente posible, tiene una redacción en este artículo transitorio que no es todo lo concluyente que debiese ser”. “Sin embargo, si uno hace oído e interpreta esto como lo interpretan algunas de las sociedades operadoras, nos encontraríamos con una situación en la cual yo debería licitar una parte de los permisos para aquellos que renuevan bajo un modelo y debería licitar para los que quieren ser nuevos entrantes, bajo otro modelo licitatorio (...) Eso no existe, porque además es fácilmente llevable al tribunal de la libre competencia”.