Intranquilidad. Eso es lo que ha provocado en todos los frentes el segundo proyecto de ley de protección al empleo. Por el lado de la oposición, porque el Ejecutivo no lo ha promulgado pese a que se despachó hace dos semanas desde el Congreso y, a diferencia de la prisa de las otras iniciativas ligadas al Covid, ésta aún no se convierte en Ley. Y por el lado del gobierno porque no está conforme con algunos componentes del articulado especialmente con los dividendos, pero no ha logrado un consenso para enmendar esas redacciones.
La presidenta de la Comisión de Trabajo, diputada Gael Yeomans (CS) cansada de preguntarle verbalmente al mismísimo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, le envió formalmente un oficio para saber cuándo promulgará la ley que fue despachada el 7 de mayo, luego de un extenso debate en comisión mixta, de la cual la parlamentaria fue parte. En ese paso fue cuando se generó la polémica por el reparto del 80% de dividendos de Cencosud que se había acogido a la ley de protección del empleo con su filial Paris, y produjo que se impusieran más condiciones a las empresas que hicieran uso de este seguro: no repartir dividendos del año comercial 2020 (para sociedades anónimas), reducir sueldo de directores y no estar en paraísos tributarios.
“Es urgente que el gobierno deje de hacer oídos sordos y transparente por qué aún no ha promulgado la Ley que evita abusos de la ley de protección al empleo. Si quieren vetar, que se lo digan a la gente. Curiosamente, se demoran en promulgar una ley en la que las principales perjudicadas son las grandes empresas”, acotó la parlamentaria.
En privado el titular de Hacienda ha explorado la posibilidad de enviar un veto, al menos entre los parlamentarios de Chile Vamos y la mirada común es que debe existir seguridad de que se apruebe porque sería un complejo autogol que el Congreso lograra la mayoría para insistir con su texto, lo cual es prácticamente imposible por los altos quórum.
Otra posibilidad que se baraja es enviar un proyecto de ley, con el cual se corre el riesgo de que se incorporen otros temas en la tramitación. “Espero que podamos generar un cambio en esa materia (dividendos); lo primero es conversar y hacer ver el problema, generar una mirada común y de ahí decidir cuál es el instrumento para revertirlo”, señaló Briones a radio Agricultura la semana pasada.
La autoridad considera que la prohibición de repartir dividendos no es coherente con el espíritu de proteger el empleo porque en muchos casos, los accionistas o los directores, terminarán por despedir al personal antes que amarrarse las manos en cuanto a recibir utilidades. “Al impedir cualquier reparto si la empresa se acogió aunque fuera con un trabajador a la suspensión del contrato, a nuestro juicio es un error porque genera el incentivo en la dirección contraria. Es necesario calibrar y una cosa es la reacción a un caso mediático y otra poner pausa y sopesar los elementos en juego”, explicaba en la ocasión.
No hay ánimo
Por más argumentos que entregue la autoridad hasta ahora en la oposición no hay nada de agua para un veto. Es que los ánimos están aún muy caldeados por la negativa de Briones a negociar un aumento del ingreso familiar de emergencia (IFE), que atribuyen a una decisión política de Chile Vamos para asestarle un golpe a la oposición. A este escenario se sumó el anuncio de la entrega de cajas de mercadería por $30.000, incluso más que el haber subido el IFE de $65.000 a $80.000 como proponían.
“Veo muy difícil que se puede revisar ese tema. Creo que tanto en la Cámara como en el Senado no hay un ambiente para lo que quiere plantear el ministro. Esa es la sensación que tengo”, recalcó el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro (DC).
Una opinión similar fue la del titular de la misma instancia, pero en la Cámara, diputado Daniel Núñez (PC): “Intentar echar pie atrás a lo que ya aprobó el congreso es una obsesión ideológica. El ministro va a caer en un terreno pantanoso si se obsesiona con ello”.
Mientras que el también integrante de Hacienda, diputado Manuel Monsalve (PS) comenta que los argumentos del ministro pueden “ser razonables”, pero el tema de fondo es cómo se distribuye el costo de la crisis. “No parece justo que los trabajadores estén disponibles a reducir su salario, y que los accionistas no estén disponibles a lo mismo: Por qué el ministro lo considera justo para un solo lado”.
