Probablemente la mayor noticia que hubo en la segunda Cuenta Pública que realizó este jueves el Presidente Gabriel Boric, estuvo en el anuncio que hizo respecto a la reforma tributaria: a fines de julio el gobierno insistirá con el proyecto en el Senado, el cual ya había sido rechazado en su idea de legislar en la Cámara de Diputados.
Para reponerla, el gobierno tenía tres alternativas. La primera era ingresar un nuevo proyecto con características distintas, y en ese sentido, para algunos legisladores bastaba que no fuera idéntico. La segunda era esperar hasta marzo de 2024 para ingresar el mismo texto que fue rechazado, en atención a la restricción que impone la Constitución a iniciativas desechadas en general en su Cámara de origen. Y la tercera era presentar una insistencia, que por definición constitucional implica pedirle al Senado que por dos tercios de sus integrantes (33 senadores) permita reponer el mismo proyecto sin esperar la veda del año.
En el gobierno están conscientes que la alternativa que eligió Boric puede ser la más pedregosa y engorrosa, porque de partida ello implica que debe reunir un quórum muy alto, en circunstancias que las reformas tributarias, en general, requieren mayoría simple.
Bajo este escenario, en estos momentos el gobierno no tiene los votos para reponer la tramitación. El oficialismo, más la DC e independientes, como Karim Bianchi y Fabiola Campillai, suman 23 senadores, es decir, el Ejecutivo está a 10 votos de distancia de la meta, por lo que necesariamente se requiere del apoyo de gran parte de la oposición.
En consultas previas realizadas por los ministros del comité político, la oposición le recomendó a La Moneda que no optara por la insistencia, porque los senadores tienen que pronunciarse sobre el antiguo proyecto ya rechazado. Por su parte, el gobierno solo puede comprometerse a realizar ajustes en futuras instancias (por ejemplo, un protocolo de acuerdo), pero no puede alterar el texto con el que se insistirá en la Cámara Alta. Los cambios proceden una vez que se reponga el trámite en la Cámara Baja.
En segundo lugar, ello obliga al Ejecutivo a anticipar una negociación con senadores de derecha, cuya opinión tampoco es necesariamente vinculante para los diputados opositores.
Pero de partida, el anuncio de la insistencia molestó a la oposición, y ese fue precisamente el foco de las críticas tras la Cuenta Pública.
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), comentó: “Tengo una discrepancia bien de fondo respecto al tema económico. Yo esperaba una cosa distinta, creo que la situación económica que se está viviendo en Chile es demasiado compleja, entonces, en vez de dar respuesta a que todo se arregla con reforma tributaria, más impuestos, yo me doy cuenta que Chile hoy día tiene una inflación más alta casi que nunca, tenemos un problema de crecimiento que va a la baja, y un problema de desempleo que va al alza. Yo pensaba que iba a haber un plan de desarrollo económico, eso es lo que el país necesita. Entonces, que todo se resuelva con reformas tributarias, no me calza, creo que las cosas se resuelven de otra manera”.
Por su parte, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo que “no estamos dispuestos a nuevas reformas tributarias que afecten particularmente a la pequeña y mediana empresa. Si el Ejecutivo quiere lograr una recaudación de 3,8 % del PIB en régimen, se requiere que la mitad la aporte el Estado con ahorro fiscal y austeridad fiscal”.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que “nos llamó la atención que todo estuviera de alguna manera circunscrito a la aprobación de una insistencia de la reforma tributaria, que nos anunciaron que se va a presentar en julio en el Senado. Eso habla mal del gobierno, creo que comete un error, porque genera al final decepción, porque la gente se entusiasma con los programas, con los proyectos de inversión que se anuncian, pero la letra chica dice que va de la mano con que se apruebe una reforma tributaria para lograr una mayor recaudación, cosa que sabemos que es poco probable, poco probable que se apruebe y que logre una mayor recaudación (...) No es el momento de subir impuestos, de acuerdo a las condiciones económicas del país”.
El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que “se necesita incrementar la recaudación tributaria con crecimiento económico y nuestro país está creciendo solo más que Haití en Latinoamérica. Pensamos que se puede, por la vía del crecimiento económico, hacer que nuestro país recaude más…casi US$70 mil millones en proyectos mineros que hoy están postergados y que podrían reactivarse si se hacen bien las cosas. Discrepo profundamente que sea la solución mágica para los problemas de Chile una reforma tributaria. Por lo menos lo que hemos conocido de este gobierno en materia tributaria ha sido malo y fue la razón porque la Cámara de Diputados la rechazó. Nosotros respaldaríamos una reforma tributaria que tenga un énfasis y el eje puesto en el crecimiento y en la disminución de los impuestos para muchos chilenos. Hoy, no estamos alineados con una reforma tributaria que no conversa con el estado del país”.
El diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, agregó que “el gobierno se gastó 30 minutos hablando de los 50 años del golpe militar, y cinco minutos para hablar de la recuperación económica que hoy día aqueja a los chilenos. Creo que debimos haber puesto más el énfasis en esa materia, porque es una prioridad tremendamente relevante (...) el gobierno no puede pretender pagarlo todo con una reforma tributaria que no va a recaudar, porque no tenemos crecimiento. Hoy el 80% de los beneficios sociales se paga con crecimiento, no con recaudación”.
Por su parte, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, aseguró que “Chile requiere una reforma tributaria producto de un pacto fiscal transversal, de lo contrario no habrá financiamiento para el mayor gasto social, y se instalará una incertidumbre económica por presión permanente para cambiar los tributos. Pero para ello, el gobierno no puede insistir en el mismo proyecto rechazado en la Cámara, y la derecha debe abrirse a una reforma si no quiere que sea un tema permanente en discusión, afectando la economía y certidumbre necesaria para ella”.
