Un nuevo paso se dio esta semana en la pausada tramitación del proyecto de Modernización Tributaria que fue enviado en agosto al Congreso: tras las conclusiones de la mesa técnica señalando que no había condiciones para votar a favor el proyecto, los diputados de oposición decidieron entrar al "área chica" y elaborar un documento con medidas específicas para que el gobierno responda.

Los parlamentarios esperan para inicios de la semana la minuta que concordarán los equipos técnicos que ya tuvieron su primera reunión el viernes. En ella se discutieron las propuestas que serán parte del petitorio, considerando la apertura del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en torno a reducir algunas exenciones para financiar los más de US$ 1.100 millones que costará la Reforma Tributaria (RT) por la reintegración del sistema (US$ 800 millones) y medidas como el aumento del crédito especial de IVA para la construcción de vivienda (US$ 204 millones).

Inmediatamente surgieron voces apuntando a eliminar la renta presunta y el reintegro del diésel. Sin embargo, en la oposición hay una mayoría que no está por modificar esos beneficios destinados principalmente a agricultores y camioneros, y ya le enviaron el mensaje al gobierno. Recalcaron, y eso quedó muy claro en la reunión técnica del viernes, que su objetivo es revisar las garantías impositivas dirigidas hacia las rentas del capital y no a sectores de pequeñas o medianas empresas.

"La gran duda de los parlamentarios es cuáles exenciones serán propuestas en concreto, qué bajará, qué subirá, porque a la hora de los quiubos debe estar todo claro. Los temas son la integración a la cual el gobierno debe darle una salida distinta, el IVA en la construcción y las pymes, queremos ir al fondo", concluyó el diputado Pablo Lorenzini (DC), presidente de la Comisión de Hacienda y quien está mandatado para negociar.

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En el encuentro de los técnicos de oposición del viernes se renovó la disposición de todos los sectores a seguir negociando bajo dos mínimos que en teoría estarían consensuados con Hacienda: que la propuesta final no sea regresiva y que no se reduzca la recaudación fiscal, menos cuando Larraín admitió que en el Informe Financiero de la RT se habían sobreestimado en US$ 165 millones los ingresos por la implementación de la boleta electrónica, y no se habían incorporado US$ 39 millones por la ampliación de gasto empresarial. Por ello, solicitarán los informes financieros por cada medida que se coloque sobre la mesa.

En el fondo, los parlamentarios tienen en el subconsciente el informe del Banco Mundial que señalaba que la RT anterior se enfocó en las rentas más altas y, por ende, demandan que si se quiere integrar el sistema beneficiando a los más altos ingresos, la compensación provenga del mismo grupo, y no ocupar medidas como mayor fiscalización a la boleta, que recae sobre los sectores de menores recursos. Entrando ya a los temas específicos, hubo amplio consenso en que no apoyarán la medida contenida en el proyecto, de aumentar el beneficio de devolución del IVA a las inmobiliarias por la construcción de viviendas, del límite actual de hasta 2.000 UF a 4.000 UF que propone el proyecto del gobierno y que según lo planteó el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco, terminaría beneficiando a quienes adquieren casas de hasta 7.000 UF. De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), solo por el beneficio actual de hasta 2000 UF, el Fisco destinará US$ 689 millones este año.

Asimismo, pese a que el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés defendió la exención a las ganancias de capital para acciones con alta presencia bursátil, este punto sí estuvo sobre la mesa como fórmula compensatoria. Incluso, es una de las pretensiones señaladas por el diputado Daniel Núñez (PC): "No estamos disponibles a aprobar la integración a menos que se compense con un impuesto que grave al 2% más rico de la población, un impuesto al patrimonio, a las transacciones bursátiles, al lujo, cualquiera que respete ese principio".

Si bien no se ha descartado la idea de subir el Global Complementario de 35% a 40%, en su tramo más alto, esta idea no goza de tanta adhesión, como lo especificó el integrante de la Comisión Hacienda y jefe de bancada del PS Manuel Monsalve: "La integración aumentará el salario a los dueños de las empresas en unos US$ 500 millones, pero quienes pagan el tramo más alto son profesionales con altas rentas, no accionistas de empresas, y que no recibirán ninguna devolución por el hecho de reintegrar. Ellos no tienen por qué compensar".

También se definió que solicitarán una ampliación del 14 ter y no su eliminación, como pretende el proyecto, reemplazándolo por la cláusula pyme. En general, el 14 ter fue creado en la Reforma Tributaria de 2014, como un régimen pro pymes con beneficios como depreciación instantánea y contabilidad simplificada. Sin embargo, hubo barreras que impidieron que todas ingresaran. Y una gran parte, unas 500 mil según cálculos de Hacienda, debieron tributar más al caer en el régimen semiintegrado. "Hay que flexibilizar las barreras de entrada y permitir que todas las pymes ingresen al 14 ter. Y ahí ver si el gobierno está disponible para seguir buscando la integración para las empresas más grandes", acotó el diputado Giorgio Jackson (RD).

Otras medidas que se seguirán evaluando este lunes fueron planteadas por Micco en su exposición ante la Comisión de Hacienda: poner límite de tiempo a las pérdidas tributarias o hacer efectiva la obligación de distribuir a los fondos de inversión acogidos al artículo 107.

Cuestión de tiempos

La idea de la oposición es dejar la pelota en la cancha del gobierno, que deberá responder a su petitorio, lapso en el que no se podrá votar la idea de legislar pese a que solo quedan dos audiencias con expertos. "Ojalá el miércoles podamos entregarle al ministro nuestros planteamientos, y ellos verán si se quieren tomar tres días o seis meses para responder. Como quedan dos audiencias, podríamos estar votando antes de la semana distrital (que parte el 25 de marzo). El Ejecutivo debiera buscar alternativas, que no sea menso", comentó Lorenzini.

La estrategia inicial del Ejecutivo era concordar una serie de principios con la oposición, votar la idea de legislar y después enfocarse en los mecanismos. Fue en base a ese pensamiento que apenas iniciado marzo el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, invitó a Lorenzini a conversar sobre un cronograma de tramitación, que incluso derivó en la posibilidad de un protocolo de acuerdo.

Pero los diputados opositores integrantes de la Comisión de Hacienda, en una reunión acaecida este martes a puertas cerradas, en la cafetería VIP que está al lado de la sala de la Cámara y donde no puede ingresar prensa, fueron expresando uno a uno que la "buena intención" del Ejecutivo no es suficiente. Concluyeron que quieren una respuesta concreta con instrumentos específicos sobre la mesa.

"El punto clave en la Cámara es la votación de la idea de legislar. ¡Seamos francos!, es ahí donde tenemos la posibilidad de incidir, negociar y concordar con el gobierno. Después es más difícil ordenarse", reconoció Monsalve.

Enfrentados a este cambio de escenario, en el gobierno manifiestan que este tipo de avances y retrocesos es común en una negociación, incluso creen que las posiciones más extremas se han ido atenuando y avizoran con más optimismo lo que viene. "No creo que lo que pidan sea tan desbordante o vayan con el tejo tan pasado, no van en busca del todo. No vemos esto como dramático, ni como blanco o negro", comentó una fuente desde La Moneda.

De hecho, recordaron que como conclusión de las reuniones técnicas del verano se llegó a un acuerdo base de principios: que no se reducirá la recaudación, que la reforma no será regresiva, que facilitará la vida a las pymes y que no debilitará la lucha contra la elusión.

"Si la nueva minuta está dentro de ese nivel de lo ya conversado, no creo que necesitemos mucho tiempo para entregar nuestra respuesta y así cumplir con nuestros plazos, y que la idea de legislar se concrete durante el período de Lorenzini en la presidencia", argumentaron desde el gobierno.

Es que irremediablemente esta negociación se enlazó con otra que mantiene la oposición con el Frente Amplio, que ha demandado, especialmente a la DC, un compromiso en una serie de temas para respaldar que el diputado Gabriel Silber (DC) asuma la presidencia de la Cámara como había sido consensuado el año pasado. Este punto ha dilatado el cambio de mando, lo cual se prevé ocurrirá en la semana del 19 de este mes, y como la siguiente es distrital, en el gobierno esperan que las testeras de las comisiones recién se renueven en abril. Esto es básico para ellos, considerando que Hacienda quedaría por primera vez en manos de un militante del PC, el diputado Núñez, quien ha tenido un férreo rechazo a la mayoría de los proyectos.

"El gobierno tiene la urgencia como mecanismo de presión parlamentaria. Nosotros estamos trabajando unidos como oposición y, por tanto, una vez que yo asuma la presidencia, si tenemos un acuerdo con el gobierno, estoy mandatado y mi responsabilidad es conducirlo y darles garantías a todos. Aquí no hay un presidente que escape y corra por su cuenta", apuntó Núñez ante las dudas.