Con la implementación de nuevas medidas y protocolos que buscan cuidar el medioambiente, a las comunidades indígenas, entre otros, distintos proyectos han ralentizado e incluso impedido sus procesos tras no alcanzar los estándares que se exigen. De hecho, de acuerdo al último informe de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), existen US$ 10.885 millones en proyectos de inversión detenidos puesto que están judicializados.
A raíz de esto, durante el programa “La semana económica” de Icare, se acusó que las distintas iniciativas de los empresarios han tenido que enfrentar un exceso de “permisología”, lo que no sería favorable para la inversión en el país.
Basándose en los últimos informes de la entidad que preside –la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP)–, el economista Raphael Bergoeing, señaló que “en Chile falta ponderar la aplicación de la necesaria regulación”.
El también concejal de la comuna de Providencia indicó en la instancia que no se trata de suprimir los permisos que se han creado en los últimos años, “sino de eliminar los que no tienen ningún sentido”. Esto, acusando que hay una innecesaria fiscalización ex ante”.
En cambio, el académico apuntó a tres claves que mejorarían la situación en cuestión: optimización, predictibilidad y estabilidad. Según explicó, su primera idea se enfoca en generar eficiencia y rapidez para no demorar la puesta en marcha de los proyectos.
Además, agregó que es necesario hacer los procesos más predecibles ya que “no es solo un problema desde los zapatos de los inversionistas, es un problema desde los zapatos del regulador […] En el caso de un gran proyecto minero son más de 400 permisos y eso involucra 53 instituciones distintas […] Hay mucha ignorancia dentro del Estado respecto a qué está pidiendo el otro, y al final estamos todos sin saber”.
También, Bergoeing planteó que las políticas que se generen deben realizarse a consciencia de modo que se sostengan en el tiempo. “Hay un criterio que aplicamos que todavía no es suficientemente sensible a la diferencia de riesgo que está detrás de distintas actividades. Se ha avanzado, pero no lo suficiente”.
Propuestas
Con estos antecedentes, el presidente de la CNEP llamó a no sobrepasarse en el uso de instrumentos fiscalizadores antes del desarrollo del proyecto, y en cambio, apresurar este tipo de procesos a través de privados que realicen una revisión con recomendaciones de manera previa.
“Dentro de Chile tenemos experiencias positivas utilizando algunas de estas herramientas que estamos pidiendo para ser más eficientes en la parte regulatoria, pero no las utilizamos de manera exhaustiva y extendida a todos los sectores”, aseguró Raphael Bergoeing.
En esta línea, el economista explicó que si las mismas empresas se hacen cargo de esta parte, se facilitaría “la labor del regulador en términos de apurar el proceso que va certificando que los hitos se van cumpliendo”.
Además, indicó que el exceso de regulación antes de la puesta en marcha lleva a una disparidad en los resultados sobre los proyectos. “Esto muchas veces pasa por una decisión que está basada en historia, en costumbres, y por eso es tan distinta no solamente entre organismos del Estado, sino también entre regiones y municipalidades”, afirmó el académico.
“Contratar de un listado [de fiscalizadores privados] y un sistema de declaración para permisos, que es esta idea de que tú haces un chequeo rápido y luego te fiscalizan ex-post. Esos dos cambios, nosotros estimamos en la CNEP que para un número muy relevante, de más de la mitad de las situaciones de inversión típica, bastaría para poder adelantar proyectos que son en magnitud individualmente insignificantes, pero cuando son miles tardan entre 8 y 16 meses”, concluyó Bergoeing.