El gobierno se encuentra preparando una batería de proyectos con el propósito de modernizar la legislación laboral y también los servicios relacionados a ella. La más importante, por su rol fiscalizador de las normas legales, es la Dirección del Trabajo (DT), que este año se ha visto principalmente afectada por la implementación de la reforma laboral y la serie de dictámenes que se han emitido para "aclarar" la misma, y que en algunos casos ha terminado judicializándose.
En este contexto, el Ministerio del Trabajo creó dos mesas, una con expertos y otra con multisindicales, con el objetivo de recibir propuestas para el diseño de este proyecto, como otros que se alistan desde la cartera.
De acuerdo a fuentes del gobierno, el proyecto que permitirá a modernizar la DT ingresaría a principios de 2019 al Congreso, reemplazando así la propuesta ingresada por la administración de la expresidenta Michelle Bachelet en septiembre de 2017.
Dicha iniciativa, que fue revisada en enero de este año y que quedó en primer trámite legislativo en el Senado, otorgaba mayores atribuciones, mejorando sus capacidades técnicas e identificando funciones claves en su organización interna.
A diferencia de este proyecto, desde el Ministerio del Trabajo estarían considerando cambios a un nivel mucho mayor, incluso reformar la dirección del ente fiscalizador.
Propuestas a la vista
Hace un par de semanas, las mesas convocadas por la cartera liderada por el ministro Nicolás Monckeberg, presentaron sus recomendaciones sobre "Nuevas formas de fiscalización, para proteger de mejor forma a nuestros trabajadores", uno de los 5 ejes de trabajo de estos grupos.
De acuerdo a fuentes del proceso, uno de los temas planteados fue la forma en que la DT está emitiendo los dictámenes, los que están siendo cuestionados, por ejemplo por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dado que se estarían utilizando para legislar y no para aclarar, sobre todo en temas de la reforma laboral.
En este contexto, la DT tiene procesos judiciales por grupos negociadores, servicios mínimos, extensión de beneficios entre otros.
Por lo mismo, entre las propuestas se encuentran crear un grupo colegiado autónomo que apoye la emisión de dictámenes para darles más legitimidad, ya que así frente a los tribunales -que en varias oportunidades ha sentenciado de manera diferenciada en juicios laborales- tengan más fuerza.
También se ha propuesto crear un consejo consultivo, con miembros designados por el gobierno y ratificados en el Congreso, para que en caso de dictámenes en los cuales se cambie la interpretación tradicional, el director del Trabajo pueda consultarles a estos expertos respecto a su emisión.
De todas maneras, en esta última opción no sería obligación del DT hacer este procedimiento, es decir, quedaría a discreción del director.
"Se ha instalado el tema de que la calidad de los dictámenes para la certeza jurídica tiene que tener cierto grado al actual, ya que hoy está concentrado sólo en dos personas (el área jurídica y el DT)", comenta una fuente del proceso.
Asimismo, se ha planteado que el nombramiento del director del Trabajo sea similar a la del Contralor de la República, es decir, lo nombraría el Presidente y debería ser ratificado por el Senado.
De esta manera, dicen, se evitaría el carácter político que está teniendo el servicio y lo haría más neutro con el paso de los gobiernos de turno.
Así, el DT ya no sería un cargo por Alta Dirección Pública y su periodo se extendería por ocho años, sin posibilidad de ser reasignado.
El otro punto en debate, es si la DT debiera tener un gobierno corporativo como el Banco Central, sin embargo, esta opción es la que ha generado mayores diferencias entre el grupo de expertos.
Lo que sí ha tenido consenso es que se debe avanzar a la digitalización de la DT ya que, sugieren, hay que hacerla más ágil para los trabajadores y usuarios.
