La comunidad venezolana es la más numerosa en Chile, desplazando a los peruanos, que históricamente lo habían sido, de acuerdo a los datos de la encuesta Casen 2017 publicados por PULSO esta semana. Es decir, en sólo dos años pasó de explicar el 4% al 24% de los más de 770 mil inmigrantes radicados en nuestro país.
La realidad vivida en el país no es distinta a la del resto de naciones de la región. Se estima que en 2017 salieron de Venezuela más de 1,5 millones de personas, siendo Sudamérica el destino de algo más de la mitad de las personas que decidieron abandonar su país. Lo que está detrás de este flujo migratorio -solo comparable con países en guerra- es el reflejo de la precariedad de la vida de las personas.
Mediciones de la Organización Internacional para las Migraciones realizadas en Perú en marzo pasado, la totalidad de las causas están relacionadas con la crisis del país. En esa oportunidad el 57,9% de los venezolanos consultados dijo que salió de su país por razones económicas, 10,9% por falta de trabajo, un 9,8% por situación de inseguridad o violencia u el 8,3% refirió falta de alimentos y medicamentos.
Estos lamentables números son una contundente muestra del efecto que tiene en la población malas políticas públicas. El sistema chavista, que pretendió beneficiar al pueblo, empujó a ese mismo pueblo a hacer abandono de su país.
Todo el capital humano, que por cierto los inmigrantes en Chile tienen más años de educación que los nacidos en nuestro país, se fugó a países con más oportunidades. Si alguien aún tenía duda sobre la problemática venezolana y cómo el sistema totalitario destruye la economía y la sociedad, los datos en Chile están mostrado que los grandes perjudicados son las personas, ese pueblo que se dice servir.
Esto nos recuerda que la primera política pública que debe tener en cuenta una administración es el crecimiento, para lo cual se deben establecer las condiciones mínimas para la inversión, entre las cuales la certeza jurídica es vital.
