Óscar Landerretche: “Si la élite empresarial demoniza el proceso constitucional, se va a estar disparando en los pies”

Dedicado a sus labores académicas como profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile se encuentra Óscar Landerretche, pero también ha estado atento a la evolución de la pandemia y su impacto en la actividad económica y, por cierto, al proceso constitucional que tiene su primer hito el próximo 25 de octubre. Cuenta que ha tenido varios encuentros por Zoom para hablar sobre el proceso constituyente.

El también economista socialista reafirma su postura por el Apruebo y por una convención constituyente. Y plantea que esta es la opción que ganará.

Sobre los puntos económicos que debe contener la eventual nueva Constitución, desdramatiza que se quiera modificar la propiedad privada o la autonomía del Banco Central. En este punto critica la “desconexión” que hay entre las élites y los problemas que tiene la gente común, las clases medias. “Hay dos temas que obsesionan a la élite, especialmente de ‘Sanhattan’. Uno, la propiedad privada y, el segundo, la autonomía del Banco Central. No son tema”, afirma.

Se declara partidario de conversar sobre la exclusividad que tiene el Ejecutivo para controlar el gasto público. “Está lleno de países en Europa que, en la práctica, o son semipresidenciales o monarquías constitucionales. El Parlamento y el gobierno negocian gabinete y presupuestos”, dice.

En diciembre, en una entrevista que dio también a Pulso, usted dijo que no estaba optimista sobre el devenir del país, incluido el plebiscito, ya que las fuerzas destructivas podrían predominar. ¿Cómo está hoy, a casi un mes de ese hito?

-Estoy un poco más optimista, pero lo que más mueve mis perspectivas es la evolución de la pandemia. El nivel e intensidad del shock de la pandemia ha sido de escala bíblica. Y lo que siento es que en el último tiempo ha habido buenas noticias, a pesar de que está el tema del rebrote, pero parece que los sistemas de salud a nivel mundial han aprendido a manejar mejor esta situación. Respecto al estallido social, el problema es que los efectos económicos de la pandemia agravaron lo que fue la motivación de la indignación ciudadana. Hay muchas más personas desempleadas y muchos otros con incertidumbre. El país logró llegar a un formato para resolver esto, que es el plebiscito.

Dado el escenario de crisis, ¿cómo conversa el proceso de cambio a la Constitución con la recuperación de la actividad? ¿Puede afectar?

-En este punto es importante la narrativa. La recuperación económica de Chile, en el mejor de los casos, será parecida al símbolo de Nike, constante, pero lenta. No creo que sea razonable recuperar los niveles de PIB antes de un par de años. Dos años me parecería bueno; tres, razonable, y más que eso sería malo. Ahora, si el proceso constituyente afectará o no la recuperación, dependerá mucho de la narrativa que se tenga. Si la élite empresarial chilena demoniza el proceso constitucional, se va a estar disparando en los pies. Ellos mismos van a convencer a los analistas de Wall Street y a los bonistas de Londres y Nueva York, y eso les terminará costando plata. Hay un tema de profecía autocumplida. La manera de evitar que eso ocurra es participar de manera constructiva, es la actitud que está teniendo una buena parte de la derecha, pero hay otra que está en una posición autodestructiva desde el punto de vista político y económico.

De ganar el Apruebo, ¿la nueva Constitución debe entregar el marco general o los principios de las reglas que regirán al país, más que definir el modelo económico específico a seguir?

-El problema de la Constitución actual es que se la jugaba por un modelo económico, y yo creo que no debe ser así, sino que tiene que ser un conjunto de reglas para que deliberemos como país y que la política resuelva los temas de la economía, de la sociedad.

En cuanto a los temas en discusión, uno de ellos son los derechos sociales. ¿Se deben incluir explícitamente?

-Es muy normal que en las constituciones los países declaren los derechos que ellos creen que deben tener los ciudadanos. También manifiestan cuáles son los objetivos nacionales. Hay que ver la forma de declararlo para que refleje que parte de nuestro motivo de existir como nación es ir construyendo derechos sociales. Ese es uno de los motivos para que exista el Estado Nación: garantizar ciertas cosas a sus ciudadanos. Muchas constituciones declaran que hay igualdad entre hombres y mujeres, pero no sé si existe en algún país, o también que todos somos iguales ante la ley o que se tiene derecho al trabajo. Es ingenuo creer que lo que se escribe en la Carta Magna se cumplirá al otro día. Debe reflejar la aspiración republicana de lo que el país quiere lograr.

Por ejemplo, ¿el sistema de pensiones debe quedar ahí?

-Es probable que en la Constitución deba haber algún tipo de declaración de lo que como país queremos hacer en función de la seguridad social. Pero la fórmula específica se debe definir en la política pública. Tampoco soy partidario de que los impuestos queden en la Carta Magna, que el tipo de cambio quede escrito. Eso es para las leyes y la gestión pública.

¿El financiamiento para esos derechos sociales se debe discutir y establecerlos en la Carta Fundamental?

-Eso es política pública, sería una locura, es como los argentinos que fijaron en la Constitución el tipo de cambio, ¿y adivina cómo les fue? No resultó. Porque la realidad cambia. Si uno rigidiza las políticas públicas, se amarra de manos.

¿Sigue presente el riesgo de estar generando una sobreexpectativa en la ciudadanía?

-No lo creo. En las conversaciones que he tenido por Zoom, con gente del mundo del trabajo, del mundo campesino, nunca me he encontrado con personas que tengan una mirada ingenua de la Constitución. El problema que tiene la política chilena es que debe dejar de tratar a los chilenos como si fueran niños, como ingenuos. Ellos se dan cuenta perfectamente que no se resolverán los problemas de un día para otro. Son adultos, y que en su gran mayoría han vivido una vida mucho más demandante que las personas de la élite. Saben los límites de la realidad, no le vienen con cuentos, ni a vender pomás. Ese miedo es de gente que no habla mucho con las personas normales, y en algunos casos es instrumental de los partidarios del Rechazo que quieren usar ese miedo para llevar agua a su molino. No veo ese peligro.

Durante los últimos meses se han presentado varios proyectos de ley de iniciativa parlamentaria que implican gasto público, yendo en contra de la Constitución. ¿Se debe mantener o revisar el que esa iniciativa de gasto siga siendo exclusiva del Ejecutivo?

-Es algo a discutir. Hace bastante tiempo los chilenos nos venimos contando el cuento de que somos responsables fiscalmente, y los últimos 10 años no lo muestran tanto. La Concertación lo fue, pero de ahí en adelante, no tanto. Muchos de quienes han estado golpeándose el pecho, como King Kong, son los que han creado el mayor déficit fiscal del Estado chileno en los últimos 30 años. ¿Es el único mecanismo para la responsabilidad fiscal el hecho que el gobierno tenga la iniciativa de gasto absoluto? No me parece que la experiencia comparada muestre eso. Países como Holanda, Francia, España, Alemania e Inglaterra no muestran eso, entonces ese miedo de tener o los mecanismos de la Constitución del 80 o nada, no me parece. Se debe conversar. Puede haber muchos mecanismos. Está lleno de países en Europa que, en la práctica, o son semipresidenciales o monarquías constitucionales. El Parlamento y gobierno negocian gabinete y presupuestos. Alguien puede decir que eso se puede hacer porque es Francia y que en Chile es diferente, bueno, se puede conversar, pero decir que todos los sistemas donde el Parlamento tiene atribuciones de gasto son un desastre... déjenme contarles de un Parlamento que tiene atribuciones presupuestarias mayores a las del Presidente: se llama Estados Unidos y es la principal potencia de mundo.

Hay preocupación en el sector empresarial respecto del derecho de propiedad privada. Sobre este punto el economista y filósofo Guy Sorman dijo que uno de los principios de la Constitución debe ser la propiedad privada. ¿Cuál es su visión al respecto?

-No tengo la percepción de que este sea un tema en discusión entre los chilenos. Puede ser en algún seminario de algún centro de estudios de ultraderecha que está asustado con eso. Cuando uno habla con las clases medias, que tienen un negocio, no veo que sea tema. Es generar fantasmas. No percibo que eso sea un tema realmente en discusión en la sociedad chilena, y lo digo en serio. Ahora, dicho eso, en la Constitución actual existe el límite a la propiedad privada, por algo el Estado puede expropiar, por ejemplo, cuando quiere hacer una obra pública o cuando hay involucrado un interés público. Hay ciertos controles para que no se abuse, y eso tiene que ser discutido.

Entonces, ¿se debe mantener la propiedad privada como está hoy en día?

-No es tema. Obviamente habrá propiedad privada. No es un tema entre los chilenos. Hagan una encuesta: la abolición de la propiedad privada, no creo, me sorprendería mucho. Dejemos de gastar tiempo en las posiciones de los extremistas y hagámonos cargo de la realidad de un sistema político que está funcionando mal para darles solución a los problemas de la gente.

Pero sí es un tema que se debate a nivel público.

-Hay dos temas que obsesionan a la élite, especialmente de ‘Sanhattan’. Uno, la propiedad privada y, el segundo, la autonomía del Banco Central. No son tema. Ahora, podemos tener seminarios, escribir papers, pero no son los temas de los que la gente esté preocupada. La gente está preocupada de la disfuncionalidad de la política para resolver sus problemas, y lo que le ha propuesto la élite al país es cambiar la institucionalidad para funcionar mejor. Veamos los problemas. Nadie salió a protestar por la propiedad privada o por la independencia del Banco Central, no me acuerdo de la pancarta que diga “eliminemos la independencia del Banco Central”. Dejemos de gastar tiempo en cosas que son completamente laterales. Hay una desconexión tremenda.

Sin embargo, sobre la autonomía del Banco Central hay representantes de la izquierda que plantean revisarla...

-En el ámbito de la discusión pública se pueden debatir todos los temas. Los bancos centrales independientes son buenos y nosotros tenemos uno de los mejores del mundo. Muy respetado. Y si hay gente que quiere que imitemos la institucionalidad monetaria de países que son un desastre, como Argentina, están muy equivocados. Muchas veces mi sector político dice que admira la Nueva Zelanda de Jacinda Ardern, o al primer ministro de Canadá, porque son muy progresistas. En esos países los bancos centrales son autónomos. No coloquemos la independencia del Banco Central como algo de izquierda y derecha, porque no creo que lo sea. De hecho, en los países cuando hay alta inflación, los que pierden más son los pobres, porque los ricos tienen activos reales, y los pobres, lo poco que tienen de ahorro lo tienen monetizado, y además la inflación le pega al 100% de sus ingresos. En cambio a los ricos, que pueden ahorrar, le pega solo a lo que consumen.

¿Qué les importa a los chilenos cree usted?

-Las regiones se han desarrollado y crecido tanto, que ameritan cierto nivel de autonomía. Tienen su cultura propia, y creo que se debe evolucionar a ser un país más cercano a lo que tiene España, a las autonomías. Necesitan tener más herramientas locales para decidir. Otro tema que hemos barrido bajo la alfombra tiene que ver con las naciones originarias. Eso es algo que está metido en el alma de Chile y mientras no se resuelva de manera moderna y democrática, nos va a seguir penando. Es un tema central y mira la desconexión de las élites que todavía siguen diciendo que no debe haber pueblos originarios en la constituyente. Chile tiene que pasar a ser un Estado plurinacional y la nación mapuche tiene que tener un cierto estatus en los territorios que tienen y probablemente se les tendrá que devolver muchos terrenos. Es un proceso costoso y difícil, nadie está diciendo que no.

¿Se debe revisar el rol subsidiario del Estado?

-En Chile tenemos una interpretación extrema del rol subsidiario del Estado, pero no está explícitamente en la Constitución. Hay reglas que no están escritas, pero que sí inducen la doctrina del Estado subsidiario tal como fue concebida por los gremialistas de Jaime Guzmán y compañía. Esa interpretación chilena es extrema y le amarra las manos al Estado para enfrentar problemas estratégicos de desarrollo y de políticas sociales. Debe ser cambiado, pero es importante que la gente sepa que no está escrito así tal cual en la Constitución y, por ello, el cambio debe ser más sutil. Además, abarca el funcionamiento de otros cuerpos del Estado, como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la Contraloría. El Estado subsidiario está en muchas partes y, por lo tanto, el transitar entre la posición extrema gremialista hacia una interpretación alemana, debe ser más sutil y no se agota en la reforma constitucional.

En otro ámbito, a la salida de la crisis, el país estará en una situación fiscal complicada. ¿Cómo se debe abordar?

-Una de las cosas positivas que teníamos como país y que nos permitió abordar este doble shock -estallido social y crisis-, es que teníamos niveles de deuda muy bajos, pero esa capacidad no es ilimitada. Inevitablemente vamos a tener que conversar durante los próximos años algún tipo de reforma tributaria, pero esta tiene más que ver con el contrato social futuro. Para la emergencia tenemos el espacio para absorber de manera transitoria, vía deuda. Una vez terminada la pandemia vamos a tener una discusión para decir cuál es el nivel de deuda pública óptima para Chile.

Junto a esa discusión, ¿se debe abordar una nueva reforma tributaria?

-Están unidas y eso ocurrirá seguramente en la próxima elección presidencial. El sistema tributario chileno se caracteriza por ser muy insuficientemente progresivo, eso significa que no cambia la distribución del ingreso antes y después de impuestos. Eso pasa porque Chile tiene una importancia exagerada del IVA, baja importancia del impuesto a la renta y su progresividad. Además, hay una serie de gravámenes que usan los países que logran redistribuir, como el impuesto a la ganancia de capital, impuesto a la herencia. También está el tema del royalty: Codelco, con todos sus problemas, aportaba al fisco tres veces más por libra de cobre que la minería privada. Es algo que se debe discutir. Y probablemente también debería haber royalty a otros recursos naturales que son explotados y que son propiedad de todos nosotros. Durante los próximos gobiernos debemos estar pensando en recaudar entre 4 a 5 puntos del PIB (extras) y concentrar ese gasto en los niños y en los adultos mayores.