Osvaldo Larrañaga: "La reducción de la desigualdad no es solo tarea del Estado. La empresa privada también debe cooperar"

Un crítico diagnóstico de las causas de la actual crisis social, la forma en que se ha enfrentado y las posibles vías de acción realiza el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Osvaldo Larrañaga. En ese contexto, enfatiza que la respuesta debe partir desde lo político y abordar profundas reformas estructurales, de las cuales, el acuerdo para una reforma constitucional es un buen punto de inicio, sin abandonar la agenda social.

¿Es Chile un país desigual?

-No hay duda que lo es. En la última medición según coeficiente de Gini de 2017, que tiene una escala de 0 para la mínima desigualdad a 1 que es la máxima, los países escandinavos tienen un Gini que se aproxima a 0,25, mientras que Chile tiene un 0,48. Es mejor que el 0,53 de nuestro país en 2003, pero sigue siendo muy elevado respecto de los estándares internacionales.

Ese es el debate entre los expertos: ha disminuido la desigualdad, quizás más lento de lo conveniente, pero ha disminuido.

-Las cifras promedio dan una falsa sensación de bienestar en un país de alta desigualdad. Si se toma la mediana, en diciembre 2018 la remuneración de los asalariados formales alcanzaba a $480 líquidos, mientras que el promedio señalaba $860 mil líquidos. Sin embargo, la desigualdad en Chile no es solo de ingresos, sino también en diferenciales de poder e influencia, trato y dignidad.

¿En qué sentido?

-Es probable que la creciente percepción de injusticia se vincule a situaciones de abuso y trato diferenciado, antes que a una reducción de las oportunidades que tiene la población para progresar. La encuesta Bicentenario de la Universidad Católica muestra una sistemática caída en la percepción de cuán justa o equitativa es la sociedad chilena en los últimos cinco años. Esta tendencia se agudizó en la medición del 2019, realizada entre julio y septiembre, y es premonitoria de la crisis que vive el país.

Entonces, ¿era previsible que pasara?

-Hay un malestar social asociado a la desigualdad. Un porcentaje significativo de la población recibe bajos salarios por su trabajo y reducidas pensiones al jubilar. A ello se suma el agobio de las deudas, largas jornadas de traslado y estadía en los trabajos, incertidumbre por la atención de salud e inseguridad frente a la delincuencia y el narcotráfico. Esto no se condice con el elevado nivel de ingreso per cápita que tiene el país y los estándares de vida de país desarrollado en que vive una parte de la población.

¿A qué atribuye que esto estallara ahora?

-Lo distintivo del presente es la creciente intolerancia a lo que antes se aceptaba o acataba. Dicho lo anterior, también confluyen causas que van más allá de la desigualdad, como es la falta de canales efectivos de representatividad de la población, la crisis de confianza en las instituciones y la creciente aceptación de la violencia como medio de protesta por parte de muchos jóvenes.

¿Cómo se puede abordar esto?

-Se debe instalar una agenda de políticas públicas de combate a la desigualdad. La experiencia de los países desarrollados muestra que es posible. El desafío es adaptar esas políticas a la realidad del país y abordar los desafíos de la automatización del trabajo y mitigación y adaptación al cambio climático del futuro. Una pregunta distinta es cómo se sale de la actual crisis.

¿El acuerdo constitucional es un buen punto de inicio?

-Hay tres componentes necesarios. Primero, el acuerdo de la madrugada del viernes 15 instala una hoja de ruta para un cambio de la Constitución con el respaldo de la gran mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Es un gran símbolo de cambio y debiera contribuir a reducir el actual conflicto; por otra parte, una nueva Constitución permite a futuro tener una distribución más balanceada del poder político, que es una importante dimensión de la desigualdad existente.

Pero no es suficiente...

-Hay que tener una respuesta más contundente a las principales demandas sociales, que den señales creíbles que los problemas en materia de pensiones, remuneraciones, acceso a salud, endeudamiento y otros, serán sujeto de atención prioritaria en la agenda pública. Tercero, considero esencial terminar con la violencia de carabineros y hacia carabineros, para luego empezar a trabajar en restablecer las confianzas. Mirando a futuro, cualquiera que este sea, se va a necesitar de una policía efectiva, de otra manera es la ley de la selva.

¿Cómo dialoga este acuerdo político con la agenda social?

-El acuerdo político es un gran símbolo de cambio y responde a lo que quizás es el común denominador de las demandas, que las cosas no pueden seguir como estaban. Ahora, la agenda social requiere en lo principal de cambios en las leyes, en las políticas públicas y en los financiamientos. En tal sentido no tienen para qué esperar el cambio constitucional.

¿Cuál es el rol que le cabe al Estado y a los privados en reducir la desigualdad?

-La reducción de la desigualdad no es solo tarea del Estado. La empresa privada debe cooperar adaptando pisos mínimos de remuneraciones como ya lo han ofrecido algunos empresarios, y tratando con dignidad a sus trabajadores. En el caso de empresas medianas y pequeñas que no pueden solventar ese piso, corresponde actuar a la política pública. Otro deber de quienes reciben altos ingresos es pagar el correspondiente impuesto a la renta. Por ejemplo, es práctica extendida que frente a cualquier compra se ofrezca pagar con "boleta o factura", que no es otra cosa que una evasión de impuestos.

Desde el gobierno se han planteado una serie de medidas para abordar el tema. ¿Son suficientes?

-Son muy insuficientes para cubrir las demandas sociales. Por supuesto que no se puede hacer todo en forma improvisada y de una sola vez, pero ayudaría si el gobierno comprometiera una agenda concreta de reformas con fechas y montos. A modo de ejemplo, el problema de las bajas pensiones no se soluciona ni de lejos con aumento de la pensión básica solidaria de $110.000 a $130.000 mensuales. Tampoco el problema de los bajos salarios con el incremento del ingreso mínimo a $ 350.000, equivalente a un líquido de $280.000.

¿Cuáles son los principales riesgos que está enfrentando el país?

-Un riesgo importante es el deterioro de la economía. La agenda de reformas sociales requerida a futuro va a necesitar de significativos recursos fiscales y para eso es necesario que el país siga produciendo. Esto no significa mantener el "modelo" incólume. Hay componentes que necesitan modificaciones estructurales, como es el sistema de pensiones basado en cuentas de ahorro individuales que no cumplió la promesa de entregar pensiones dignas a la mayoría de la población. La mayor parte de los jubilados alcanzaron a cotizar el equivalente de 15 a 25 años y obtienen una pensión promedio de $ 200 mil o menor.

¿Se parte de cero?

-Hay aspectos del sistema económico que son compartidos por muchos países y que han contribuido para que en Chile haya habido progreso material y reducción de la pobreza. Si la desigualdad es un lastre, acompañada de una caída de la producción, empleo y salarios se vuelve un desastre.