Para nadie es un secreto que las universidades estatales están viviendo una compleja situación financiera, debido, en gran parte, a que el aporte que reciben del Estado no alcanza a cubrir sus costos, lo que se ha agravado, según han dicho algunos rectores, por la implementación de la gratuidad.

Dentro de ese panorama hay algunas universidades que están en una situación más crítica que el resto. Es el caso de la Universidad de Playa Ancha (Upla), con casa matriz en Valparaíso. Esta casa de estudios, perteneciente al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), tiene deudas morosas con acreedores y proveedores que ascienden a $211 millones, según lo consigna el certificado de deudas de Equifax al 22 de octubre de este año.

Las entidades con las que registra mayor deuda vencida son Cumplo Chile, con $108 millones, Factoring Mercantil ($23,5 millones), Tanner Servicios Financieros ($22,2 millones) e Interfactor S.A. ($14 millones).

Y el compromiso financiero moroso que tiene con Cumplo, una plataforma de financiamiento colaborativo enfocada en las pymes, podría terminar de muy mala manera. Lo anterior, pues tras varios meses de incumplimiento, la compañía está evaluando seriamente comenzar un proceso de cobranza judicial, lo que podría implicar el embargo de bienes.

No cumplió

En septiembre del año pasado, la Upla solicitó dos créditos a Cumplo: cada uno por cerca de $110 millones. Con uno de ellos cumplió, pero con el otro no. En concreto, la última cuota por $108 millones venció en marzo de este año y hasta el día de hoy la casa de estudios no la ha pagado.

Julio Órbenes, Head of Growth de Cumplo, contó que "las explicaciones que nos entregaron desde la Upla es que las instituciones educacionales que se adscriben a la gratuidad, reciben dicho aporte desde el gobierno central por parte del Ministerio de Hacienda después de una instrucción que otorga el Ministerio de Educación".

Estos decretos se emiten dos veces al año: uno en enero y otro en julio. Y luego deben contar con la autorización legal respectiva de la Contraloría General de la República. Sin embargo, resulta que el decreto que debiese haber ingresado a la Contraloría en julio aún no se ingresa porque el Ministerio de Educación indicó que ha habido atrasos en las fórmulas de cálculo, entre otros aspectos.

En ese sentido, dijo Órbenes, la universidad les informó que esto debería estar resuelto la primera quincena de noviembre, tras lo cual realizarían el pago.

¿Qué medidas tomarían si es que nuevamente no cumplen? "Al ser una entidad pública, no se le puede solicitar la quiebra, pero si tenemos que comenzar con un proceso de cobranza judicial, claro que lo haremos", advirtió el ejecutivo de Cumplo.

Detalló que lo anterior "implica demandar a la empresa solicitante haciendo efectivo el pagaré. Eventualmente se podría llegar al embargo de bienes, pero en estos casos, al ser una entidad estatal, solo se puede embargar los bienes que no son utilizados para el fin último de la universidad".

Pese a haber solicitado su correspondiente versión de los hechos, al cierre de este artículo la universidad no se había pronunciado.