Otras metodologías de cálculo y resguardar a prestadores privados: las propuestas de los exsuperintendentes y del Colmed para aplicar el fallo por isapres

Para proponer una nueva mirada sobre cómo aplicar el fallo de la Corte Suprema , el que ordena a las aseguradoras aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y restituir los cobros en exceso, la Comisión de Salud volvió a sesionar este martes y contó con la asistencia de cuatro exsuperintendentes de Salud, además de la ministra Ximena Aguilera; el director de Fonasa, Camilo Cid, y el actual superintendente, Víctor Torres.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello y quien fuera el primer superintendente de Isapres (1990-1993), presentó un informe elaborado junto a un equipo de la casa de estudios, entre los que se encontraba el también exsuperintendente Manuel Inostroza (2003-2004), quien luego se transformaría en el primer superintendente de Salud (2005-2010). A la propuesta también se suscribieron otros cinco exsuperintendentes: César Oyarzo, Alejandro Ferreiro, José Pablo Gómez, Sebastián Pavlovic y Patricio Fernández.

En líneas generales, la propuesta tiene como objetivo buscar y definir el cálculo del impacto del fallo en el valor de los planes de salud y en las devoluciones que las isapres deban hacer a los afiliados. Y es que al presentar el proyecto de ley corta, las autoridades sanitarias calcularon que las aseguradoras deberían devolver cerca de US$ 1.400 millones por cobros en exceso a los cotizantes, cifra que la industria ha calificado como impagable.

Y Sánchez partió explicando que “lo que nosotros queremos plantear es que no hay una sola forma de calcular el monto que las personas deben recibir por parte de una devolución, pues hay muchos criterios que considerar, y que en definitiva se tienen que tomar en cuenta en el momento de calcular el monto con el objetivo que sea transparente y aceptado por todos, y que, además, permita la viabilidad del sistema”.

En ese contexto, la metodología desarrollada por el ISP de la U. Andrés Bello propone realizar un cálculo por contrato, contabilizando rebajas y descuentos tanto dentro como entre contratos. También se sugiere excluir en el cálculo ciertos tipos de planes y beneficiarios con circunstancias especiales, como por ejemplo los planes colectivos sin tablas de factores de riesgo.

Además, indicaron que el periodo de análisis de los contratos debe ser desde abril del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2022 -32 meses en total- y debe tener la característica de retroactividad, añadiéndose los meses hasta que se haga aplicable el fallo mediante las instrucciones de la Superintendencia de Salud.

“No hay una sola interpretación posible del fallo. Y desde esa perspectiva no hay una sola metodología de cálculo de los excedentes; más aún, la utilizada es restrictiva en la interpretación, y los montos que han resultado son imposibles de ejecutar. Por lo tanto, hace inútil la aplicación del fallo. Y esa es una conclusión obvia que se ve desde el punto de vista de los números”, concluyó Sánchez.

A su tiempo, el superintendente Víctor Torres defendió su cálculo: “La superintendencia es un órgano técnico. A alguien podrá no gustarle el resultado del cálculo o no gustarle el superintendente, pero aquí cuando se cuestiona a la superintendencia no se cuestiona al superintendente, se cuestiona a toda la institucionalidad, lo que me parece bastante complejo, porque además los cálculos no fueron hechos por mi persona, esto fue realizado por el equipo técnico”.

Durante la jornada, el Colegio Médico también presentó una propuesta para abordar el fallo. Y para hacerlo, asistió el presidente del gremio, Patricio Meza, quien inició diciendo: “El rol de nuestro Colegio Médico, durante sus más de 70 años de historia, ha sido participar sobre el rol de las políticas públicas de salud y unas de sus finales estatutarias es precisamente representar antes los poderes públicos, y en general frente a cualquier organismo del Estado, la repercusiones que puede tener la legislación vigente y las reformas que proyectan establecer sobre la salubridad general”.

En ese contexto, Meza explicó que en un Estado de Derecho los fallos de los tribunales de justicia deben ser acatados, por lo que se debe descartar cualquier solución que pretenda soslayar su cumplimiento. Y al igual que los exsuperintendentes, el Colegio Médico también insistió en que es importante aclarar los mecanismos que se han utilizado por parte de la superintendencia para calcular el monto de la deuda.

Pero, por sobre todo, el presidente recalcó lo importante que es resguardar a los prestadores privados. En ese sentido, el gremio propone establecer plazos de pago para los prestadores privados y fortalecer la capacidad de fiscalización de la superintendencia para su cumplimiento. También agregaron que para los prestadores institucionales el plazo sea máximo de 60 días para el pago, contado desde la facturación de la prestación realizada, y de 30 días para los prestadores individuales.

Además, sugirieron que hay que disponer de una línea de crédito extraordinaria y de bajo costo, administrada por BancoEstado o Corfo, para inyectar capital de trabajo a prestadores privados institucionales que pudieren verse afectados por eventuales insolvencias de las aseguradoras, debiendo la ley establecer los requisitos para acceder a ella.

Respecto de la propuesta del gobierno de crear la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa, el Colmed advirtió en su propuesta que es necesario clarificar si requerirá la inyección de recursos fiscales adicionales, “los que en caso de ser necesarios deberán estar asegurados”, detalló el gremio.

Finalmente, el presidente del Colmed concluyó que “hoy más nunca, conociendo la realidad sanitaria en la que está nuestro país, pues estamos terminando una pandemia de Covid-19, estamos en una situación invernal compleja y con una salud mental de nuestra comunidad abismada, creemos que el cumplimento y aplicación de este fallo debe ser de tal forma que no altere el funcionamiento ni el acceso a la salud de los beneficiarios, así como tampoco ponga en riego a los prestadores, pues requerimos tanto del sector privado y público para enfrentar los desafíos”.

Por otro lado, este martes la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad del proyecto de la diputada Joanna Pérez y que contó con la firma transversal de parlamentarios desde el PS hasta RN: Miguel Ángel Calisto, Jorge Saffirio, María Luisa Cordero, Héctor Ulloa, Erika Olivera, Tomás Lagomarsino, Andrés Celis, Rubén Oyarzo y Raúl Leiva.

En lo medular, esta propuesta busca “establecer un mecanismo de compensación a los afiliados acreedores de las deudas generadas producto de las adecuaciones irregulares de planes de salud desarrolladas por las Instituciones que presten servicios de utilidad pública privadas, estableciendo un mecanismo de recapitalización especial a la vez de permitir a estas instituciones no caer en situación de insolvencia, estableciendo condiciones especiales de retroventa de títulos accionarios”.

El proyecto tiene por objetivo “compensar la deuda generada por las instituciones que presten servicios de utilidad pública privadas, entregando al afiliado acreedor de dicha deuda la posibilidad de elegir entre la compensación a través del otorgamiento de títulos accionarios o acciones, o la entrega de instrumentos de inversión de deuda o debentures”.

“Hoy, la Cámara de Diputados y Diputadas ha aprobado la admisibilidad del proyecto que presentamos de manera transversal para que las isapres puedan pagar a los cotizantes, que a su vez pagaron en exceso, tal como lo señaló el fallo de la Corte Suprema. Nosotros no queremos perdonazos, pero también queremos certezas para quienes están afiliados hoy día a un sistema como las isapres”, indicó la parlamentaria.